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18/05/2006 :: Pensamiento

La verdad sobre la "exigencia" al BBVA de que entregue a Bolivia su participación en compañías petroleras

x Roberto Delgado - La Haine
Parece ser que la intención del gobierno de Morales al "exigir" la transferencia de acciones a la estatal YPFB, es legalizar el otro 48 por ciento que queda en poder de las multinacionales. Que además de recibir gratuitamente campos petroleros riquísimos, entre otras cosas incumplieron sus promesas de inversión, por lo que hubieran podido ser expropiadas sin indemnización

El gobierno del presidente Evo Morales, en un nuevo gesto mediático, otorgó el 15 de mayo tres días para que las privadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) transfieran al Estado las acciones de las empresas Chaco, Andina y Transredes que estaban bajo su custodia (que no propiedad) sin mediar contrato con el Estado, por lo que la situación era irregular y no tenían ningún derecho a retenerlas.

Todas estas acciones petroleras, que representan el 49% del total de esas empresas, debían ser transferidas "a título gratuito" a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), según la ley 3058. Hasta ahora, las AFPs, controladas por bancos españoles y suizos (BBVA y Zurich Financial Service), habían dado a entender que se negaban a la transferencia de estas acciones, lo que "obligó" al presidente interino, Alvaro García Linera, a emitir un decreto que les "exige" esta entrega.

Qué hace el BBVA en Bolivia

En Bolivia, según su página web, el BBVA está presente a través de Previsión AFP, la empresa líder en administración de fondos de pensiones en el país andino con 515.243 socios de afiliación casi obligatoria, al haber sido prácticamente eliminadas las pensiones estatales por los gobiernos neoliberales.

BBVA acapara algo más del 50% del sistema de pensiones privadas con una cartera que supera los 1.125 millones de dólares. El petróleo concentra la mayor parte de esa cartera: el 42,74% de los fondos que gestiona están invertidos en este sector.

La sociedad gestiona dos tipos de pensiones. La que podría llamarse eufemísticamente "pensión libre", por un lado, del boliviano que "decide" pagar una cuota mensual para poder cobrar una pensión cuando se jubile, y la de un Fondo de Capitalización Colectiva (FCC) que el mismo Gobierno que privatizó en 1997 maquinó para dar, a su jubilación, una asignación mínima (170 euros por mes) a los cientos de miles de bolivianos pobres de solemnidad que no podían costearse fondo de pensiones de ningún tipo. Y de paso frenar el descontento. Este fondo es el que se constituyó con el 49% de acciones que ahora reclama el Gobierno.

En otra muestra de que todo había sido discutido con anterioridad, desde Madrid el BBVA restó importancia al efecto que tendrá en el grupo la decisión del Gobierno de quitarles la tutoría sobre el 49% de las acciones de las petroleras menores. Es más, en un primer momento señaló a través de los medios de comunicación que le parecía "una medida drástica" y exigió "una compensación". Cuando Evo Morales se negó a dar tal comensación, entonces el BBVA cedió y todos tan contentos. ¡Qué fácil se ha puesto de repente negociar con el imperialismo!

Qué significa el decreto

Con el decreto de García Linera, las AFP deberán entregar al Estado las acciones que manejan en las petroleras Andina (filial de la española Repsol YPF), Transredes (de la estadounidense Enron y la anglo-holandesa Shell) y Chaco (del grupo británico British Petroleum). Estas compañías menores surgieron de la privatización de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que ahora recuperará su rol ejecutivo (50% más 1 de las acciones) al recibir ese 49%, más cerca de un 3%, que es lo único que verdaderamente se nacionaliza.

El Gobierno, que según su discurso mediático quiere este rol dirigente para tener un mayor control sobre la producción y comercialización de hidrocarburos (que seguirán siendo operadas por las transnacionales), lo que está haciendo en realidad es validar otro millonario fraude en contra del Estado.

La ley 3058 y los nuevos decretos legalizan, de facto, la mayor parte de las acciones que Repsol y Amoco & Pan American tienen ilegalmente en las empresas mixtas Andina y Chaco, levantadas sobre los campos petrolíferos que eran antes de la estatal YPFB.

Repsol y Amoco & Pan American recibieron de los gobiernos neoliberales el 51 por ciento de las acciones a cambio de la promesa de invertir 843 millones de dólares. En el contrato no se menciona que estos campos de YPFB tenían reservas probadas y certificadas, y sin embargo fueron entregadas, esta vez sí que "a título gratuito", para que sean explotadas en beneficio de esas multinacionales.

