Se retrasa la edad de jubilación

El gobierno ha anunciado en el día de hoy que se va a proceder a iniciar el trámite para retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años, iniciado a tal fin el trámite parlamentario para adoptar la correspondiente modificación legislativa.

Se reabre un debate que tuvo mucha relevancia en los años 90 del siglo pasado, y que produjo inquietud y desasosiego en amplios sectores de la población El argumento utilizado (antes y ahora) es bastante simple: la población del estado español envejece tan rápidamente que, en el futuro, las pensiones corren peligro porque cada trabajador con empleo tendrá que soportar a un número excesivo de jubilados.

La controversia de entonces quedó sepultada bajo el peso de millones de inmigrantes que, en unas condiciones ciertamente penosas de precariedad y sobreexplotación, vinieron a rejuvenecer la población en edad laboral, y a incrementar la natalidad como un augurio de que no faltaría en un futuro más o menos inmediato fuerza de trabajo cuyas cotizaciones contribuirían a sostener el sistema de pensiones, y a contrarrestar el envejecimiento de la población nativa.

La crisis estructural del sistema, que algunos denominan tan solo financiera, con un incremento casi exponencial del desempleo, ha puesto fin a la tregua y de nuevo salta a la palestra el problema de fondo, la viabilidad del propio sistema de pensiones, al menos en los parámetros en los que se ha movido dicha prestación.

Porque, en primer lugar, la controversia, aunque planteada en unos términos pretendidamente objetivos, no deja de ser un debate falsario y viciado.

La argumentación esgrimida por el gobierno, precisamente por su aparente sencillez, está plagada de falacias. Se afirma que la población está envejeciendo, debido al aumento de la esperanza de vida de la población: según estadísticas del CSIC, en la actualidad, la población mayor de 65 años representa aproximadamente 25% de la comprendida entre 15 y 65 años, mientras que en el año 2026, será aproximadamente del 33%, todo ello si contar la influencia flexible de los flujos migratorios, elemento que no se tenía en cuanta cuando se debatió al respecto en los años 1994 al 1996 (con estadísticas alarmistas incluidas), y cuya realidad echó por tierra dichas previsiones.

Pero, aún dando por buenas dichas previsiones, el problema bien enfocado se reduce a transferir una parte de la renta generada por la población en edad laboral a la población que la ha traspasado. Pero de ellos no se infiere que el sistema de protección social sea insostenible, puesto que existe un enorme crecimiento potencial del producto social.

El alto nivel de paro y el crecimiento de productividad inducido por la ciencia y la técnica proporcionan la posibilidad de cubrir sin problema alguno las necesidades de todos los ciudadanos.

Es posible que a partir de ahora hubiese que dedicar más gastos en términos absolutos para garantizar los medios de vida de los jubilados, pero en términos del PIB no tendrían que aumentar ni en el inmediato futuro ni a largo plazo si se activan los muchos recursos ociosos disponibles. Todo depende de la evolución de la economía, en lo que se refiere al año 2010, y el modelo social que se implante, en lo que atañe al más lejano 2060.

Dicho en términos más claros; Las previsiones alarmistas se basan, en primer lugar, en el mantenimiento de un sistema social similar al actual, en el cual en primer lugar el estado establezca unas prioridades presupuestarias parecidas a las actuales, en el cual, por ejemplo, los gastos militares, directos o enmascarados como “investigación” militar, se mantengan en los porcentajes exorbitantes que rigen actualmente, lo que impediría liberar recursos para atender a la mejora de las condiciones de vida de la población. Pero, en segundo lugar, tales proyecciones de futuro parten de la base de un mantenimiento estructural de un nivel de desempleo y subempleo alto, ya que la tan cacareada “superación de la crisis”, en los términos en los que se anuncian por los propagandistas del sistema, generaría un incremento de la población ocupada que aseguraría la viabilidad del sistema.

Por tanto, las previsiones catastrofistas se basan en el mantenimiento intacto de una estructura económica basada en un alto porcentaje de paro estructural, y con unas prioridades presupuestarias del estado análogas a las actuales.

La trampa se cierra para los sectores trabajadores si analizamos las consecuencias de la medida anunciada, a la luz de la realidad socioeconómica.

En la actualidad, la edad de jubilación, entendida como aquella edad en la que una persona puede dejar de trabajar percibiendo potencialmente una pensión sin un significativo coeficiente reductor, está establecida a los 65 años. A este respecto, la jubilación está configurada legalmente como un derecho, no existiendo impedimento teórico a que una persona decida prolongar su edad laboral hasta, por ejemplo, los 67 años, si tiene trabajo, pero la llamada genéricamente “edad de jubilación” es aquella a la que una persona, si ha cotizado lo suficiente, puede obtener una pensión que le permita mantenerse.

