Canarias: violencia y hambre

La violencia del sistema se manifiesta de forma cada vez más cruel en Canarias. Según cifras oficiales del Estado español [1], en nuestro país hay 310.200 trabajadoras y trabajadores en paro, lo que supone el 28,8% de la población activa, muy por encima de la media estatal (aumentada por los porcentajes de las Islas) que se sitúa en el 19,79%. Sólo 181.092 de esos parados recibe algún tipo de prestación o subsidio, lo que significa que 129.108 no perciben nada: el 41,62%.

No es de extrañar que, también según las cifras oficiales, el 27,5% de la población canaria sobrevive –es un decir– bajo el umbral de la pobreza (19,5% de media estatal) [2]. Eso supone 578.000 personas en todo el Archipiélago. Hasta ahora había funcionado como paliativo la solidaridad familiar: los padres con empleo y los abuelos con sus magras pensiones ayudando a los hijos y a los nietos. Pero, a medida que avanza la crisis capitalista, eso se va haciendo imposible.

Un 53,6% de los hogares canarios gastan menos de 500 euros en la realización de su compra mensual, según los datos de la Encuesta sobre hábitos de compra de productos industriales en Canarias. Esto significa que hay un evidente empobrecimiento de la estructura de los ingresos y de la capacidad de gasto en los hogares de Canarias.

Y aunque la moral que se nos ha inculcado hace de la pobreza y de la miseria una vergüenza para las víctimas, cada vez es mayor el número de personas que rebuscan en los contenedores de las grandes superficies para conseguir comida, aunque esté semipodrida. Y aumenta el número de personas que son detenidas cuando roban comida en los supermercados, cosas como un tetrabrik de leche o una botella de aceite.

Muchas familias, incluyendo a los niños, están subalimentadas o pasan directamente hambre. De hecho, la política de recortar plazas en los comedores escolares implantada por la Consejería de Educación del gobierno autonómico, priva a muchos niños de su única comida caliente al día.

Pero esta violencia no es la única. Al perder el trabajo, muchas han perdido la vivienda. Los todopoderosos e intocables bancos, cuyos fabulosos beneficios no hacen sino aumentar tras haber sido “rescatados” con dinero público, ejecutan decenas de miles de hipotecas y encima quedan como acreedores de por vida de los desahuciados. La coerción del Estado, a través de jueces y policías, trabaja para ellos. Para no quedar en la calle, esas personas se ven obligadas a irse a vivir con los padres u otros familiares, aumentando el hacinamiento mientras sus casas quedan vacías.

Comprar ropa se ha convertido para muchos canarios en algo imposible. Por no hablar de comprar gafas o arreglarse la boca, cosas esenciales que no cubre el Servicio Canario de Salud. Precisamente, otro de los ámbitos en los que se desata más vilmente la violencia institucional contra los más débiles. Los recortes en Sanidad significan menos médicos, menos ATS, más listas de espera, menos pruebas diagnósticas, menos operaciones, más sufrimiento y más muertos.

Lo mismo cabe decir en Educación: tras la palabrería acerca de combatir el paro con formación, nos encontramos con brutales recortes que suponen menos profesores, eliminación de sustituciones, más hacinamiento en las aulas y menos medios educativos, con una constante reducción del porcentaje del PIB dedicado a esta área crucial. Mientras tanto, aumentan aceleradamente las partidas destinadas a la sanidad y la educación privadas.

Este ejercicio despótico del poder, que desvía recursos hacia una minoría de capitalistas “amigos” mientras sume al Archipiélago en la miseria, incluye gastos faraónicos en obras innecesarias, a la vez que se mantienen prebendas a los importadores como el Régimen Específico de Abastecimiento (REA) o esa evasión legalizada de impuestos que es la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), amén de cuantiosas subvenciones a la medida –a la medida de los grandes capitostes isleños–.

Esa violencia institucionalizada de recortes sociales se manifiesta dramáticamente en la reducción de los gastos destinados a los más desfavorecidos. Los comedores de Cáritas están desbordados, mientras los desayunos y las comilonas oficiales no desaparecen. Ni los miles de cargos “de confianza” y enchufes de los más variados en todas las administraciones públicas. Una forma generalizada de clientelismo pero, también, de atenuar el descontento social.

Y todo ello en un marco de corrupción generalizada, tanto política como judicial, frente a la cual no sólo no hay respuesta, sino que ya hemos perdido hasta la capacidad de asombro. A lo que contribuye decisivamente unos medios de comunicación cuyo negocio se alimenta de forma decisiva, de las subvenciones públicas y de la publicidad institucional. Por supuesto, a ellos no tiene acceso la izquierda anticapitalista ni voz alguna que ataque el statu quo.

Mientras tanto, el padre o la madre que no tiene para dar de comer a sus hijos, y así un día y otro día, debe obedecer las leyes y dejarlos morir de hambre, que para eso está toda la violencia del aparato de Estado –y ahora, además, la policía autonómica– para impedir que toque la propiedad privada de las grandes corporaciones capitalistas.

Y todavía hay quién nos pregunta por qué somos revolucionarios.

NOTAS

[1] Encuesta de Población Activa (EPA). Tercer trimestre 2010 (INE).

[2] Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2010 (INE).

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