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PP y Cs mantienen en el callejero de Zaragoza a los jefes franquistas de la purga en la escuela
PP y Cs mantienen en el callejero de Zaragoza a los jefes franquistas de la purga en la escuela y la universidad
El Gobierno de Aragón advierte al ayuntamiento de la capital de que mantener las calles dedicadas al rector Gonzalo Calamita y al presidente de la Comisión de Depuración, Miguel Allué, vulnera la Ley de Memoria Democrática, una situación con la que PP y Cs exponen al consistorio a dejar de recibir 28 millones en ayudas
"¿Merece tener una calle alguien que aceptó la responsabilidad de impulsar una depuración que resultó tan traumática?", plantea Marisancho Menjón, historiadora y directora general de Patrimonio del Gobierno de Aragón y, como tal, encargada de supervisar el despliegue de la Ley de Memoria Democrática, una norma pionera que hace cuatro meses debería haber situado a este territorio como el primero libre de vestigios del franquismo, unos restos cuya permanencia expone a los ayuntamientos a perder las inyecciones económicas de la comunidad.
"La gran eliminación de nombres franquistas del callejero se hizo en los años 80, aunque quedan algunos que o sorprenden por seguir ahí o que requieren hilar muy fino para identificarlos", explica Manjón, que recuerda cómo "casi todas las comunicaciones que nos envían los ayuntamientos nos dicen que van procediendo a la retirada o a la resignificación de las calles".
Sin embargo, hay dos ayuntamientos, los de Zaragoza y Calatayud, ambos gobernados por PP y Cs, en los que eso no ocurre. El equipo de gobierno del segundo se niega a revocar la concesión de la medalla de oro de la ciudad a Franco, y el del segundo se enroca en evitar los cambios de nombre de varios responsables de instituciones durante el franquismo amparándose en un dictamen elaborado por un medievalista, un experto en historia clásica y una periodista, un texto que un juzgado valoró como muestra de "rigor técnico e histórico” pese a que califica como "indeterminado y de muy difícil delimitación" el concepto de "personas vinculadas a la defensa del régimen franquista" y asegura que las participaciones en procesos de depuración eran "con frecuencia impuestos por oficio a determinados cargos, políticos o no".
El Gobierno de Aragón, que lleva meses intentando evitar el conflicto político que PP y Cs llevan abonando desde que los votos de Vox les entregaron el poder municipal, acepta que el grueso de las calles de ese paquete sean resignificadas sin cambiar su denominación, pero no está dispuesto a tolerar la permanencia en el callejero de Gonzalo Calamita y Miguel Allué, los responsables de la depuración del profesorado de la universidad, la escuela y los institutos durante la guerra y en los primeros años de la dictadura.
Patrimonio acaba de enviar al consistorio un informe histórico, con referencias a los depurados, en el que le aclara la trayectoria de ambos. "Consta que en algún caso intentaron evitar daños, pero asumieron una responsabilidad de la que no se puede huir", señala Manjón.
Los concejales de Jorge Azcón y Sara Fernández han decidido arriesgar 28 millones anuales (46 si se incluye su valoración del convenio de capitalidad) de los zaragozanos en este asunto.
"En 14 provincias fue sancionado el 25% de los docentes"
Calamita y Allué fueron los principales responsables de la depuración del profesorado en sus territorios durante la guerra civil y los primeros años de la dictadura, el primero como máximo responsable del distrito universitario, que incluía las tres provincias aragonesas más Soria, Navarra y La Rioja, y el segundo, catedrático de secundaria y director del Instituto Goya, uno de los dos públicos de la provincia, como presidente de la llamada Comisión C de Zaragoza, junto con Rogelio Francés y Luis López Madrazo.
"Los resultados de la depuración franquista en educación los conocemos parcialmente", señala Marc Baldó Lacomba en su trabajo sobre la Represión franquista del profesorado universitario, publicado en 2011 en la revista Cian y considerada una de las principales aportaciones historiográficas sobre esa materia, en el que detalla que "en enseñanza primaria, en 14 provincias estudiadas, fue sancionado el 25% de los docentes" mientras que en secundaria la purga alcanzó al 38% de las plantillas "incluyendo a los catedráticos y otras categorías de profesorado".
