Ruido de sables

Decía Karl Marx que la historia se repite dos veces, la primera como tragedia y la segunda como farsa; algo de ello hay en las noticias divulgadas en los últimos meses que apuntan a movimientos e iniciativas protagonizadas por militares supuestamente alarmados por el devenir de la actuación del gobierno y sus aliados.

Desde la filtración de una serie de conversaciones a través de una red social de militares, fundamentalmente en la reserva, que apuntaban a que la solución a los males pasaba por fusilar a “26 millones de hijos de puta”, hasta la carta remitida al Rey Felipe por éste, u otro, colectivo castrense pidiendo su intervención porque supuestamente la patria está en peligro, este otoño se ha reabierto un tema recurrente en nuestra historia como es el tradicional intervencionismo militar.

Se ha generado un debate al respecto que muy mayoritariamente ha minimizado tales expresiones apuntando a que se trata de manifestaciones efectuadas por miembros de las fuerzas armadas que en estos momentos no están en activo ni, por tanto, tienen mando en tropa. En ese sentido la Ministra de Defensa Margarita Robles en sus declaraciones públicas ha afirmado el compromiso de las Fuerzas Armadas con nuestra bienamada Constitución.

Los medios de comunicación han apuntado al General Mena como impulsor del mensaje proponiendo tan expeditiva solución final a los peligros que, según ellos, aquejan a nuestras tierras, señalando que dicho militar fue obligado a pasar a la reserva tras pronunciar un discurso en la pascua militar de 2006 (siendo presidente Zapatero), apostando por la solución militar si el Estatut de Catalunya sobrepasaba determinados límites. Parece que el uniformado en cuestión se dedica en la actualidad a entonar en público con hondo sentimiento el himno religioso-militar la muerte no es el final, y a animar el cotarro propugnando en redes sociales la eliminación de la mayoría de la población, algo que ni el propio Hitler se atrevió a afirmar.

Es cierto que no parece que se haya investigado si en esa lista de wasap hay militares en activo, ni se ha profundizado si, tras el retiro de militares como Mena que tenían mando en tropa hace, en términos históricos, cuatro días, ha habido cambios significativos en los temarios impartidos en las academias militares que induzcan a pensar que la ideología mayoritaria de los uniformados en activo es sustancialmente diferente a la de los jubilados, pero ello parece carecer de importancia.

También se ha pasado de puntillas sobre la reciente destitución del Jefe de Estudios de la Escuela Naval de El Ferrol por celebrar la efeméride del hundimiento de un submarino “de rojos” en la guerra civil, aunque esos sucesos apuntan a que las ideas de los que chatean sobre la eliminación física de millones de personas no son tan del pasado como se nos quiere señalar puesto que personas como ésta tienen a su cargo la formación de futuros oficiales de las fuerzas armadas.

Pero es que, además, la Ministra Robles no miente si afirma que la mayoría de los militares están comprometidos con la Constitución del 78, puesto que sugerencias como la efectuada por Mena y sus compañeros se ampara, si bien de un modo abrupto, e el mandato contenido en el artículo 8 de ésta, que señala que las fuerzas armadas deben defender “la integridad territorial” de España, lo que puede interpretarse como un derecho a la intervención en caso de un proceso soberanista que amenace dicha integridad.

Tampoco es extraño que un numeroso grupo de miembros de las Fuerzas Armadas hayan dirigido una carta al Rey Felipe, expresando su preocupación ante la actual situación política, ya que el monarca es el mando supremo de los tres ejércitos, tal como señala el artículo 62.h) e la propia Constitución, y como tal ejerció el propio Rey en su famoso discurso pronunciado a fines de 2019 amenazando al pueblo catalán si persistía en su proceso independentista. Seguramente el monarca se haya sentido en el fondo halagado cuando sus subordinados recurren a él para expresar esta y otras preocupaciones, y por ello hay pasado de puntillas sin mencionar el tema en sus últimos discursos; el de Navidad y el de la Pascua Militar. Alguien dirá que bastante tiene con lo de su padre, y seguramente tendrá razón, para preocuparse por un asunto menor como es el gasto propuesto de 26 millones de balas en plena crisis económica.

Vengo a tranquilizar en cualquier caso a quienes se puedan sentir potenciales destinatarios de uno de esos proyectiles afirmando que, en estos momentos, los intereses económicos de la oligarquía no parecen estar tan el peligro en estos lares como para que se plantee seriamente la solución militar.

