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23/03/2007 :: Pensamiento

Okupación y lucha anticapitalista. ¿Por qué el estado intentó cortar de raíz el proyecto del CSO Milano?

x Mariano Pujadas - La Haine
Hay dos líneas de análisis: la primera, porque había un pez gordo detrás del inmueble con prisas para quitarse de encima un moscón molesto para sus negocios; la segunda, porque las autoridades políticas municipales quisieron abortar un proyecto de resistencia barrial antes de que se asentara y luego fuera mucho más difícil acabar con él. Las dos líneas son complementarias y en principio ambas estuvieron presentes.

La noche del jueves 8 de marzo de 2007 un grupo de activistas anunciaba la okupación del antiguo Salón de Bodas y Fiestas Milano, un edificio de 5 plantas situado en la esquina de la calle Huerta de Castañeda 4 y Paseo de Extremadura 153 (distrito Latina). Durante todo ese fin de semana se multiplicaron las tareas de limpieza con el apoyo de colectivos cercanos para habilitar el espacio.

Nada más anunciar la okupación, el grupo de activistas que adoptó el nombre de "Colectivo 8 de marzo", comenzó una intensa campaña de propaganda: "Anunciamos esta okupación el 8 de marzo, en homenaje a los que luchan contra la especulación inmobiliaria que día a día devora Madrid, y cómo no, en homenaje a las mujeres feministas, trabajadoras y revolucionarias". Este colectivo se definía como "un espacio de encuentro entre activistas anticapitalistas (mujeres y hombres) de varios colectivos y organizaciones", con ejes de lucha definidos en torno al anticapitalismo y la oposición al estado, el antiimperialismo, el movimiento de los trabajadorxs, el antipatriarcado, el ecologismo y la desaparición de la monarquía como sistema político y económico heredado del franquismo. De esta manera, el colectivo anunciaba su objetivo central de "contribuir a la activación de la resistencia social en los barrios de Madrid’, actividad que comenzó el sábado 10, con el reparto de cientos de panfletos junto al metro Lucero en el marco de una iniciativa vecinal "por la convivencia" desarrollada en el barrio.

Ya el lunes, el grupo de okupas lanzó una batería de convocatorias para el siguiente fin de semana. La primera actividad pública que se realizaría en el edificio sería el jueves 15 de marzo y pretendía estar dirigida a los vecinos del barrio. Durante el resto del fin de semana se sucederían las "Jornadas de Presentación", empezando el viernes por un acto-presentación del proyecto político del colectivo inaugurando el Centro Social Okupado Milano, donde se preveía mayor presencia de colectivos y organizaciones anticapitalistas de Madrid.

El análisis que se realizó desde el colectivo fue el siguiente: vamos a iniciar una intensa etapa de actividades en el nuevo Centro Social Okupado Milano y los vecinos del barrio no sólo merecen una explicación, además queremos poco a poco tejer redes con ellos tanto para activar la lucha de resistencia vecinal como -por extensión- para convertir su apoyo en un futuro colchón antirrepresivo.

Así, dos días antes de la merienda vecinal se empapeló con carteles la cercana zona del metro Alto de Extremadura y se repartieron 3000 panfletos en el barrio: buzoneando, repartiendo en las bocas del metro, en los mercados, a jóvenes en los institutos, a madres en las guarderías... Además de convocar a la merienda vecinal, el panfleto afirmaba que "pretendemos poner este espacio a disposición de lxs jóvenes, de los trabajadores y trabajadoras y todx aquel que entienda como una tarea incuestionable la transformación de la sociedad y la superación de un mundo en el que prima lo individual, la competencia, en el que nunca nos dejan tomar nuestras propias decisiones y no se dejan espacios para desarrollarnos socialmente. Ante todo esto, nosotrxs reivindicamos la solidaridad y el compañerismo, el apoyo mutuo entre todxs y las decisiones asamblearias o de democracia directa, porque sólo tomando en nuestras propias manos nuestro futuro podremos ser verdaderamente libres". Después de denunciar las intenciones especuladoras de los propietarios del edificio, la octavilla del Colectivo 8 de marzo aclaraba que "se nos suele decir que con esfuerzo se puede llegar a ser rico. Nosotrxs pensamos que esto es mentira: sabemos perfectamente que tenemos que trabajar horas y horas para pagar la hipoteca y los estudios de lxs niñxs y que todo esto llega tras muchos y muchos sacrificios. Creemos que en condiciones normales no es posible tener en propiedad un espacio tan grande sólo con el sudor de su frente y sabemos también que no usarlo es un abuso frente a la carencia de espacios al servicio del barrio". Por último, se invitaba a los vecinos "a que participéis activamente en la construcción de un espacio en el que nos podamos sentir todxs a gusto, ya sea proponiendo o participando".