Hace un año, el nuevo Superintendente de Hidrocarburos, Víctor Sainz, aseguraba antes de estar en el Gobierno que "el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, haciendo abuso de poder, regaló estas reservas que en 1996 tenían un valor de más de 12 billones de dólares", advirtiendo que "una nacionalización de lo que se entregó a Chaco y Andina no puede dejar de lado lo que valían las reservas en el momento de firmar los contratos".

El decreto de Morales, al exigir el 50% más 1 de las acciones para el Estado, lo que hace realmente es dar validez a la fraudulenta propiedad de Repsol y Amoco & Pan American sobre las acciones de Andina y Chaco.

Además de recibir gratuitamente campos petroleros riquísimos, entre otras cosas incumplieron sus promesas de inversión, por lo que hubieran podido ser expropiadas sin indemnización. Pese a ello, la intención del gobierno de Morales es "nacionalizar" el 3 por ciento de las acciones, legalizando el otro 48 por ciento que queda en poder de las multinacionales.

Evo dice la verdad

Morales ha dicho en Viena que su gobierno "no expropia ni quita nada" a las empresas extranjeras, y que los fondos de pensiones que eran administrados por compañías privadas ahora deberán ser administrados por el Estado.

El decreto "Supremo" de Evo Morales lo que en verdad hizo, además de favorecer a las empresas menores, es darle 180 días a las grandes petroleras (que también estaban ilegales ya que sus contratos no pasaron por el Parlamento) para que se legalicen en el marco de esa ley 3058 (la misma que le costó el cargo al anterior presidente González de Losada por las protestas populares). Es decir no las expulsa sino que las obliga a pagar impuesto y regalías.

Aunque no les hace gracia el aumento de los impuestos, todas ellas (Repsol, Petrobras, British Petroleum, Vintage, Total, Enron, Shell, Panamerican), ya han manifestado su disposición a adecuarse a esa ley. Y después de firmado el decreto, Repsol-YPF afirmó que está dispuesta a renegociar los contratos con el gobierno boliviano. Las nuevas condiciones siguen siendo extremadamente ventajosas para las petroleras, aunque tengan que pagar el 50% de regalías: el gas que extraen en Bolivia por 1,9 dólar lo venden en el exterior a 9 dólares.

En cuanto al publicitado 82% para el Estado y 18% para las empresas, el decreto "Supremo" aclara muy bien que sólo vale durante el "período transitorio" y referido sólo a dos campos petroleros.

La devolución al Gobierno de las acciones gestionadas por las AFPs, que son propiedad del Estado boliviano, también se incluía en el decreto "Supremo". Sin embargo, el vicepresidente boliviano ha decidido lanzar un nuevo golpe de efecto capaz de aureolar entre la izquierda europea el viaje que realizó el presidente Evo por distintos países de Europa.

Desperdiciando el apoyo popular

Es increíble el apoyo mediático que están suscitando estas actuaciones más que dudosas del gobierno boliviano. Es prácticamente imposible encontrar análisis críticos serios, ni en la prensa empresarial, ni en la prensa oficial de los gobiernos "progresistas", ni en la prensa alternativa.

Algunos alegan que Evo no puede hacer otra cosa más que proceder así, que Bolivia no tiene tecnología para operar los hidrocarburos por su cuenta, que la ayuda de la venezolana PDVSA no es fiable porque aún sigue habiendo mucha derecha en esa empresa. Es posible que tengan algo de razón.

Pero de lo que no cabe duda es de que, contando con el apoyo popular con que cuenta a pocos meses de llegar a presidente, apoyo de un pueblo acostumbrado a luchar en la calle por sus derechos, podría haber obtenido mucho más de esta situación. No se entiende (o se entiende demasiado) por qué otorga tantas ventajas a las multinacionales a cambio de tan poco.

Quizás tenga algo que ver con lo que ocurría cuando ese pueblo estaba en la calle, poniendo muertos y tirando cartuchos de dinamita para tumbar gobiernos neoliberales, mientra Evo estaba en Europa sin decidirse a volver a Bolivia.

Quizás tenga algo que ver con las declaraciones que hizo Evo el pasado mes de abril en el Acto de conmemoración de los 116 años de la creación de la Cámara de Comercio: "Es verdad, en el pasado yo estaba contra las oligarquías, pero reconozco que fue un error porque necesitamos empresarios".

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