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Estado español :: 14/01/2010

Otra vez trasladan a Arenas a la Audiencia Nacional

La Haine - Guadalajara
La imputación se basa en el cambio en la declaración del "arrepentido" Silva Sande.

Imputan al dirigente comunista preso en Alcalá-Meco la muerte de dos vigilantes de seguridad de PROSEGUR en Vigo, junto a Jose Luís Elipe López, que está en libertad provisional. La imputación se basa en el cambio en la declaración que ha hecho el ex miembro de los GRAPO Fernando Silva Sande, que en el juicio celebrado contra Arenas en enero en el mismo tribunal especial, reconoció haber mantenido conversaciones con funcionarios de la Administración española.

El Partido Comunista de España(reconstituido), del cual Manuel Pérez Martínez(Arenas) es su Secretario General, ha negado en varias ocasiones su relación con acciones armadas.

En el juicio celebrado en diciembre en la Audiencia Nacional en el que además de a Arenas se procesaba a tres personas más por la participación en dos atentados contra un repetidor de RTVE y otro de las Fuerzas Armadas, ambos en la Comunidad de Madrid, dos miembros de los GRAPO reconocieron su autoría en los hechos, y desvincularon a la organización política comunista con ambas acciones. El juicio será el 18, 19 y 20 de enero, según informa el colectivo de familiares.

El sostén de la imputación que hubo en aquel momento contra Arenas se basaba en el cambio en la declaración del ex dirigente de la organización armada Fernando Silva Sande y en el informe realizado por la Unidad Anti-GRAPO de la Guardia Civil, pero nunca hubo pruebas materiales de su supuesta participación.

Silva Sande fue expulsado en el año 2000 de la organización armada por no someterse a la disciplina política de la misma. Desde entonces todas sus declaraciones han dado un giro de 180º: desde considerar terrorista a la organización que dirigió hasta señalar a algunos de sus ex compañeros como responsables de acciones armadas.

El colectivo de familiares de presos políticos lo señala como “traidor” y “chivato” y lo acusa de colaborar con la Administración española, algo que él mismo reconoció en el juicio de enero mencionando que había mantenido conversaciones con funcionarios de la misma.

 

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