Argentina: Milagro Sala lleva 3500 días presa

El sábado pasado se realizó una caravana en la que participaron diferentes organizaciones y personalidades políticas. Salió de la PLaza de los Dos Congresos, pasó por el domicilio donde se encuentra detenida la ex presidenta, Cristina Fernández, y luego se dirigió a La Plata, a la casa donde cumple su detención domiciliaria la referente de la organización Tupac Amaru.
En mayo la Corte Suprema había confirmado la condena de Milagro Sala a 15 años de prisión por amenazas, asociación ilícita, fraude contra la administración pública y extorsión.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que era “inadmisible” el recurso extraordinario presentado por la defensa de la líder de la agrupación Tupac Amaru.
La primera de las causas se inició el 13 de octubre de 2014, y fue confirmada por la Corte en 2021, cuando se la investigó por dos llamadas telefónicas de contenido amenazante.
Al oficial que lo atendió le dijo que restituyera unas prendas de vestir secuestradas a una persona cercana a la dirigente. Cuando le respondieron con una negativa, la entonces diputada provincial le advirtió al policía: “son una manga de maricones, van a tener noticias porque voy a poner una bomba y voy a hacer volar a todos”.
El segundo llamado fue recibido directamente por el comisario en su celular. “Son una manga de incompetentes, cuando le ponga yo una bomba me van a conocer a mí. Los voy a hacer mierda, ya me van a conocer”.
La segunda de las causas corresponde al expediente en donde Sala fue acusada de ser jefa de una asociación ilícita que funcionó entre 2013 y 2015. A través de las actividades de la organización barrial Tupac Amaru, se habría perjudicado al Estado Nacional, a través del desvío de fondos públicos destinado a la construcción de viviendas sociales.
En 2019, el Tribunal en lo Criminal 3 de Jujuy la condenó a la pena de 13 años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta por el mismo término. El fallo quedó firme el 15 de diciembre de 2022 cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el planteo de la defensa.
“Respecto del agravio por el que se aduce la vulneración del principio de publicidad del juicio, y por medio del que se propugna su nulidad, ha de concluirse que tal planteo solo refleja disconformidad con el modo en que se resolvió regular lo relativo a la asistencia y difusión del juicio, sin que se haya demostrado arbitrariedad o afectación a garantía constitucional alguna”, sostuvo la Corte en dicho fallo.
Actualmente, Sala se encuentra con prisión domiciliaria hace 9 años.
Sala, además, espera la resolución del expediente conocido como “la megacausa”, donde la Corte ordenó que la Cámara Federal de Casación Penal vuelva a pronunciarse sobre si otro de los expedientes contra Sala debe tramitar en la justicia de Jujuy o Comodoro Py, como reclaman cuatro acusados.
En esta causa se investiga a Sala, al exgobernador Eduardo Fellner y al ex secretario de Obras Públicas, José López, por el desvío millonario de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales.
Según la fiscalía jujeña, para lograr realizar el millonario fraude, Sala contó con la anuencia y activa colaboración del entonces gobernador, quien a través del diseño de una estructura estatal destinada a descontrolar los fondos que ingresaban a la Provincia desde Nación, posibilitó que se llevara a cabo el fraude.
El caso se instruyó en los tribunales jujeños, pero desde el inicio del expediente los ex intendentes Julio Carlos Moisés, Gabriel Nilson Ortega, Alberto Faustino Ortiz y la escribana Claudia Alicia Trenque, imputados en la causa, reclamaron la inhibitoria del fuero provincial y que el caso pasara a la órbita de la justicia federal.
El caso fue enviado por sorteo al juez federal Julián Ercolini, quien no aceptó la competencia, motivo por el cual la Corte ordenó el dictado de una nueva sentencia.

¿Quién es Milagro Sala?

