¿Estado de derecho?

Mogollón de gente vive tristemente y van a morir democráticamente, y yo no quiero callarme. 

Ellos dicen mierda La polla Records.

Tras permanecer en prisión desde el pasado 10 de julio, el día 18 de éste mismo mes se ha concedido el tercer grado penitenciario a las 6 de la suiza, lo que implica régimen abierto de tal modo que solo tendrán que pernoctar en la cárcel varios días a la semana. Queda pendiente, al publicarse estas líneas, las peticiones de indulto presentadas en relación a las condenadas.

Diversas organizaciones sindicales, un número significativo de juristas e incluso la Comunidad Asturiana han solicitado el perdón a un atribulado Gobierno estatal, como último cartucho para para estas personas tras agotarse los recursos judiciales. Incluso, la vicepresidente Yolanda Díaz se ha comprometido a impulsar dicha petición.

Da cierta tristeza que haya que apelar a una medida de perdón, aludiendo a problemas personales y responsabilidades familiares de algunas de las condenadas para intentar sustraerlas de la consumación de la represión institucionalizada por el delito de hacer sindicalismo aunque, como dijo aquel, todo vale en el amor y la guerra.

Mientras tanto, en este julio de 2025, los sectores mayoritarios de la judicatura y fiscalía, que miran con lupa cualquier convocatoria de huelga de la clase trabajadora, se embarcan en un paro sin cobertura legal cuestionando una reforma gubernamental cuyo objetivo declarado es democratizar el acceso a la judicatura a fin de que personas que no pertenecen a las élites económicas puedan acceder a la magistratura y el ministerio público.

Sin defender el proyecto del Gobierno (no lo he leído con detenimiento), lo cierto es que la convocatoria togada no cumple ni por analogía los requisitos que el Real Decreto Ley 17/77, de Relaciones de Trabajo, que regula el derecho de huelga, para que ésta sea válida, al estar expresamente prohibidas las huelgas políticas.

Pero claro, no es lo mismo mandar a los antidisturbios a cargar contra jueces, magistrados y fiscales que hacerlo con la metalurgia de Cádiz o Cartagena, cuyo derecho a la protesta no es de facto merecedor de tanta protección.

No seré yo, si se me apura, quien se manifieste en contra del derecho de huelga de ningún colectivo, esté o no regulado, pero causa fatiga mental las constantes apelaciones del poder judicial al estado de derecho, mientras se lo saltan a la torera.

Dicha invocación es un mantra que se repite machaconamente por parte de todos los llamados poderes públicos como argumento de autoridad, para sacralizar toda decisión, incluyendo las más dudosas y arbitrarias.

Existen multitud de definiciones de estado de derecho, aludiendo a los siguientes requisitos: sistema que consagra la igualdad ante la ley, separación de poderes, principio de legalidad y protección judicial frente al uso arbitrario del poder. Para no hacer trampas, algunas definiciones (dice la inteligencia artificial), incluye también como requisito la protección de los derechos humanos.

Desmenuzando la propia definición, el primer elemento igualdad ante la ley, no resiste ni un somero análisis ni la intuición; cualquier persona que haya acudido a juzgados y tribunales sabe, incluso por instinto, que las posibilidades de amparo en dichas instancias tienen un decisivo sesgo de clase. Si comparamos las condenas a miembros de los consejos de administración de las empresas del IBEX35 con las dictadas en el marco de los desahucios de viviendas, podemos llegar a dos conclusiones; o son más delincuentes quienes se oponen a que sus convecinos se vayan a vivir bajo un puente o la justicia no es igual para todas.

Lo dijo hace un tiempo el hoy Presidente del Tribunal Constitucional Conde-Pumpido: la justicia penal está hecha para perseguir a quien roba una gallina.

Respecto a la separación de poderes, aunque no me gusta citarme a mí mismo, señalar que hace un tiempo escribí sobre como dicha división formal choca con la naturaleza del poder, de modo que los tres poderes (válgame la redundancia), formalmente independientes, obedecen a la defensa de los mismos intereses de clase. Hace ya bastantes años, el periodista ya fallecido Álvarez Solís expuso en una charla que el poder judicial fue el refugio, en la Francia de finales del siglo XVIII, de los intereses de los restos del antiguo régimen debido a la extracción elitista de la magistratura.