En el mismo panfleto se anunciaban las actividades que se llevarían a cabo durante el resto del fin de semana. El viernes 16 un acto-presentación en el que participarían otros colectivos anticapitalistas de la zona, como el colectivo autónomo Basquadé, el colectivo autónomo Adelante y la asociación de cultura popular Estrella Roja. El sábado tendría lugar una actividad de "Salud popular", con la intervención de un médico de familia que tomaría la tensión a los que lo desearan y les orientaría sobre sus problemas de salud. Esa misma tarde se llamaba a participar en la manifestación contra la política imperialista del gobierno español en Oriente medio y por la noche se retornaría al CSO MiIano para realizar una fiesta con la samba de Repercusión y los DJ's de La Plataforma, y cuyos beneficios servirían para sufragar los primeros gastos de la okupación. El domingo se realizaría un comedor popular y por la tarde la video-proyección de un documental arrojando una buena dosis de luz sobre los sucesos del 11 de septiembre en Nueva York.

En la práctica se buscaba un acercamiento del movimiento anticapitalista de Madrid al espacio, así como mezclar en él a los vecinos más atrevidos y concienciados.

El edificio contaba con una sala para realizar conciertos, pero haciendo pruebas con el grupo de samba varios vecinos comentaron al Colectivo 8 de marzo que se oía demasiado ruido. Por su parte, dos vecinos reclamaron que "si habéis venido a molestar a los vecinos, váis a tener que aguantar que llamemos a la policía". Sin embargo, sobre la base de que hablando se entiende la gente, de cara a la fiesta del sábado los activistas propusieron a estos vecinos realizar una prueba de sonido previa y controlada por ellos para que el nivel de volumen no les molestara, propuesta que aceptaron con entusiasmo.

Así mismo, dos mujeres de unos 40 años pasaron por la puerta del inmueble relatando con alborozo: "¡Cómo tenéis a las marujas del barrio! Están como locas con esto de los okupas, así que hemos decidido pasarnos para conoceros y ver de qué váis". Varios activistas hablaron con ellas sobre la situación del barrio y sobre las actividades que desde el centro social podía valer la pena impulsar. Las mujeres no lo dudaron: "¡si os pudieramos dejar un rato a los niños nos haríais un gran favor!". Allí mismo se acordó, por tanto, impulsar un taller de tiempo libre para niños.

A punto de abrir las puertas al público, el mismo jueves 15 por la mañana varios vecinos pasaron delante del centro social y preguntaron, "la merienda es a las siete, ¿verdad?". Las expectativas eran buenas porque la propaganda realizada fue abundante. Era difícil prever cuántos vecinos acudirían a la merienda pero un interesante número había confirmado su asistencia, y desde numerosos colectivos anticapitalistas se había manifestado apoyo al centro social y confirmado participación en las jornadas de presentación.

Suena la alarma en los despachos de la autoridad

A las 18 horas del jueves, exactamente una hora antes de la merienda vecinal (que estaba convocada a las 19 horas), dos patrullas de la policía municipal junto con una pareja de policías de civil se personaron en las puertas del CSO Milano. Dijeron a los 5 okupantes que en ese momento se encontraban en el interior, que el edificio había sido precintado en el año 2001 por peligro de derrumbe y que por tanto tenían la orden de reprecintarlo. Ante esta situación, invitaban a los okupantes a abandonar el edificio porque de lo contrario, automáticamente una vez puesto el precinto nadie podría entrar ni salir del inmueble sin infringir la ley.

Los okupantes aseguraron a los policías que el edificio estaba en perfectas condiciones y que además disponían de pruebas que confirmaban que dentro de él había existido actividad por lo menos hasta el año 2005. Varios vecinos confirmaron esta teoría días antes. La policía no quiso entrar en la discusión a pesar de que las informaciones eran a todas luces contradictorias y en cambio insistieron a los okupantes que abandonaran el edificio. Hasta seis veces "invitaron" a los okupantes a salir a pesar de que sabían su actuación era de dudosa legalidad. Los okupantes entendieron la petición policíal como una forma de resolver el "problema" político de la okupación del Milano por las buenas y de manera rápida, por lo tanto decidieron permanecer en el interior después de haber sido colocado el precinto.

