No a cuatro días más en el infierno

Los datos que han transcendido sobre el caso de la joven granadina aún fugada del centro para Menores con Trastorno de Conducta Prado Santa María de Hornachuelos y sobre el que la Junta ahora está negociando su cambio a otro lugar, se semejan más bien a un thriller que a las directrices que deben de primar en un centro de estas características. Según la joven, en una carta escrita de su puño los monitores llegaron a pegarle “dos hostias” en el centro, encerrándola en un celda de dos metros en las que “estuve hasta una semana metida”. La joven, además, denuncia que ha visto maltratar más chicas. Añade en su carta que le daban medicamentos “que me dejaban atontada y me caía de la cama al levantarme por las mañanas”. No es de extrañar que con semejante relato la chica que se encuentra en un barrio de Granada, en paradero desconocido, asegure que hará cualquier cosa “por no volver allí”. De momento, la Junta ha accedido a su petición, pero ahora le imponen que pase cuatro días por el centro antes de cambiar otro sitio. Algo absurdo y que vulnera sus derechos de la menor, porque no se garantiza su seguridad de la niña con este movimiento y sería una humillación para ella volver allí. Recordar que la denuncia todavía sigue su curso, en ella la joven adjuntó parte médico, por lo que esta medida no tiene ni pies ni cabeza. Así mismo se da la circunstancia que dicho centro también tuvo otra fuga, el pasado 6 de junio, de otra niña procedente de Palma del Río que ahora está en otro centro en Cádiz tras una queja por parte de la madre de la menor en la que denunció que su hija, embarazada, había estado tres días sin comer. Este caso, junto a otro producido también hace cuatro años en el mismo lugar, encienden la luz de alarma. Lo que tiene que hacer la Junta es investigar y que la joven mientras se vaya a otro sitio, dejando tranquila a la chavala de una vez.

La realidad que se esconde tras este turbulento asunto que ha revelado métodos utilizados presuntamente por el centro que vulneran los derechos de la menor es la ausencia de control directo por parte de la Administración sobre estos lugares. De hecho, la joven ha denunciado que la encerraron una semana en una celda de dos metros, golpes, contusiones o la toma de medicamentos de dudosa recomendación. En este sentido, se da la circunstancia de que por regla general estos centros están siendo gestionados por fundaciones, asociaciones y en definitiva por empresas privadas que a su vez realizan convenios con la Administración para llevar a cabo las tareas de normalizar a estos jóvenes.

Todo ello, con fines supuestamente terapéuticos donde la cura de estos trastornos de conducta se enfoca desde la intervención educativa, incidiendo sobre todo en la formación y el aprendizaje y encauzando al adolescente para una futura insercción laboral. Sin embargo, la otra realidad demuestra que normalmente los trabajadores de estos lugares realizan su labor de forma precaria e incluso muchos de ellos tienen poca experiencia y algunos escasa cualificación en materia educativa sin que la inspección apenas actúe. Se crea una situación perversa en materia de protección de menores porque la Junta está cediendo su responsabilidad a estas entidades privadas que gestionan su negocio buscando la mayor economía. Estas asociaciones y entidades son en buena medida las que realizan los informes sobre el futuro de estos jóvenes siendo en la mayoría de los casos, aprobados de inmediato por el departamento de menores de la Junta sin un control directo por parte de la Administración. No sólo la gestión de estos centros es autónoma, sino que en base a una especie de confianza general sin una supervisión sobre si lo que se alega en dichos informes corresponde o no a la realidad, con la consiguiente dejación de responsabilidades.

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Comtimuamos pidiendo apoyo con el envio de faxes: Consejeria de Igualdad y Bienestar Social Tlf.: 955048000 Fax.: 955048234 e-mail: correo.cibs@juntadeandalucia.es Ayuntamiento de Córdoba Fax.: 957478050 Tlf.: 957499900 Comunicado de denuncia: Emito este comunicado para mostrar mi repulsa por la gestión de la Junta de Andalucía, y en concreto, de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social que preside Micaela Navarro, del caso de las chicas fugadas del centro de menores con problemas de conducta Prado de Santa María, ubicado en Hornachuelos (Córdoba) y perteneciente a la Fundación Arco Iris. En concreto, me parece moralmente inaceptable que las niñas apresadas haya vuelto a ser internadas en el centro tras haber denunciado malos tratos, probados por el centro médico donde fueron atendidas. Teniendo en cuenta otros casos de denuncia y fugas que dicho centro acumula, así como la existencia en el mismo de unos cubículos de aislamiento (incumpliendo toda normativa legal) y de una clara falta de formación de su personal, se puede explicar bajo qué circunstancias las chicas han ido retirando sus denuncias. Recordemos que el director del centro, Alfonso Fernández Zamorano, declaró a la prensa que las contusiones que presentaron las niñas fueron ocasionadas al jugar con un educador en la piscina del recinto, mientras que después ha acusado a la persona adulta que acompañó a las niñas a las dependencias de la Guardia Civil de Palma del Río de “inducir” a las niñas a “autolesionarse”, ya que esta persona denunció en su día que su hija había sido maltratada en dicho centro, y en concreto, a pasar tres días sin comer y en aislamiento. Inaceptable ha sido igualmente la actitud de la Consejera de Igualdad, Micaela Navarro, al no pedir ningún tipo de investigación del centro, no dar ninguna credibilidad al testimonio de las chicas y además, por permitir que las niñas hayan sido devueltas al mismo centro denunciado. Por otra parte, considero despreciable que la Fundación Arco Iris tenga en proyecto poner en marcha dos nuevos centros en la provincia de Córdoba a partir de mayo del 2009, concertados de nuevo con el dinero público de la Junta de Andalucía y financiados por distintas entidades bancarias, como Caja Rural, Cajasur, Cajasol, etc. Desde aquí se exige por tanto la dimisión de la Consejera por su inmoral e inaceptable actitud y gestión, que las chicas abandonen el centro y el mismo sea cerrado y sometido a investigación, así como la paralización de la puesta en marcha de los nuevos centros en manos de la Fundación Arco Iris.

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