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Mitos, debates, e intereses ocultos tras la negativa a aprobar una Ley Trans
En 2018 la OMS despatologiza la transexualidad y cambia el paradigma, pero muchos sectores reaccionarios siguen oponiéndose a aprobar la ley
Desde 2007 en el Estado español viene aplicándose la Ley de cambio de sexo registral. Esta exige pasar un proceso médico para reconocer la transexualidad. En 2018 la OMS despatologiza la transexualidad y cambia el paradigma, pero muchos sectores reaccionarios siguen oponiéndose a aprobar una ley que otorgue derechos pendientes a este sector.
Ni el proyecto de ley presentado por Podemos, ni las normativas autonómicas ya aprobadas por el PSOE, ni la propia ley de 2007 han surgido nunca del aire.
Estas iniciativas han sido y son fruto de la lucha del colectivo trans y LGTBI, con las organizaciones y colectivos de personas y familiares de menores trans al frente, y con el apoyo y la solidaridad de un gran sector del movimiento feminista y colectivos políticos y sociales que han peleado por el avance de los derechos a lo largo de la historia.
En las siguientes líneas derribaremos unos cuantos mitos respecto a la ley que se pretende aprobar, pero también cuestionaremos sus limitaciones, a la vez que discutiremos algunos “argumentos” con los que se pretende criminalizar al colectivo. Finalmente, analizaremos por qué cargos del PSOE, partido que ha legislado en este sentido y que tuvo la primera diputada trans en el EE, se oponen ahora al concepto de autodeterminación de género.
Mitos y bulos que desata la ley Trans
Estos días es común encontrase en redes sociales con perfiles que lanzan mensajes de este tipo “La inclusión del concepto jurídico de identidad de género y la aceptación de la autodeterminación de genero basada en la declaración de la persona supondrá un caos a nivel jurídico”. Veamos cuanto de cierto hay en ello.
El concepto de autodeterminación de género ya consta en 17 leyes autonómicas de 13 comunidades. Entre 2012 y 2020 el PSOE aprobó 10 leyes que emplean este concepto. Es decir, se va a aprobar una normativa estatal, ya recogida en varias autonomías para ser consecuentes con la despatologización de la transexualidad y para equiparar los derechos jurídicos de las personas trans en el estado español, ya que este colectivo sigue sin poder ejercer sus derechos hoy en 4 comunidades autónomas.
Hoy en día en el Estado español ya hay más comunidades que recogen normativa al respecto que las que no lo hacen, y no han ocurrido ninguno de los mitos que tanto se difunden por las redes sociales por parte de la extrema derecha y sectores conservadores del feminismo transfóbico, ni tampoco se han visto ninguna de las barbaridades de las que se acusa al colectivo trans.
Bulo 1: “La Ley es un coladero, los maltratadores cambiaran de sexo para evitar la LIVG”
En el artículo 14 del borrador se señala expresamente "la rectificación de la mención registral relativa al sexo no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción de cambio registral, en particular a la Ley orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género".
Es decir, incluye específicamente la continuidad de la persona jurídica, esto es, si un hombre tiene un procedimiento abierto por violencia de genero con un sexo registral masculino será juzgado con el que constaba cuando cometió el delito. Toda la argumentación que dice que sería un recurso para evitar la legislación de violencia de género es una falacia.
Bulo 2: “¿Y si se cambian para poder agredir más fácilmente?”
Es otra falacia plantear que los agresores que no han necesitado nunca cambiar su personalidad jurídica para agredirnos vayan a preferir ser oficialmente mujeres con lo que eso conlleva.
Plantear que un agresor va a preferir cobrar un 36% menos, acceder a peores puestos de trabajo, la mayoría orientados a cuidados o servicios en situación de precariedad, o verse abocados a una situación de prostitución como única forma de sobrevivir, como les ocurre a muchas mujeres trans, teniendo en cuenta que transicionar de hombre cis a mujer trans conlleva tener la posibilidad de sufrir violencia sexual, acoso callejero y agresiones, violencia laboral, económica y social. Por lo tanto, todo este bulo es un delirio muy lejano de la realidad diaria.
El 82% de las personas trans han sufrido alguna agresión a lo largo de sus vidas, desde la infancia, como vimos la semana pasada con la agresión física a un menor trans en Pamplona, a la adultez, en la que un 23% ha intentado quitarse la vida y cuya esperanza en el EE es de poco más de 50 años.