Minutos después un activista declaraba al medio contrainformativo La Haine desde dentro del CSO Milano: "Es evidente que precintar el centro social una hora antes de una importante actividad vecinal que teníamos organizada, es una maniobra política para evitar que tejamos redes con los vecinos del barrio".

A partir de ese momento empezaría una confrontación que duraría muchas horas.

Desde el Colectivo 8 de marzo se interpretó la actitud policial como una medida de presión a la que no se podía ceder tan alegremente, por tanto se decidió mantener informados a los abogados de confianza, se reforzó la seguridad de todas las puertas y, con la idea de no dejar la iniciativa del lado del estado, se convocó a una concentración al día siguiente a las 18 horas en la plaza del metro Alto de Extremadura, a unos cien metros del centro social.

Según transcurría el tiempo se confirmaba que la policía estaba actuando contra las propias leyes que dicen defender. Entrada la noche, los agentes municipales que custodiaban la puerta discutían entre ellos sobre que "nos estamos metiendo en un lío y el propietario ni siquiera está aquí para valorar nuestro trabajo". Uno de ellos afirmó con claridad que "no es legal lo que estamos haciendo", a lo cual otro contestaba, "que sí coño, tú déjame a mi, ¿somos un equipo o no?".

Además de estas evidencias, vale la pena transcribir otros comentarios que los activistas oían desde el interior, como las repetidas alusiones a los "guarros" que okupaban el Milano, así como lo "mal que huelen los ecuatorianos del bar al lado", entre otras lindezas.

Esa noche los activistas hablaron (con la puerta de por medio) con un agente. Le decían "sabemos que este precinto es ilegal, por lo tanto usted tiene la responsabilidad legal de quitarlo. Además tiene usted la responsabilidad moral de hacerlo, porque lo que nosotros pretendemos es desarrollar un proyecto para el barrio". El agente respondía con despreocupación, "yo sólo cumplo órdenes y además no tengo nada que ver con esto. Quienes quieren que esté puesto el precinto son los concejales y esa gente".

El trasfondo político comenzaba a dejarse entrever... Por lo demás, la noche pasó en relativa calma.

Se agudiza la situación

Minutos después de las ocho de la mañana del viernes 16, cuando habían pasado catorce horas desde la colocación del precinto, el movimiento policial había aumentado con la llegada de la policía nacional, varios agentes más de civil y nuevas patrullas de la policía municipal. Los activistas se asomaron para hablar con los agentes, los cuales insistían ahora en actitud más agresiva en que "si no salís voluntariamente no os preocupéis que ya os sacarán los antidisturbios. Y si ahora no os identificáis ya veréis como delante de los antidisturbios sí que lo hacéis".

Un solidario se acercó a la Junta Municipal de Latina para averiguar si el precinto era efectivamente legal. El Jefe de Disciplina Urbanística le atendió con las noticias del medio contrainformativo La Haine impresas sobre la mesa y le dijo que estaba "perfectamente enterado de todo". Informó que el problema no era de peligro de derrumbe, "sino de carencia de licencias, por lo tanto no puedo permitir la fiesta que los chicos quieren hacer este fin de semana. Si a la gente le pasara algo sería mi responsabilidad’.

En primer lugar es llamativo que un dirigente político municipal estuviera al tanto de lo que ocurría en el CSO Milano haciendo uso un medio como La Haine, que se volcó en la difusión del proyecto. Esto es, así mismo, otro pequeño indicativo de que detrás de la orden de precintar el edificio se escondía un seguimiento político y no sólo la "casualidad’. Además, ahora la versión oficial cambiaba de dirección: primero los policías municipales que colocaron el precinto aludieron a un supuesto peligro de derrumbe y ahora se aludía a la carencia de licencias.

Por otro lado, el dirigente municipal amenazó con que romper el precinto conllevaría un "delito penal", una amenaza que en realidad era relativa ya que cuatro abogados cercanos al Colectivo 8 de marzo habían asegurado que la consecuencia en principio no pasaría de una sanción administrativa. Por último, insistió en que "lo mejor para todxs" era que los activistas abandonaran el edificio "para evitar problemas" y subrayó que "de ninguna manera" permitiría que el proyecto siguiera adelante.