"Para la universidad, aunque no hay cálculo seguro del conjunto del profesorado universitario reprimido ni del porcentaje que representa, sabemos que los catedráticos depurados fueron 194 (de los que 139 fueron separados del servicio), lo que supone un 32% del escalafón", añade.
En la Universidad Central de Madrid, "la sanción afectó al 44,4% de la plantilla de los catedráticos y al 46,7% de los auxiliares y ayudantes, siendo separados el 40% de los sancionados, o dicho de otro modo: 56 catedráticos fueron sancionados, y cuarenta y uno separados de la docencia", indica Baldó. En la Autónoma de Barcelona, "135 profesores de todas las categorías fueron separados", lo que equivale a la mitad de la plantilla, entre ellos 27 catedráticos, 25 de ellos con separación definitiva.
Más de 20.000 docentes represaliados
Esas cifras suponen que más de 20.000 docentes fueron represaliados por los sublevados, ya fuera con el traslado a otras provincias, que a menudo llevaba a dejar el oficio por no poderse mantener, o con la prohibición de ejercerlo, en unos casos durante años y en otros de manera definitiva.
Esa 'pena de muerte civil' llevó a parte de los afectados, especialmente a los de mayor edad por sus mayores dificultades para reorientar su vida laboral en una posguerra, a intentar subsistir dando clases particulares.
"El argumentario de los franquistas sostenía que 'el problema de España' se debía en gran parte a los sectores progresistas de la ILE, la Institución Libre de Enseñanza, que había metido en los jóvenes ideas progresistas que había que limpiar", explica Miguel Ángel Ruiz Carnicer, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, que anota cómo "lo que era pluralismo se convierte en motivo de represión con la Ley de Responsabilidades Políticas, que era retroactiva. El propio carácter de la enseñanza, fuera o no progresista, o no estar alienado con las tesis de la iglesia pasaban a ser motivo de denuncia".
"Se trataba de ser ejemplarizante, de matar y represaliar a los suficientes como para que los demás quedaran atemorizados", apunta el historiador y memorialista Herminio Lafoz, que recuerda cómo más de 140 maestros fueron fusilados en Aragón durante la guerra. "Para los sublevados eran la semilla de Caín, los que habían echado a perder a la juventud; y había que eliminarlos: era un planteamiento nazi", añade, mientras recuerda cómo haber actuado como interventor en las elecciones de 1936 o haber retirado el crucifijo del aula se convertían en motivo de persecución.
La lista de docentes fusilados incluye en Zaragoza a cuatro profesores universitarios, entre ellos el catedrático de biología Francisco Aranda, que había sido gobernador civil de Badajoz y que regresó en agosto de una estancia en Noruega.
Ser calificado como "masón conocido", contar con lo que los sublevados consideraron "pésima moralidad profesional" y cargos como "ataca a dios en clase" le llevaron al paredón, recuerda Lafoz, que ha estudiado su expediente. "Tenía un perfil vinculado a la II República, pero no era alguien que destacara por su actividad política", anota Ruiz Carnicer.
Un proceso basado en la 'prueba diabólica'
La depuración combinó la represión y los fusilamientos de los primeros meses de la guerra con un posterior proceso administrativo basado en lo que en derecho se conoce como 'prueba diabólica' o inversión de la carga de la prueba, en la que es el enjuiciado quien debe probar su inocencia.
"Todos los que ejercían la profesión el 18 de julio quedaban expulsados de la carrera, y si querían regresar a ella debían pasar un proceso de depuración en el que se pedía información a las autoridades del pueblo, y a la Guardia Civil, dentro de un expediente que concluía con el ingreso o con medidas entre las que el castigo más duro era la separación", y en el que el afectado comparecía ante la Comisión C, recuerda Lafoz.
En el caso de Zaragoza, "Calamita suspendió a todos los maestros y profesores del distrito universitario el 30 de junio de 1938, tras caer en manos de los sublevados toda la mitad oriental de Aragón, y dio quince días para solicitar el reingreso", anota.
Lafoz estima que ese proceso, que en todo el país se complementó con una militarización de la enseñanza mediante la incorporación a la docencia de alféreces de complemento (entre otras ocupaciones) ante la falta de personal, afectó a la cuarta parte de los maestros y profesores que seguían vivos por esas fechas y que no marcharon al exilio.