Tenga o no razón D. Antonio hemos de convenir que en estos tiempos azarosos en los que se pone en cuestión el aforamiento de los parlamentarios debido a los casos de presunta corrupción que se difunden masivamente, los representantes del poder judicial no critican su propio aforamiento, que no deja de ser un privilegio que puede obstaculizar investigaciones sobre actuaciones presuntamente delictivas de dicho estamento.

El poder se defiende a sí mismo y protege a sus empleadas/os.

En cuanto a la defensa de los derechos humanos que dice la I.A. que es característica de un estado de derecho, hemos de darle una pensada histórica. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (Paris 10 de diciembre de 1984), fue un acuerdo de las potencias vencedoras de la II Guerra Mundial, que consagraba una serie de principios que lógicamente no voy a cuestionar, pero que consagraba un punto de consenso de las potencias firmantes.

El problema fue que no se contemplaron una serie de derechos de carácter social que la URSS y otros países intentaron introducir en el texto o a través de una segunda declaración. Sobre esto no hubo acuerdo.

Por ello, derechos como el de un trabajo y vivienda digna, de carácter también universal, no están defendidos con carácter preferente frente a la voracidad de los intereses empresariales.

Dicho esto, tampoco los Derechos Humanos suscritos en 1948 están ahora cabalmente defendidos (que le pregunten al pueblo palestino). Lo decisivo no es la enumeración de un derecho, sino que haya jueces y, sobre todo, gendarmes que velen eficazmente por su respeto. Al defender los derechos humanos, no es lo mismo invocarlo en favor que en contra del poder (económico, por supuesto). Pasa lo mismo con los derechos de reunión, expresión, huelga, etc., ni es igual remar a favor que en contra del sistema; las consecuencias de los versos de Pablo Hasel o Valtonic no son las mismas que las declaraciones, no voy a poner ejemplos, equiparando a migrantes con delincuentes.

El mundo es así, si Arabia Saudí saca troceado a un periodista crítico de su embajada en Estambul, ello no es óbice para que el Estado español contrate las obras del AVE en dicho país: Nadie es perfecto, que decían en con faldas y a lo loco (Billy Wilder), este es el lema del empresariado.

Dicho todo esto, no hemos de confundirnos; el hecho de que la reforma anunciada por el Gobierno del acceso a la judicatura y la fiscalía manifieste que su objetivo es democratizar dichas instituciones, no significa que dicha aspiración se consiga con la implementación de tales medidas. Sabemos por experiencia la capacidad que tiene el poder para abducir a personas de origen obrero y popular para su proyecto socioeconómico. Es la famosa frase; si no vives como piensas terminas pensando como vives.

En cualquier caso, me la juego, prefiero que, en caso de ser procesado, me juzgue alguien que no haya aprobado una oposición.

Está en marcha un proceso en México de elección por sufragio universal de jueces. Los medios o bien lo han silenciado o han puesto el énfasis en que, con este mecanismo, por ejemplo una abogada de narcotraficantes o corruptos podría acceder a la judicatura.

¿El sistema actual en el Estado español garantiza que nadie con lazos familiares con narcos, defraudadores fiscales, accionistas de fondos buitre, altos cargos de empresas responsables de los llamados accidentes laborales, pueda acceder a la judicatura? ¡No seamos ingenuos!

Sin creer que la elección popular garantice la defensa de las personas que acuden a los juzgados cuando consideran que han sido agredidas, al menos el proceso mexicano es un intento en la buena dirección, acercando el poder judicial a los valores, aunque también a los prejuicios, de la sociedad a la que dicen servir.

Acabo de leer que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha ratificado la procedencia del despido de un trabajador de Alcelor Mittal por bailar con soltura estando de baja. La sentencia dice bailaba con una mujer dando giros, arqueos de ambas rodillas y latigazos hacia atrás con las pantorrillas. Parece que tampoco tenemos derecho al ocio.

frenteantiimperialista.org