Las contradictorias excusas legales daban paso a una cada vez más nítida voluntad política de cortar de raíz la okupación del CSO Milano.

La tensión seguía subiendo de escalón y hacia la una de la tarde los técnicos de la policía municipal cortaban la electricidad del edificio. La capacidad de comunicación -vía móvil- de los activistas que permanecían en el interior con los que estaban fuera, tenía el tiempo contado. Los agentes que custodiaban la puerta ya no estaban tan nerviosos como el día anterior. Ahora lanzaban sonoras carcajadas, repetían insultos hacia los activistas y comentaban entre ellos: "vaya democracia que tenemos, que hay que estar aquí esperando a que venga la orden judicial en vez de entrar a lincharles".

¿Estaba en marcha la orden judicial o por el contrario continuaba la medida policial de coacción?, se preguntaban los okupantes. Corría como la pólvora una información que apuntaba a que la policía estaba tramitando una orden judicial de urgencia con un juez de guardia. Entretanto, seis furgones de la policía antidisturbios llegaban a las inmediaciones, alertando de la implicación de la Delegación de Gobierno en el conflicto. Un abogado cercano a los activistas comentaba: "desde la policía y la Junta Municipal se niegan a confirmar si está en marcha la orden judicial y yo en este momento no puedo confirmarlo, pero el despliegue policial es similar al de un desalojo".

Una treintena de activistas solidarios habían ido llegando y se agolpaban frente al edificio para dar ánimos. Los activistas que permanecían en el interior del CSO Milano volvían a hablar con los policías que custodiaban la puerta y estos comentaban con regocijo: "no os preocupéis que hasta que no venga la orden judicial nosotros no vamos a entrar". Cada minuto se hacía eterno. ¿Estaban tan tranquilos porque, en efecto, la orden judicial estaba en marcha y el desalojo era inminente? En caso de que no fuera inminente, ¿hasta cuando se mantendría el cerco policial?

El abogado de los activistas informó hacía las dos de la tarde de una hipotética alternativa. Existía la posibilidad de negociar que los okupantes salieran del inmueble sin costo penal, es decir, sin ser identificadxs.

Aquí comenzó el momento más difícil para el Colectivo 8 de marzo y en especial para los cinco activistas que resistían en el interior. Después de apenas una semana de okupación, sin haber podido echar raíces en el barrio y siquiera sin que la mayoría de los colectivos afines del movimiento anticapitalista de Madrid hubieran podido acercarse a ver el centro social, la policía y las instituciones habían lanzado un órdago.

Preguntas para el debate

En ese momento surgió una intensa discusión. Si los activistas se negaban a salir del edificio teóricamente podían pasar tres cosas: 1. Que todo fuera un bulo y a los dos o tres días la policía se marchara. 2. Que la orden judicial estuviera en marcha y que ese mismo día los activistas fueran desalojados con la correspondiente consecuencia penal. 3. Que la voluntad política de desalojar el edificio fuera mayor que la voluntad de ceñirse a sus leyes y que por tanto el desalojo se produjera en cualquier momento de manera ilegal.

En realidad, había una cuarta posibilidad dado que aún no habían llegado las seis de la tarde, hora en que había sido convocada una concentración de solidaridad en la plaza de Alto de Extremadura. En el supuesto caso de que la orden judicial de desalojo no llegara antes de la hora de la concentración, podría darse la situación en que la policía se viera presionada por la movilización de uno o dos centenares de solidarios, valorara la inconveniencia de un alto coste político en caso de represión y optara por abandonar la zona. Ahora bien, ¿qué capacidad real tenía el Colectivo 8 de marzo para responder a la presión policial con apenas una semana de okupación y sin haber asentado el proyecto lo más mínimo? Por ejemplo, si la policía decidía asumir el coste de la represión violenta el saldo final podía ser muy peligroso. Aun así, vale la pena hacerse la pregunta: ¿Podría haberse dado una de esas situaciones históricas en que la policía cerca un edificio durante varios días y las acciones de solidaridad y enfrentamiento directo se multiplican sin freno? ¿Qué posibilidades había de que, en tal caso, el resultado final hubiera sido favorable? ¿Cuánto cambiaría la respuesta si nos hiciéramos esa pregunta desde un proyecto más asentado y sólido (unos meses o un año, por ejemplo)?