Plantear esta realidad como un chollo para los maltratadores es un argumento tan intencionado, patriarcal y reaccionario como plantear que la LIVG es un chollo para que las mujeres denunciemos en falso.
Si bien, denunciamos que la ley de violencia de genero dista mucho de ser una solución real y efectiva a las violencias que sufrimos a diario, no nos planteamos volver al concepto de violencia doméstica porque sabemos que trasciende ese ámbito, ese “argumento” tampoco puede servir para la inacción en la protección de las personas trans.
Bulo 3: “La nueva ley y las personas trans refuerzan los roles de género”
La realidad es que el proceso regulado por la ley de 2007 tan defendido por sectores supuestamente feministas sigue estando basado en los roles de género y el binarismo obligatorio. En este país se sigue interviniendo quirúrgicamente a los recién nacidos que presentan intersexualidad para poder asignarles una identidad de género asociada a la genitalidad.
Con el obsoleto procedimiento que impone la normativa de 2007 las personas trans deben someterse a un tratamiento psiquiátrico de al menos dos años para recibir un diagnóstico de disforia.
Esta se entiende como el rechazo al propio cuerpo o la genitalidad al existir una contradicción entre la identidad de la persona y la que la sociedad le ha asignado, reforzada cuando no directamente creada por las expectativas que la propia sociedad impone sobre lo que tiene que tener entre las piernas alguien para ser considerado un hombre o una mujer, porque lo demás ni siquiera se contempla.
Además, supone la obligatoriedad de someterse a tratamientos médicos, hormonales o de reasignación de sexo, con la única exención de que otro médico lo justifique por razón de edad o enfermedad. El hecho es que no todas las personas trans sufren disforia ni quieren hormonarse ni operarse, de hecho, mediante la lucha y movilización consiguieron eliminar la necesidad de intervención quirúrgica que en principio proponía la ley, para el reconocimiento de su identidad de género.
Además, durante ese proceso se sigue haciendo uso de supuestas “herramientas técnicas" como el llamado Test de la vida real, sin ninguna base científica y que a día de hoy deberían hacer sonrojar a cualquier profesional.
Este test que se les pasa a las personas trans para determinar si “lo son de verdad”, consiste en una serie de preguntas escandalosamente basadas en la socialización patriarcal y los roles de genero más rancios, como por ejemplo si en la infancia jugaban con camiones o muñecas, o si les gustaban el fútbol o el color rosa.
Existen muchísimas personas trans al igual que cis que desafían y se rebelan contra los roles de género establecidos y la violencia patriarcal a diario. La lucha por la emancipación es una responsabilidad colectiva, criminalizar o exigir a las personas trans el triple es reaccionario con las trans en particular y debilita el movimiento feminista en general.
Hay otras afirmaciones que se lanzan desde los sectores más reaccionarios sobre las que por respeto a vuestra inteligencia no es necesario ni comentar.
¿Qué límites y contradicciones tiene la Ley trans que se propone?
¿Va a acabar esta ley (o cualquier otra) con la violencia diaria y estructural que vivimos las personas trans, la disidencia sexual y las mujeres? Nosotras creemos que no, y aquí te lo contamos más en profundidad
Para evidenciar que la cobertura de derechos no se extiende a todas las personas que la necesitan, ni plantea cambios estructurales a nivel económico, que permitan realmente acabar con la situación de miseria y violencia a la que muchas veces se ven abocadas las personas trans, bastaría con destacar dos ejemplos.
Las personas trans que residen en el país de forma considerada irregular no podrán ver visto reconocido su derecho a la autodeterminación mientras no se acabe con la xenófoba ley de extranjería, de igual manera, aunque la ley contempla la puesta en marcha de un cupo trans en la convocatoria de plazas públicas no resuelve la cuestión del acceso al trabajo para el colectivo en el mercado privado.
Desde Pan y Rosas creemos que este es el tipo de debate que hace falta en el movimiento feminista al respecto. Podemos y deberíamos debatir sobre todos los límites que tiene esta ley, pero nosotras no contemplamos otra postura que no sea haciéndolo desde el respeto hacia la existencia de las vidas trans.
¿Porque ahora el PSOE reniega de su propia normativa?
El enfrentamiento y la lucha por la hegemonía de cierto sector institucional del movimiento feminista, y por el control de las estructuras institucionales como el Ministerio de Igualdad han enfrentado a las socias de gobierno.
Pedro Sánchez tuvo que ceder ante el requerimiento de Podemos de obtener el Ministerio de Igualdad, el cual históricamente habían ostentado las mujeres cargos del PSOE, y estas no se han quedado de brazos cruzados.
