Vivienda social: ¿el final del austericidio?

Según un Informe de enero de 2025 sobre la situación de la Vivienda Social en el Estado español, mientras en el año 2008 (crisis financiero inmobiliaria) se construían en España unas noventa mil viviendas protegidas, el año 2017 lo hacían menos de diez mil y aún en 2023 apenas superaban las diez mil[1]. Sobra decir que la demanda de vivienda asequible no hizo más que crecer a lo largo de estos años de salida de la Gran Recesión.

Me propongo cuantificar brevemente el déficit anual que debiera acometer una empresa pública de la vivienda (realmente 'socialista') que puntualmente, y para arranque del Plan, pudieran añadirse a las 40.000 viviendas que pasan de la SAREB a una Empresa Estatal de Vivienda y Suelo que se crea este año 2026. Porque ni para los trabajadores que se incorporan al sector público ni para muchos otros sectores (turismo, cuidados, dependencia, etc.) los promotores privados y los bancos son capaces (o tienen voluntad) de enfrentar una oferta adecuada en cantidades y precios[2].

En estos últimos años se ha hecho nueve veces menos esfuerzo que antes de la crisis en vivienda social lo que, a lo largo de estos últimos quince años ha provocado una bolsa de demanda[3] para la que es inviable la compra en el mercado libre (que en cualquier caso está bajo mínimos) con lo que se obliga a estos ciudadanos a caer en manos de la especulación de alquileres (condicionados por el mercado turístico) o aceptar opciones de infra viviendas (por habitaciones por ejemplo, nuevos chabolismos o 'nomadlands').

Un mercado aún más tensionado si cabe por la no remuneración del ahorro en el sistema bancario lo que, en consecuencia, incentiva la inversión especulativa en vivienda (por ejemplo de segunda mano para alquilar). Con derivadas colaterales muy problemáticas como la gentrificación del centro de nuestras ciudades y una dispersión residencial que es insostenible en términos de movilidad y de dotación de servicios urbanos de calidad.

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA VIVIENDA PROTEGIDA EN ESPAÑA

Fuente: Ministerio de la Vivienda (2025: 16)

El resultado de este austericídio en el (supuesto) esfuerzo público para vivienda social (mientras nos han endeudado por miles de millones para rescatar al sistema bancario) es un parque de apenas seiscientas mil viviendas para alquiler social, lo que supone un 3,3 % del total de viviendas cuando la media europea se sitúa en un 8 %.

Converger con la media europea[4] supondría pasar de 600.000 a 1.500.000 viviendas para alquiler social, lo que obligaría a concretar un plan para generar un millón de viviendas en los próximos diez años. Serían cien mil nuevas viviendas al año para alquiler social frente a las apenas diez mil del año 2023. Algo perfectamente posible, pues ese era el nivel de construcción de vivienda protegida en los años previos a la crisis financiero-inmobiliaria en España (véase de nuevo el gráfico inicial).

Esto ha de conseguirse incrementando el esfuerzo inversor en esta política (vivienda social) porque entre los años 2007-2021 mientras que en el conjunto de la Unión Europea se invirtieron 160 euros por habitante en el Estado español la cifra fue de 34 euros por habitante. Siendo necesario, por tanto, quintuplicar el esfuerzo inversor que se viene haciendo en vivienda social para igualar al realizado en la media[5] de la UE.

Con estos sencillos -y penosos- datos de contexto es posible evaluar una cierta hoja de ruta que pretenda enfrentar la brecha acumulada en este asunto desde el año 2008. Así el Plan Estatal de Vivienda (2026-2030) con su objetivo de menos de ciento treinta mil viviendas protegidas en cinco años se queda muy lejos del más de un millón que serían necesarias para alcanzar parámetros europeos medios en este crucial asunto en una década.

Porque se traducen en unas veinticinco mil viviendas al año que están muy por debajo de las cien mil necesarias según los cálculos de convergencia con la media europea, y muy lejos también del ritmo histórico que entre 2005-2008 había alcanzado la construcción de vivienda pública en España[6]. Se trata de hacer lo que ya se hizo -y se había dejado de hacer-, no de adentrarse en terrenos utópicos o ilusorios. Cierto es que ahora volcando el esfuerzo total hacia el alquiler y no a la venta.

Con una cifra de siete mil millones de inversión[7] para los próximos cinco años el Plan también se queda muy lejos de lo que sería preciso para igualar el esfuerzo medio de la UE (tanto en euros por habitante como en porcentaje del PIB), pues para lograrlo el esfuerzo tendría que ser seis veces superior.

Para no hacerlo no vale escudarse en restricciones fiscales o de déficit público (especialmente en un gobierno 'socialista'): que se acometa una reforma tributaria de carácter progresivo especialmente sobre las rentas que no son de trabajo. Estamos ante una buena ocasión para demostrar que se toman en serio el derecho constitucional a la vivienda (art. 47) y en serio el considerarlo como "quinto pilar del Estado de Bienestar" como sostiene el actual Gobierno. Una ausencia que está corroyendo singularmente las condiciones de vida de los más jóvenes[8].

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Notas

[1] Con un sesgo suplementario problemático: que la insuficiencia cuantitativa se agrava con el hecho de que el 80% de las viviendas protegidas son para la opción de compra y no para alquiler. Un asunto crucial que debiera revertirse.

[2] Mientras que la ampliación de plazos de alquiler y el límite de los mismos no deja de ser un parche coyuntural. Sobre el vector turístico: https://www.sinpermiso.info/textos/crecimiento-economico-espanol-turismo-y-vivienda

[3] El total de demandantes de vivienda social en el año 2023 en el conjunto de España según el informe que estoy citando (tabla 4.3.) se acercaba al medio millón de inscritos en el registro correspondiente de las CC.AA..

[4] También permitiría converger en viviendas de alquiler social por cada cien habitantes.

[5] También como porcentaje del PIB: se trata de pasar del 0,14 % de los últimos años a un 0,54 %. Porcentajes que, como se ve, se sitúan en niveles muy inferiores a los gastos en intereses de la deuda, en defensa o de los gastos y beneficios fiscales para empresas o entidades financieras. Unos porcentajes para vivienda que no parecen a la altura del "quinto pilar del Estado de Bienestar" tal como lo califica el Ministerio de la Vivienda.

[6] El presidente concretó (febrero, 2026) una cifra de 15.000 viviendas anuales muy por debajo de las 40.000 citadas.

[7] Cifra que supone un 0,4 % del PIB para cinco años, un 0,08 % del PIB anual. Pasar a un 0,5 % anual (porcentaje medio en la UE) supondría invertir en vez de 7000 millones en el quinquenio unos 42000 millones.

[8] Me ocupaba de esto aquí: https://sinpermiso.info/textos/las-consecuencias-sociales-de-no-contar-con-un-parque-publico-de-vivienda-para-alquiler

Sinpermiso / La Haine