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Andalucía :: 27/01/2024

Néstor Salvador (SAT): "El caso de Vanessa es un caso de represión sindical y pedimos la absolución"

Edurne LH
Tres miembros del SAT serán juzgados este próximo 1 de febrero acusados de amenazas, coacciones y desórdenes públicos por una acción por un conflicto laboral. Les piden 5 años y tres meses de prisión.

Este próximo 1 de febrero tres miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Vanessa Sánchez, María José Sánchez y Néstor Salvador, se enfrentan a un juicio en el que les piden una pena de prisión de 5 años y tres meses por una acción de protesta por un conflicto laboral. Desde La Haine charlamos con Néstor Salvador, que nos explica este nuevo caso de represión sindical.

Los hechos por los que os juzgan se remontan a marzo del 2021, durante una protesta por la readmisión de Vanessa Sánchez en la Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía ¿Qué nos puedes contar sobre el caso de Vanessa?

El caso de Vanessa era un caso de conflicto laboral que tuvimos hace tres años el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Vanessa era limpiadora de la Delegación de Turismo de Granada durante 11 años, pasó por diferentes empresas, pero durante 11 años estuvo trabajando allí en la Delegación. La última empresa decidió no subrogarla, casualmente, cuando había constituido una sección sindical, estaba reivindicando sus derechos laborales y era delegada del SAT.

Por eso iniciamos un conflicto laboral entendiendo que esto era un caso de represión sindical, ya que era la única persona de la plantilla no subrogada, y exigiendo a la Junta y la subcontrata que cumpliera la ley y fuera subrogada como el resto de la plantilla. Estuvimos durante 8 meses realizando concentraciones en la puerta, también hicimos manifestaciones denunciando que era un caso de represión sindical. Ganamos el despido improcedente (nosotros pedíamos el nulo).

¿Qué ocurrió aquel día, durante la protesta por la readmisión de Vanessa?

Aquel día, durante una de las concentraciones, una de las acciones que decidimos fue subir ocho personas con una pancarta a exigir una reunión con el delegado de turismo, que es el que sabía del caso, para intentar solucionar el conflicto.

La acción fue tranquila, vino la Policía Nacional, ni siquiera fuimos identificados. La policía nos dijo que no hacían falta 8 personas para registrar una reunión, que nos quedáramos dos y que el resto nos bajáramos, que es lo que hicimos. Y eso es todo lo que pasó ese día.

¿De que os acusan concretamente?

La Junta de Andalucía, que es la acusación particular, nos acusa de amenazas, coacciones y desórdenes públicos. La petición fiscal es de desórdenes públicos.

¿Cómo encaráis la defensa a nivel judicial?

Nosotros entendemos que este es un caso de represión sindical y pedimos la absolución. No hay daños personales ni materiales y hemos mostrado públicamente fotos donde se demuestra que esto fue una acción pacífica donde no hubo más que eso: Ocho personas pidiendo una reunión con el delegado para solucionar un conflicto laboral.

¿Qué se esconde tras este nuevo ataque a l@s trabajador@s y a vuestro sindicato?

Entendemos que no es casualidad que los imputados sean María José, que es la portavoz de la Unión Kellys, que Vanessa sea nuestra delegada sindical, y que yo sea uno de los responsables del sindicato. “Casualmente” han imputado a la gente que son las caras visibles de la organización, en un intento de frenar la movilización, porque no hay que olvidar que el sector de la limpieza en Andalucía sigue estando en una situación en la que no se cumple el convenio y no se paga lo que se tiene que pagar.

Así que el caso de Vanessa acabó convirtiéndose en un símbolo para lo que está viniendo ahora de otras movilizaciones y de gente de otras subcontratas de la Junta de Andalucía. Es un intento de que la gente no se sindique. El 90% de las empresas de limpieza están en situaciones de precariedad, de incumplimiento del convenio y de persecución sindical, como hemos demostrado en este caso y querían dar un escarmiento, tanto la Junta de Andalucía como las subcontratas, para que no hubiera movilizaciones y que esto no fuera a más.

¿Qué actividades y movilizaciones estáis llevando a cabo para denunciar este nuevo proceso represivo?

Hemos presentado un manifiesto en el que explicamos el caso y pedimos apoyo a los diferentes colectivos y personas a nivel individual, ya hay muchas organizaciones del Estado y también a nivel de Europa que lo han firmado. Este domingo 28 realizamos una manifestación desde el Ayuntamiento de Granada hasta la Delegación de Gobierno exigiendo la absolución, está manifestación cuenta con el apoyo de más de 30 colectivos y organizaciones.

También hemos ido al Parlamento Europeo y nos hemos reunido con eurodiputados de diferentes grupos, para que soliciten una reunión con el delegado de Turismo de la consejería, recordando que es un caso de persecución sindical que va en contra de las propias leyes europeas. El pasado viernes realizamos una rueda de prensa denunciando el caso y el propio día del juicio también hemos convocado una concentración a las puertas del juzgado.

Continuaremos haciendo acciones de presión a la Junta de Andalucía haciendo manifestaciones y concentraciones allá donde vaya el consejero, y hasta que no logremos la absolución va a ser un conflicto que va a tener abierto la Junta de Andalucía como responsable de esta denuncia.

¿Queréis añadir alguna cosa más?

Lo primero, gracias por darnos espacio para poder informar de nuestra campaña, aprovechar también para dar gracias a todos los colectivos y movimientos que están apoyando la campaña.

Y recordar que este caso de represión es uno más de los que se vive en el Estado español, que no es un caso único, es una cuestión sistémica y estructural. Ahí están otros compañeros con los 6 de Zaragoza, como los de La Suiza y otros muchos más. Así que hacemos un llamamiento para luchar por el fin de la represión a los movimientos sociales de todo el Estado. Exigimos la amnistía total y, frente a lo que está pasando ahora en Cataluña, nosotras planteamos que qué pasa con el resto de los represaliados del Estado español.

Y a nivel laboral seguiremos la lucha contra las subcontratas, y que con dinero público sea contratación pública. Los trabajadores que paga la Junta de Andalucía deberían ser trabajadores públicos y no estar con las subcontratas que ya estamos viendo que se saltan la ley.

¡Muchas gracias y mucho ánimo!

@Edur_LH

 

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