Por otro lado, si los activistas accedían a salir previo requisito de no ser identificados, perderían un edificio céntrico y con unas excelentes condiciones para desarrollar su proyecto político. Sin embargo, podrían salir "limpios" y salvar una oportunidad para hacer un nuevo intento en el futuro en mejores condiciones políticas, si así lo decidieran, haciendo uso de la experiencia acumulada y sin arrastrar cargos legales.

La salida

Cerca de las cuatro de la tarde, los activistas del Colectivo 8 de marzo que permanecían en el interior del edificio valoró que las fuerzas que se disponían para responder al órdago institucional no eran suficientes.

Realizaron el siguiente análisis: después de sólo una semana de okupación, sin haber asentado el proyecto en el barrio ni tejido lazos sólidos en el movimiento anticapitalista, el Colectivo 8 de marzo no podría asumir el coste político de hipotéticas cargas policiales y detenidos en el exterior del edificio, sostener en el tiempo una campaña antirrepresiva legal y política posterior, y además afrontar el juicio por okupación de los 5 activistas retenidos en el interior. En efecto éste era el peor de los casos posibles y la situación no tenía por qué resolverse así necesariamente, pero sin duda la apuesta a la que se enfrentaban conllevaba esta posibilidad y las consecuencias, en caso de errar, podrían ser muy duras.

Por otra parte, que la policía optara voluntariamente por cesar la presión no parecía algo fácilmente alcanzable dado el fuerte dispositivo policial y la evidente implicación institucional. La sensación era de que o bien llegaba de manera inminente la orden judicial, o bien el desalojo se realizaría ilegalmente, ya fuese en las siguientes horas o días. Y en el caso de que todo fuera un farol con objetivo de intimidar, entonces los activistas estaban ante un farol de primer orden (con participación la policía municipal y nacional, los antidisturbios e incluso instituciones políticas), algo difícil de enfrentar sin la suficiente experiencia y capacidad. Decenas de solidarios concentrados en el exterior era una cifra cariñosa, pero demostraba que el proyecto aún estaba verde y que un desalojo por la fuerza en esas condiciones al estado le saldría muy barato.

La opción de salir sin ser identificados era una alternativa que siempre permitiría reflexionar, aprender de la experiencia y, en caso de valorarlo positivamente, permitía volverlo a intentar. La victoria material de abortar el proyecto del CSO Milano estaba en manos del poder, pero la victoria política estaba en manos del Colectivo 8 de marzo porque el poder estaba reconociendo el peligro de la semilla que se intentaba plantar, se colocaba a la defensiva y su reacción no expresaba otra cosa que miedo a la extensión de la rebeldía.

Finalmente, y después de 22 horas de cerco policial, se optó por salir en medio de aplausos de los presentes y cánticos de "un desalojo, otra okupación". La policía respetó las condiciones de no identificar a los okupantes.

Minutos después, un grupo de solidarios fue identificado de malas maneras junto al metro Alto de Extremadura, abriendo la posibilidad a la toma de represalias por otras vías, si bien en ese momento la policía no alegó más que "control rutinario". Con todo, mientras tenían lugar las identificaciones una mujer increpó a los antidisturbios gritándoles: "cuando hay problemas aquí por la noche os llamo y no hacéis ni caso, sin embargo a estos chicos que quieren hacer algo por el barrio les perseguís, qué poca vergüenza".

Dos horas después, la concentración

El Colectivo 8 de marzo valoró mantener la concentración convocada para las seis de la tarde en la plaza del Alto de Extremadura, a pesar de que desde la Delegación de Gobierno se había mandatado impedir cualquier tipo de movilización. Era mucha la tensión vivida pero los activistas entendieron que era necesario dar una explicación a la gente que había respondido al llamado de solidaridad.

Llegada la hora, un gran despliegue policial campaba a sus anchas en la plaza, realizando identificaciones y cacheos a discreción. Sin embargo, en la negociación con el mando de los antidisturbios se consiguieron unos minutos para sacar una pancarta, relatar brevemente los motivos de la salida del CSO Milano y corear consignas a favor de la okupación.

Así se logró hacer. La despedida fue breve pero digna y necesaria.

¿Qué ocurrió en realidad?

La pregunta de fondo que todxs deberíamos hacernos es: ¿Por qué el estado intentó tan rápido cortar de raíz el proyecto del CSO Milano?