El proceso fue similar en la universidad, donde, además de los fusilamientos de los primeros meses, nueve de los catorce catedráticos depurados (de un total de 49) fueron separados de la carrera, según los datos de Baldó Lacomba. Apenas hay información sobre la afección de las purgas entre los profesores asociados y auxiliares, a los que directamente no se volvía a contratar si el equipo de Calamita considerara que no eran 'afectos'.
"Si el nuevo Estado va a ser totalitario, ha de cuidar la enseñanza"
Ese proceso fue seguido de un programa propagandístico en el que, junto con las suposiciones sobre militancia y simpatías políticas, aplicar formas de enseñanza progresista, utilizar técnicas pedagógicas modernas y haber pasado por la ILE o tener vínculos con sus entornos se convertía en una prueba de cargo difícilmente refutable. Lo mismo ocurría por "revelar secretos de la maternidad" a las alumnas o convivir sin matrimonio .
Allué, que ya había sido director general de Enseñanza Superior y Secundaria y alcalde de Zaragoza con Primo de Rivera, y que de agosto de 1936 a marzo de 1940 presidiría la Diputación Provincial, cargo que en el franquismo aparejaba el de jefe provincial del Movimiento, se empleó en ese flanco al participar en la redacción del panfleto "Una poderosa fuerza secreta, la ILE", editado en 1940, en el que aseguraba que "de nada servirán las más sublimes orientaciones pedagógicas, los métodos más modernos y el material docente mejor seleccionado, si el profesorado nacional no se halla a la altura de su misión y la vibración patriótica del momento no ha repercutido en su corazón con emoción gozosa y sana alegría".
"De aquí que un profesor laico no se conciba en una nación católica, ni un maestro internacionalista, en el seno de una nación de fuerte y glorioso abolengo", anotaba en su artículo sobre "La formación del profesorado", antes de concluir que "si el nuevo Estado ha de ser totalitario, ha de cuidar preferentemente de la enseñanza nacional, y el Cuerpo de los educadores del Estado ha de ser el depositario y el sembrador en la juventud de los nuevos ideales".
"Calamita fue el jefe de todo este tinglado"
Calamita, por su parte, "era rector antes de la guerra, elegido democráticamente. No tenía un perfil derechista, y había sido criticado por el SEU (Sindicato de Estudiantes Universitario, cercano a Falange) por no apoyarles en sus enfrentamientos en los años previos a la guerra civil, pero tras el 18 de julio se puso rápidamente del lado de los sublevados", explica Ruiz Carnicer, quien considera que el rector "perdió lo que pudiera tener de respetabildad al alinearse con los alzados en una época tan oscura".
Esa alineación incluyó la movilización de la Facultad de Química para apoyar a las tropas sublevadas y del profesorado de Literatura para desplegar la censura y traducir obras de los fascistas italianos ya en el mismo verano de 1936. No obstante, y pese a esa 'furia conversa', sectores falangistas desconfiaban de él y acabaron forzando su relevo en 1941.
"La depuración fue muy fuerte en todos los niveles educativos, en un proceso que comenzó ya en 1936 y que estaba presidido por el rector", explica Ruiz Carnicer. "Calamita fue el jefe de todo ese tinglado", resume Lafoz.
También se empleó a fondo en la tarea. Juan Manuel Fernández y Carmen Agulló citan en "La depuración franquista del magisterio primario" la circular en la que, una vez iniciado el proceso, el rector ofrece a los alcaldes de su distrito una serie de pautas para elaborar los informes sobre los maestros de sus municipios, a quienes de entrada atribuye una "criminal conducta" política, de matiz socialista o marxista, y antirreligiosa.
"Son maestros que han ocasionado, en buena parte (...) la terrible convulsión a la que estamos asistiendo. Maestros que con su conducta, moral desarreglada, son un ejemplo pernicioso en los pueblos; maestros que, quizás con sus predicaciones o enseñanzas, han pervertido a los niños", decía, mientras motivaba a los alcaldes para que se esmeraran "en el ejercicio de su elevada misión".
"Hay que hilar fino. ¿Todos los alcaldes de los años 40 fueron franquistas recalcitrantes? No creo", plantea Menjón, quien, al mismo tiempo, tiene claro que "no se puede permitir que haya exaltación del franquismo y de quien se manchó las manos de sangre. Y tampoco tenemos dudas con la gente que, sin tenerlas, se distinguió por su implicación con el régimen".
