Presiones empresariales para acelerar el plan de ajuste

Foto: César Alierta, presidente de Telefónica y del G-17 (Consejo Empresarial para la Competitividad)

La crisis del euro desatada por el endeudamiento que la UE impuso sobre Grecia obliga a España a acelerar las reformas para evitar el proceso de quiebra y un default económico, según recomiendan los grandes empresarios y banqueros del país. Así, han pedido en privado al presidente del Gobierno que proclame por escrito que los salarios no deben ligarse al aumento del coste de la vida, es decir, al IPC.

Pretenden, dado que la perspectiva es una inflación al alza por los aumentos de precios en las materias primas y el mantenimiento de las tasas de beneficio de las grandes empresas, que se vinculen las subidas de sueldo a la productividad o los resultados. Unidos en el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), un grupo de presión del llamado G-17(las 17 empresas españolas más importantes), es el lugar donde los presidentes de la gran banca y empresa siguen muy de cerca las negociaciones entre patronal y sindicatos para completar la reforma laboral y consideran que hay medidas mínimas que España debe acometer para aplicar y adaptarse a los mercados.

Según este Consejo, lo idóneo es que Gobierno, patronal y sindicatos acuerden una declaración escrita que impulse el cambio y que, si no es posible, Zapatero tome la iniciativa de incluirlo en la próxima reforma laboral que previsiblemente se concluiría tras el período electoral 2011/2012.

Uno de cada diez parados no ha trabajado nunca

Los 4,92 millones de parados contabilizados por la EPA en el primer trimestre del año o los 4,26 millones registrados en las oficinas de empleo esconden muchos datos igualmente alarmantes. Nunca se había visto tantos desempleados en el INEM con la carrera de cotización a cero, es decir, que nunca han trabajado. Son 391.000 lo que supone en 9,15% de los parados registrados. La cifra, que duplica a la de 2007, refleja otra realidad del mercado laboral: elevado paro juvenil, empleo sumergido y contratos precarios (becas y prácticas)

Economía hará otro recorte de 2000 millones de euros

El Gobierno se ha comprometido a mantener su estrategia de reformas tras el 22-M en el Programa de Estabilidad 2011-2014 enviado a la Comisión Europea. Entre las más importantes, destaca la reforma de la negociación colectiva, que estudian empresarios y sindicatos. Destacan varias agencias que si el Gobierno cree que al final no se cumple su previsión de aumento del PIB (1,3%), sino que tiene razón el consenso del mercado y las agencias privadas de calificación (0,8%), el déficit subirá dos décimas: pasará del 6% al 6,2%.

Esa diferencia que dicen proclamar las agencias de rating tendrá que corregirse, según el Gobierno y ellas mismas, con un ajuste adicional de 2.000 millones de euros, según confirma el Ministerio de Economía. Esas dos décimas, contempladas en el nuevo plan de estabilidad que el Gobierno aprobó hace 10 días, pesan poco en el contexto de los casi 30.000 millones de desequilibrio que hay que corregir este año para alcanzar el 6% de déficit fiscal. Sin embargo esto no ha impedido que el plan de ajuste haya elevado la recaudación impositiva indirecta, frente a una reducción de los impuestos directos(los que están vinculados al nivel de renta).

Pretenden recortes de hasta 30.000 millones de euros

Los 2.000 millones superan, por ejemplo, el ahorro atribuido a la impopular congelación de las pensiones de este año. El Ejecutivo entiende que la credibilidad española en los mercados radica, por encima de otros parámetros, en el cumplimiento del compromiso de déficit. El Gobierno cuenta con un aliado para cuadrar las cuentas. Se trata de la inflación, perjudicial para casi todo pero beneficiosa para las arcas del Estado. las subidas de precios elevan automáticamente todo lo que recibe Hacienda de lo consumido.

Los "expertos" a los que ha consultado el Gobierno coinciden punto por punto en aquello que exigen las cúpulas empresariales: en que este año hay que reducir el déficit en 30.000 millones para bajarlo al 6% del PIB. El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, ha advertido que ahora se actuará por la vía de los gastos y nadie descarta que se implanten iniciativas como el copago sanitario o un nuevo aumento de la fiscalidad de la energía.