La campaña de ataques y acusaciones a la ley y las personas trans, con el objetivo de debilitar al Ministerio y a Irene Montero y seguir imponiendo su propia agenda, está siendo inaudita, sobre todo teniendo en cuenta que ha sido el propio PSOE quien ha aprobado esas leyes en las comunidades que gobiernan.
Por decirlo de alguna manera, la relación tóxica de estas amantes mal avenidas está envenenando al movimiento feminista, y no creemos que sea casualidad.
Hay un interés en poner el foco en el debate que le viene bien a la guerra de poder desatada en las altas esferas del feminismo institucional, para no hablar de la absoluta falta de medidas reales que ambos partidos gobernando en coalición podrían llevar a cabo ya mismo para mejorar la vida de las mujeres, como derogar las reformas laborales o acabar con la ley de extranjería. Pero no tienen ninguna intención de hacerlo.
¿Qué está pasando?
Cuando el movimiento feminista y la fuerza de la movilización de las mujeres alcanzaba fenómenos masivos e internacionales, con las huelgas de mujeres planteando nuevas formas de lucha e imponiendo a los sindicatos la convocatoria a huelgas laborales, el desvío, y reflujo que estamos sufriendo no es de ninguna manera casual.
El gobierno de coalición apuesta por desarticular la gran movilización que vimos en los últimos años del gobierno de Rajoy: quieren que la política feminista se defina en los despachos ministeriales y no en la calle ni en las asambleas. No es casualidad que el primer año de mandato de Pedro Sánchez, previo al gobierno de coalición se dejase de convocar la huelga laboral el 8 de marzo porque “ya no hacía falta”. Hoy vemos que los derechos de las mujeres no han avanzado significativamente ni mucho menos a ese respecto pese al gobierno “más progresista de la historia”.
Sin embargo, el sábado 20, nos encontrábamos con que varios colectivos feministas de Madrid, convocados por EFR (Espacio Feminista Radical), se concentraban frente al Ministerio de Igualdad contra las leyes Trans y LGTBI con “argumentos” absolutamente reaccionarios e inverosímiles como los que hemos analizado.
Es también conocida la campaña “contra el borrado de las mujeres” (¡sic!) en la que se han volcado, además de los ataques sistemáticos en redes sociales de una parte de quien defiende estos postulados a personas trans u otras feministas que se posicionan a favor de la ampliación de derechos para el colectivo.
Supone toda una declaración de intenciones que un sector del feminismo llame a movilizarse con esa potencia contra una ampliación progresiva de derechos mientras la precariedad, el racismo patriarcal o el auge de la extrema derecha parecen ser temas secundarios para ellas.
Sobre todo, en un momento de mayor precariedad y riesgo de pobreza para las mujeres, donde aumentan las posibilidades de quedar más vulnerables a la violencia machista, y en momentos en que las trabajadoras ya se están organizando desde abajo.
Una ideología reaccionaria se define por ser partidaria de mantener los valores políticos, sociales y morales tradicionales y se opone a reformas o cambios que representan una ampliación de derechos para un sector oprimido en la sociedad. Movilizarse en contra de esto mientras sufrimos todo tipo de explotación y opresiones encaja a la perfección en la definición de planteamiento reaccionario de este feminismo, que confluye así con la extrema derecha.
Detrás de esta pelea que llega en ocasiones al hooliganismo más vergonzoso, existe toda una maniobra política para desmovilizar e impedir que nos organicemos más allá del ámbito simbólico que tanto le gusta al feminismo institucional, y que denunciemos y nos organicemos también contra la explotación de las trabajadoras, el racismo y la violencia contra la disidencia sexual como violencias machistas estructurales que son y que requieren más que buenas palabras.
Será que también habrá que organizarse contra los privilegios de aquellas que no quieren que las cosas cambien, y es que es sabido que le tienen más miedo a la rabia organizada desde abajo que a la derecha con la que llevan pactando toda la vida.
Es por esto por lo que de camino a este 8M hay que dejar de lado las ilusiones en las soluciones desde arriba, y volver a ser miles en las calles para organizar una fuerza imparable que se proponga conquistarlo todo. Con las trabajadoras, las migrantes, las personas trans, la diversidad sexual y la juventud, este 25 de febrero no te pierdas la charla que hemos preparado junto a todas ellas y el 8 de marzo únete a marchar con Pan y Rosas.
