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Estado español :: 04/03/2021

Represión en España, hipocresía en la Unión Europea

Morning Star Online, periódico británico
La desatada represión policial, los continuos disturbios y una justicia ciega y sorda, han abierto un serio cuestionamiento sobre su supuesta estructura democrática.

La hipocresía no es nada nuevo en la Unión Europea. El silencio por la fuerte represión policial a los manifestantes que apoyan al rapero español Pablo Hasél es una muestra palpable de la doblez y de la inconsistencia de sus mandatarios. Sobre todo, después de que esas mismas autoridades condenaron, con gran estridencia, la acción policial contra los manifestantes partidarios de Navalny en Rusia.

Dado que España tiene la tasa de desempleo juvenil más alta de toda la UE, la persistencia de las protestas -que tiene como bandera un rapero condenado a nueve meses de prisión por “insultar a la monarquía”- dicen que el problema va más allá de la libertad de expresión de un cantante popular. La desatada represión policial, los continuos disturbios juveniles y una justicia ciega y sorda, han abierto un serio cuestionamiento sobre la supuesta estructura democrática del Estado español.

A pesar de las complicidad con la represión de la gran mayoría de los medios de comunicación el malestar de los españoles empieza a tomar vuelo. Al menos dos factores están colocando combustible a una próxima crisis política y económica. El colapso financiero del 2008 y la crisis social provocada por la pandemia han terminado dejando maltrecha no sólo la sanidad sino también al resto de los servicios sociales españoles. Los gobiernos neoliberales (2008-2018, PSOE y PP) ejecutaron feroces recortes en los servicios públicos, pero a la vez, rescataron a la Banca privada por miles de millones de euros.

Otro elemento que está calentado los ánimos son los escándalos que han sacudido a la familia real -el ex rey Juan Carlos huyó a los Emiratos Árabes Unidos en medio de una investigación por corrupción. De hecho,, sigue siendo una tarea pendiente la inconclusa «transición a la democracia» que siguió a la muerte del dictador fascista Francisco Franco. Por eso, hoy las multitudes no solo apuntan a la Ley de Seguridad Pública, que encarceló a Hasél, también los jóvenes tienen en la mira a la monarquía, su grito de batalla es: «Juan Carlos de Borbón, mujeriego y ladrón».

Los ministros de izquierda- socios menores del gobierno socialista (PSOE)- se han distanciado de las acciones represivas. El ministro, Alberto Garzón – del Partido Comunista que junto a Podemos constituye Unidas Podemos – ha condenado la sentencia de Hasél, se trata dijo » de una grave anomalía democrática, en España la libertad de expresión está amenazada”.

Aunque la coalición de gobierno está comprometida con reformar la ley de seguridad interior, las tensiones y los desacuerdos en el gobierno ya no se pueden esconder. El caso Hasél sólo abrió la caja de pandora. Ahora, las diferencias se han hecho patentes y públicas en la tramitación de la tramitación de la ley de igualdad.

Como en tantos otros países occidentales, la clase dominante española se enfrenta a una crisis de legitimidad.Mientras el gobierno de coalición dice buscar el diálogo con los independentistas catalanes, el aparato policial sigue aplicando una de las represiones más duras de Europa. Por otra parte, el gobierno se enfrenta a una derecha cada vez más radical, para la derecha y la extrema derecha las conversaciones con los independentistas catalanes son simplemente una “traición a España”.

Considerando su pasado fascista la incapacidad de la derecha para entablar un debate respetuoso está resultando muy peligroso. Hoy la defensa de la libertad de expresión es sólo el punto de partida de la defensa de las libertades democráticas.

La sentencia a prisión de Hasél debería ser condenada por la conspicua Unión Europea, que hace gala de su doble rasero con Rusia y Venezuela. Ha llegado el momento que la solidaridad internacional debería expresarse con los catalanes encarcelados y con la juventud que en las calles de Barcelona está luchando por sus derechos políticos y económicos.

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