Hay dos líneas de análisis: la primera, porque había un pez gordo detrás del inmueble con prisas para hacer caja o con prisas para quitarse de encima un moscón molesto para sus negocios. Recordemos que el desalojo del CSO El Desguaze de Alcorcón, en abril de 2006, se produjo de manera ilegal un día antes de que el ayuntamiento hubiera pactado con el comprador del terreno (donde se situaba el centro social) el inicio de las obras de construcción de una ciudad deportiva para el club de fútbol Atlético de Madrid, además de otras obras empresariales. Si ese día no despejaban el camino, el ayuntamiento tenía que indemnizar al comprador con 5 mil millones de las antiguas pesetas, por tanto el alcalde valoró que había que tirar la casa como fuera "y ya veremos que pasa con el juicio". Esa tarde hubo cargas policiales en el centro de la localidad cuando se intentó organizar una concentración de repulsa al desalojo y en total durante la jornada fueron detenidas 9 personas. Esto ocurrió después de más de un año de okupación.

Tras el caso del CSO Milano también podría existir alguna trama especulativa. En concreto, algo sabido por los vecinos del barrio es que en "pocos meses" se derribaría el edificio para construir viviendas. Un contacto en una inmobiliaria comentó al Colectivo 8 de marzo que había "un salón abandonado en Alto de Extremadura" que pertenecía a los propietarios de la Torre Windsor, aquel edificio empresarial que ardió en oscuras circunstancias en febrero de 2005. No existe la certeza de que dicho local abandonado sea el mismo Salón de Bodas Milano, pero tampoco sería descartable. La actitud con que actuó la policía y la junta municipal, ronzando permanentemente la ilegalidad, hacía pensar que alguna mano poderosa se encontraba meciendo los intereses del inmueble.

Ahora bien, algo que se había analizado con abogados cercanos y con otros activistas del movimiento de okupación, es que cuando se toma un inmueble es casi preferible que el propietario tenga mucho dinero, así no se preocupará especialmente por echar con rapidez a unos okupantes. Un propietario con poco dinero o incluso un particular, dedica mucho más esfuerzo en recuperar un inmueble porque es de los pocos bienes que posee y no quiere perderlo. Es en estos casos cuando más frecuentemente se contratan matones para amedrentar a los okupas y cosas por el estilo. En el caso de un poderoso, al disponer de numerosas propiedades dejaría a los abogados y jueces hacer su trabajo tranquilamente. Eso sí, el final de la okupación llegaría sin duda más pronto que tarde.

No hay que extrañarse porque un desalojo llegue en poco tiempo. En los últimos años en Madrid han habido okupaciones de corta duración, como la del Laboratorio 4 en Lavapiés en el año 2003, que duró poco más de un mes. En el barrio de Prosperidad, un colectivo de la extinta coordinadora Lucha Autónoma okupó una antigua sede del diario El Mundo en el año 2000 y fueron desalojados en menos de 24 horas, al parecer porque el propietario del inmueble era la inmobiliaria España S.A, amigotes de PJ. Ramirez. Tanto en el caso de Lavapiés como en el caso de Prosperidad los colectivos que impulsaban la okupación ya eran conocidos, entre otras cosas, por su actividad política en el barrio, lo que significa que detrás de un desalojo no sólo hay motivos legales o económicos.

¿Por qué, entonces, el fin del CSO Milano fue de los más rápidos de la última década en Madrid? Y en concreto, ¿por qué la policía precintó el centro social justo una hora antes de la merienda vecinal?

La segunda línea de análisis, complementaria la primera, es que las autoridades políticas municipales quisieron abortar un proyecto de resistencia barrial antes de que se implantara y luego fuera mucho más difícil acabar con él.

El intenso esfuerzo de planificación y preparación organizativa del Colectivo 8 de marzo puso en alerta a las instituciones: una página web activa al día siguiente de anunciarse la okupación y actualizada diariamente, miles de panfletos repartidos en pocos días, cientos de carteles pegados..., y sobre todo contacto y comunicación con los vecinos, trabajando para hacerles partícipes del proyecto de okupación y, por extensión, de la lucha anticapitalista.