Hemos de recordar, aunque este no sea un artículo de memoria histórica, los sucesos del 23 de febrero de 1981, periodo en el que se debatió largo y tendido sobre el papel de la milicia y su tradición golpista.

El libro “La alternativa militar”, suscrito por José Luis Morales y Juan Celada, señala como la intentona golpista protagonizada por Tejero y Milans del Bosch, entre otros, es un intento de adelantarse a un proyecto de formación de un gabinete cívico-militar o de salvación nacional, que encabezaría Alfonso Armada, Marqués de Santa Cruz de Ribadulla y exsecretario general de la Casa Real (persona muy próxima por tanto al Rey Juan Carlos), en cuya gestación estaban implicados, y sonaban como ministrables), los socialistas Javier Solana y Enrique Múgica. El texto se hace eco de cierta reunión celebrada en Lleida en octubre de 1980, siendo anfitrión el que fuera alcalde de esa ciudad Antonio Ciurana, en la que participaron el propio Armada, Múgica y el entonces secretario general del PSC Joan Raventós, donde se pergeñó ese proyecto que los autores del libro denominan “operación De Gaulle”, y en la que se habló de futuras carteras ministeriales, incluyendo al entonces miembro del PCE Ramón Tamames.

Según los autores, el golpe del 23F fue un intento de los sectores más abiertamente fascistas a adelantarse a ese golpe blando, concluyendo que, tras el fracaso oficial del golpe de estado, se abrió una tercera vía, que fue la materialización del programa político del golpe blando, pero con un gobierno monocolor. En este sentido, la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, para cerrar el paso a veleidades independentistas, la entrada en la OTAN y en la entonces Comunidad Económica Europea, y las normas de choque contra las actividades de grupos armados fueron la hoja de ruta que en los siguientes años recondujeron, acorde a los intereses del capital hegemónico y los deseos militares, aquellos tiempos tan convulsos.

Se puede debatir largo y tendido sobre lo acertado de las afirmaciones contenidas en dicho libro, pero baste decir que, al menos que yo sepa, los autores del mismo no se vieron envueltos en ningún proceso judicial por tales afirmaciones, ni dicho texto fue secuestrado, algo bastante común en aquellos tiempos.

Este paréntesis histórico ilustra sobre como, para el poder económico-financiero, la línea divisoria entre democracia y dictadura es muy delgada, siendo fundamental la preservación del poder y secundario por tanto las formas de que se doten a tal fin.

A modo de ejemplo, en el diario ABC del 7 de diciembre de 2020, (en la página 3 que es la mejor, según afirman los profesionales del periodismo), se publicó una colaboración suscrita por Florentino Portero, analista internacional e Investigador del Real Instituto Elcano, llamado “la farsa bolivariana”, sobre el proceso electoral recientemente culminado en ese país, en el que se señala que “Solo …la presión sobre las Fuerzas Armadas, respaldadas por un buen trabajo de los servicios de inteligencia, podrían alterar el curso de los acontecimientos, devolviendo a los venezolanos su condición de ciudadanos”. El autor de dichas líneas, tras constatar el fracaso de los planes de Washington sobre Venezuela (el esperpento de la autoproclamación de Juan Guaidó), apuesta directamente por una solución golpista.

Que un organismo tan importante como el Real Instituto Elcano formule tales propuestas ilustra claramente sobre lo antes afirmado; en Venezuela si están en peligro intereses claves para la oligarquía, como es el petróleo, y, por tanto, el recurso al golpe de estado es algo que se baraja cuando el devenir de los acontecimientos en ese país no es acorde a dichos intereses.

No es el caso de aquí, al menos en mi opinión, si bien estos ruidos de sables tienen la utilidad, en un momento de crisis económica y social, de autolimitar las expectativas populares por el miedo al golpe. En este sentido, del mismo modo que en la transición se afirmaba que no se podía avanzar en las luchas sociales por el peligro a un pronunciamiento militar, en estos tiempos agitar el fantasma de un nuevo “tejerazo” sirve como coartada para quienes, recién ascendidos a las poltronas, nos repiten machaconamente que no hay condiciones para una transformación social profunda y debemos tener paciencia infinita. La sombra del golpismo es la propia sombra del poder e, históricamente, solo arrebatar dicho poder puede debilitar dicha amenaza.

 Francisco García Cediel