Sala es la principal referente de la Organización Barrial Tupac Amaru (OBTA), una organización que surgió como frente barrial de la CTA en la provincia de Jujuy hacia finales de los años noventa, en el contexto de la política de privatizaciones y despidos masivos en la región, como consecuencia de la aplicación del plan de ajuste del FMI bajo el gobierno Menem.
El trabajo social de la de la OBTA comenzó con la provisión de copas de leche para las y los niños de trabajadores desocupados, y continuó desarrollándose como un importante elemento de intervención política y organización social en el barrio, en los años siguientes.
Con el ascenso del kichnerismo al poder político, la Tupac, al igual que muchas otras organizaciones sociales a lo largo y ancho del país, comenzaría a recibir financiamiento directo del Estado Nacional, sin necesidad de la intermediación de los gobiernos provinciales. Esto permitió a la organización expandir su trabajo social y político a otros ámbitos, logrando así construir un poderoso aparato que la convertiría en el referente fundamental de la organización popular en Jujuy.
Con el apoyo de fondos estatales se establecieron fábricas textiles, de materiales de construcción y otros ramos productivos. Construyeron seis fábricas que para 2009 empleaban a aproximadamente 600 ex desocupados de la provincia.
Las fábricas de materiales de construcción potenciaron el trabajo de construcción de viviendas y barrios obreros enteros, una política que se convertiría en un símbolo central de su actividad. Organizando cooperativas de vivienda lograron construir miles de viviendas a todo lo largo y ancho de la provincia, empleando tres veces más trabajadores que cuando eran construidas por empresas privadas, y casi un 30% más económicas en los costes de venta.
Todos los barrios que habían construido tenían piletas de natación, así como un mini mercado, telecabinas, cibercafé, y polideportivo con canchas de fútbol, básquet, hockey y rugby.
Asimismo, habían construido cuatro instituciones educativas: dos escuelas primarias, una secundaria y una terciaria, atendiendo a miles de estudiantes, niños, jóvenes y adultos de la comunidad; y dos centros de salud, que atienden una serie amplia de patologías.
Este breve recuento sobre el enorme trabajo social que ha empujado durante años la Tupac, para mejorar las condiciones de vida de las masas trabajadoras de la provincia, generando a su vez un importante saldo político organizativo en la comunidad, nos permite entender por qué el gobernador Morales y el aparato de la justicia provincial atacaron con tanta virulencia a esta organización.
La Tupac llegó a convertirse en su momento de mayor auge, en uno de los tres primeros empleadores de la provincia. Una enorme corporación de trabajo local independiente del Estado regional, con una tradición histórica de luchas populares, forjada al calor de los enfrentamientos entre las masas trabajadoras y los gobiernos locales de los 90.
Además, quienes acusaron a Sala de corrupta, por ejemplo, el gobernador Morales o sus allegados, hicieron negocios millonarios con los planes de vivienda en la provincia.
Una investigación del periodista Franco Mizrahi dio a conocer cómo los hermanos del ex gobernador Morales, Freddy Morales - ex secretario de gobierno- y Walter Morales - ex cabeza del Instituto Regional de Vivienda-, compraron 150 hectáreas al Banco de Jujuy por 720.000 pesos y las revendieron meses después al Estado provincial por un momento de 30 millones de pesos, a fin de ser utilizadas en un plan regional de vivienda.

El ataque a la Tupac trata también de cómo la banda Morales y allegados junto a los empresarios del sector inmobiliario y de la construcción en la provincia, hicieron de los planes de vivienda jugosos negocios.
El ex presidente, Alberto Fernández, declaró ante un fallo anterior de la Corte Suprema, que había ratificado el carácter provincial y no federal de la causa. Sobre la base de ese argumento, se excusó señalando que constitucionalmente seguía sin estar facultado para otorgarle el indulto: “La solución no pasa por el indulto, la Constitución me lo prohíbe, con mucho pesar”. Luego elevó una solicitud al gobernador Morales (sic), proponiéndole que, si no desease indultarla, bien podría conmutarle la pena, por los años que estuvo detenida arbitrariamente.
Parece que el presidente no escuchó las declaraciones de Morales justo después del fallo de la Corte Suprema, cuando aclaró que no otorgaría el indulto a Sala y solicitó que se le retire el beneficio de arresto domiciliario y sea pasada a una cárcel común.
Hay sectores de la dirección del Frente de Todos que desde el principio han estado absolutamente de acuerdo con la política de disciplinamiento y desmantelamiento de las organizaciones obreras. Basta con recordar las palabras de Sergio Massa, ex candidato presidencial, durante una entrevista con Mirtha Legrand en 2016 sobre la detención de Sala. En aquella oportunidad Massa señaló su apoyo a la política de Morales porque con la detención de Sala se estaría corrigiendo la existencia de Estados paralelos a las provincias y gobiernos locales, Estados construidos con fondos públicos y que hacen de los planes sociales un negocio. La misma posición de Morales, pero en la boca de un dirigente del entonces Frente de Todos.

La salud de Milagro Sala

Milagro Sala se encuentra detenida por la causa “Pibes Villeros” desde el 29 de enero de 2016. A partir de ese momento hubo un entramado de acusaciones consecutivas, que derivaron en el inicio de 12 causas judiciales, con el objetivo de sostener su privación de libertad de manera indefinida. Todo esto en un contexto en el que el Poder Ejecutivo provincial nombró nuevos jueces del Superior Tribunal y quedó muy cuestionada la independencia judicial en Jujuy.
Milagro cumplió más de la mitad de la condena bajo el régimen de prisión preventiva. Un tramo de esa detención fue en distintas cárceles provinciales y otros en prisión domiciliaria, luego de la orden de la CIDH. La decisión de la CIDH en noviembre de 2017 le exigió al Estado argentino adoptar “las medidas de protección que sean necesarias y efectivas para garantizar la vida, integridad personal y salud” de Milagro. En ese momento, el tribunal internacional consideró que su estado revelaba “una situación de extrema gravedad y urgencia y la posibilidad razonable de que se materialice un daño de carácter irreparable”. En función de esta orden, en diciembre de ese año, Milagro pasó de un arresto bajo un régimen penitenciario a un arresto domiciliario.
En 2021, el CELS junto con Abogadas y abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) denunciaron al Estado argentino ante la CIDH.
"Pasan los días y mi salud se deteriora más", aseguró con tristeza Milagro Sala, al cumplirse 3500 días de su detención.

La Haine