La intensa actividad llamó la atención de los vecinos, pero también del poder. El hecho de que se precintara el CSO Milano justo una hora antes de la merienda vecinal era sin duda una prueba de que la actividad política del Colectivo 8 de marzo preocupaba al estado. La orden judicial de desalojo se colocaba en un segundo plano; lo importante del precinto era que impedía la realización de las actividades, es decir, impedía hacer efectivo el proyecto de lucha. Luego vino lo demás, el inusitado operativo policial montado, etc... y, claro está, el poder jugó bien sus cartas. Valoró que era preferible cortar de raíz una okupación que ya empezaba a tejer redes en el barrio que dejar que se asiente y luego sea mucho más difícil acabar con ella.

"Okupar es recuperar lo que nos pertenece"

Esta es una de las consignas que el Colectivo 8 de marzo ha ondeado al viento a la hora de presentar su proyecto. Es decir, ha pretendido insertar la okupación en un contexto de clase, entendiendo que okupar significa que la clase explotada recupera aquellos espacios que legítimamente poseen (y que los poderosos les han hurtado), y los ponen al servicio de sus iguales para impulsar la toma de conciencia liberadora colectiva.

Podemos recoger unas líneas del pensador y militante vasco Iñaki Gil de San Vicente, quien se expresa sobre este tema con bastante claridad:

Sumergidos en el engañoso universo mental de la "igualdad de derechos" entre personas que sin embargo son objetivamente desiguales, en este pozo hediondo, toda okupación es un ataque de los "fracasados y vagos" contra el derecho de su propietario a disponer de lo que es suyo porque se lo merece por ser un "triunfador", al margen de quién lo haya construido, en qué estado se encuentre y para qué se use, si se usa. Hundidos en la alienación de la propiedad intocable, okupar un solar vacío para hacer un jardín de infancia, okupar un latifundio, una fábrica o una universidad, hacer esto es negar lo esencial de la libertad de su propietario. Los okupantes, jóvenes, vecinos, campesinos, obreros..., saben esto pero necesitan ese espacio, y se arriesgan a la represión. Con toda la razón y toda la buena voluntad del mundo inician una tarea de emancipación cotidiana, asamblearia y crítica, pero no llegan al fondo del problema, el de la liquidación de la propiedad, es decir, el de la recuperación de lo construido y su devolución al pueblo que lo ha creado. No estoy negando o minimizando los méritos revolucionarios y emancipadores de la ocupación, al contrario. Toda ocupación, lo mismo que toda cooperativa o que toda huelga lleva en sí los gérmenes del socialismo porque indica la dirección en la que avanzar y los métodos que hay que aplicar. Pero toda ocupación se agota en sí misma si no avanza prácticamente a la devolución al pueblo, a la recuperación por este, de lo que se ha okupado.

Desde el mismo comienzo de la okupación, el Colectivo 8 de Marzo planteó la necesidad de fomentar la participación y el trabajo conjunto con los vecinos: avanzar en la devolución al pueblo, es decir, en la recuperación consciente por éste de lo que se ha okupado.

Parece que el poder también lo vio claro y quiso adelantarse; actúo con inteligencia y prontitud. Para el poder, el coste político de ahogar la continuidad del CSO Milano a una semana de su inicio fue mínimo.

Significativas son las pancartas que los cinco activistas que permanecieron 22 horas en el interior del Milano cercados por la policía descolgaron desde la azotea minutos antes de salir del inmueble. La primera: "Frente al interés empresarial, el interés colectivo: Salud, educación, trabajo, vivienda y dignidad’. La segunda: "¡Peligro!: Construyendo barrio".

En efecto, buscaron acabar con el proyecto antes de que empiece. Pero este no es un caso aislado, los okupas del CSO La Fábrika de Villalba denunciaron la noche del sábado 17 de marzo que varias patrullas de la guardia civil y policía municipal irrumpieron violentamente en una fiesta por la autogestión que se desarrollaba en el centro social. Un activista valoró que "han venido a asustarnos y a advertirnos que en la sierra de Madrid va a ser muy dificil hacer este tipo de proyectos y que van a estar encima de nosotros. Okupar un espacio para llenarlo de vida no tiene precedentes aquí y ahora están respondiendo". Desde La Fábrika se denunció el acoso policial sufrido por los okupantes del CSO Milano, así como el desalojo del pueblo okupado de Navalquejigo y la represión que se está llevando a cabo contra el movimiento okupa a nivel europeo, adviertiendo del peligro que suponen para el poder los proyectos de okupación que pretenden echar raíces en el movimiento anticapitalista.

Si ladran es que cabalgamos, podríamos decir. Lo cual, en el fondo, no merece sino un brindis.

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