Pero, en la práctica, por la propia dinámica del sistema capitalista, muchas personas dejan de trabajar a una edad más temprana, a través de las llamadas prejubilaciones o bajas incentivadas o bien por la actuación de las empresas a través de los despidos (disciplinarios u objetivos), cuya lógica es desprenderse de la mano de obra veterana, con altos costes laborales (plus de antigüedad, derechos adquiridos, etc), en pro de nuevas contrataciones más baratas y precarias, amortizando en poco tiempo las indemnizaciones abonadas por tales extinciones.

En épocas de crisis la destrucción de empleo por expedientes de regulación, bajas incentivadas, etc., ha alcanzado a gran cantidad de trabajadores, pero, incluso en periodos de aparente bonanza económica, las fusiones bancarias, los planes de reestructuración de sectores como telefonía, ferroviario, etc., han generado bolsas significativas de personas que no realizan ninguna actividad productiva, si bien hemos de decir que en muchos casos estas personas están acogidos a planes de pensiones que les permiten mantener en gran medida la esperanza de una jubilación digna, en términos económicos.

Pero, en paralelo a esto, existe una importante cantidad de trabajadores que, en situación de desempleo involuntario a partir de los 50 años, tienen muy pocas esperanzas de encontrar empleo, por lo que, pese a que sobrevivan con la prestación de desempleo y el subsidio especial para mayores de 52 años, se jubilan anticipadamente antes de llegar a los 65 años.

La concreción de tales consideraciones es que la edad media de jubilación en el Estado español es poco más de los 63 años (por cierto, la más alta de la Unión Europea).

La consecuencia de todos estos casos es que, al computarse en el momento de jubilarse las bases de cotización de los últimos 15 años cotizados, y pese a que la prestación por desempleo y el subsidio especial para mayores de 52 años se entiende como situación asimilada al alta a efectos de cómputo como periodo cotizado, debido a que la cuantía de tal cotización queda congelada sin actualización, en un periodo en el que un trabajador en activo vería incrementada su base de cotización por la subida de los Convenios Colectivos y los complementos de antigüedad, lo cierto es que el desempleo previo a la jubilación hace que la pensión que obtiene es sensiblemente inferior a la que le podría haber correspondido de haber seguido en activo.

A ello hemos de añadir que, al jubilarse anticipadamente, la Seguridad Social le reduce la cuantía de su pensión hasta un 8% por cada año que le falte, en el momento de jubilarse, para llegar a la edad de jubilación.

Así por ejemplo, un trabajador que se jubile con 61 años, y que haya cotizado 30 años, vería reducirse su pensión en un 32%.

Toda esta prolija explicación viene al caso por cuanto el que suscribe estas líneas considera que aumentar la edad de jubilación equivale de facto a reducir las pensiones de un importante número de personas, al incrementarse el número de personas que llegarán a la edad de jubilación en situación de desempleo viéndose por tanto forzado a jubilarse anticipadamente, con la correspondiente merma de su pensión.

Porque suponer que a tal medida se acompañará alguna que merme la capacidad empresarial de despedir a los trabajadores cuando consideren que por razones de edad no son útiles para la producción se antoja un tanto utópico.

La medida afectará sin duda al incremento de los planes privados de pensiones, para aquellas personas que puedan permitírselo, a fin de intentar asegurarse unos ingresos adicionales tras la jubilación, incrementando el pasivo de la Banca que tan necesitada está de fondos en la actualidad.

Igualmente, esta medida contribuirá a la contención del gasto público, objetivo anunciado ahora como prioritario por el gobierno Zapatero, que para cualquier observador medianamente sagaz significa reducir derechos y prestaciones a las personas trabajadoras.

En resumen, el Gobierno, amparándose en la proyección de que la población experimentará un envejecimiento relativo en el futuro, ha iniciado una nueva fase de la ofensiva restauradora del capitalismo, con el más que previsible apoyo de las centrales sindicales mayoritarias en el llamado “dialogo social”, lo que llevará sin duda a la reducción de los salarios (denominada eufemísticamente contención salarial) y el probable abaratamiento del despido.

Si añadimos a lo anterior, la contrarreforma fiscal ya iniciada en algunas comunidades autónomas (reducción del impuesto de sucesiones), más las privatizaciones y recortes en servicios sociales, hemos de concluir que, tras un paréntesis, de nuevo es el sistema de protección social el que está en el punto de mira.

Su desmantelamiento es un campo de enorme interés para el capitalismo, lo que explica las fuerzas implicadas y la contundencia de la campaña emprendida. La reducción de las pensiones determina una elevación de la tasa de beneficio, abre nuevas oportunidades de negocio para el capital privado y refuerza el individualismo y la inseguridad, tan apreciados por las concepciones liberales. Por otra parte, es una forma directa de atajar el déficit público y una vía fácil de recuperar la competitividad a costa del bienestar general.

A largo plazo, el problema es evitar que el estado español se dirija hacia la sociedad de paro, exclusión y desprotección social a la que le conduce el capitalismo.

Iniciativa Comunista
http://www.iniciativacomunista.org/venceremos/spip.php?article678