Reforma de la reforma del franquismo o proceso constituyente democrático

Decíamos en nuestro último editorial que uno de los objetivos del nuevo Gobierno era intentar adaptar la Administración de Justicia española a los estándares de la UE, estándares que no cumple en absoluto actualmente, tal y como se ha puesto de manifiesto con la internacionalización del Procés. Señalábamos también en el referido editorial que no íbamos a asistir a un proceso de democratización del aparato judicial, sino a la puesta en marcha de un conjunto de medidas para intentar neutralizar la actividad de bloqueo de la acción de Gobierno por parte del Búnker Judicial en coordinación con la derechona española, y que en esa línea se enmarcaba el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado. El nombramiento sigue sin ser efectivo; el Consejo General del Poder Judicial dio el visto bueno el 16 de enero con una votación de doce votos a favor y siete en contra, correspondiéndose esos siete votos a los vocales promovidos por el PP al CGPJ que actuaron con una fuerte radicalidad y componente político en sus intervenciones. Esta actitud adelanta las dificultades que en el trámite parlamentario acarreará el nombramiento de la Fiscal General del Estado. Resulta curioso cómo hace unos días Vox expresó su intención de llegar a acuerdos con el Gobierno en el tema de los nombramientos en la renovación CGPJ, a diferencia del PP, y cómo en muy pocas horas ese pronunciamiento fue rectificado en la línea del PP. Ya veremos si Pedro Sánchez no deja caer a Dolores Delgado en el trámite parlamentario si a cambio de ello consigue algunos “acuerdos” con la derechona en la renovación de cargos en la Administración de Justicia.

En cualquier caso nos imaginamos que estarán preparando ese trámite parlamentario desde el Gobierno de Pedro Sánchez. Mientras tanto han alumbrado otra idea, esta sí hecha a la medida del auténtico acuerdo de coalición en el que se sustenta el actual Gobierno –ERC y PNV- y en una segunda constelación, Bildu. Nos estamos refiriendo a la reforma del Código Penal en lo referente al delito de sedición para adecuarlo, dicen, a la normativa europea. Nos parece muy bien que se rebajen las penas por el delito de sedición y que los líderes del Procés salgan cuanto antes de prisión, pero esa medida, en caso de llevarse a cabo, ¿supondría una democratización de la Administración de la Justicia Española? ¿O un tratamiento civilizado por parte del Estado Español a la disidencia política y social? Por supuesto que no.

Desde el inicio mismo de su promulgación, la izquierda institucional y las fuerzas que hoy apoyan al Gobierno de Sánchez denunciaron la Ley Mordaza como un instrumento para la represión pura y dura de las luchas sociales. Esas fuerzas han obtenido mayoría en el Congreso de los Diputados desde las elecciones de noviembre de 2015 y desde junio de 2018 han tenido el Gobierno; a pesar de ello no han movido un dedo para derogar una Ley que ha supuesto decenas de miles de sancionados con multas y centenares de personas procesadas por vía penal, una buena parte precisamente por salir a la calle a denunciar la Ley Mordaza. La Coordinadora 25-S fue la primera en denunciar esa escalada represiva en forma de ley. Recientemente doce compañeros fueron juzgados y están a la espera de la sentencia; por cierto, la Fiscalía les ofreció un acuerdo que les garantizaba la no entrada en la cárcel sobre la base de que asumieran los hechos de los que se les acusaba y en un ejemplo de auténtica dignidad militante rechazaron unánimemente tal oferta.

No, la potencial reforma del Código Penal para rebajar las penas por el delito de sedición es un proyecto hecho a la medida del pacto de Gobierno de Pedro Sánchez y que no va a suponer en absoluto una mejora en el carácter democrático del Estado español, ni una mejora en la línea represiva de este en su lucha contra los movimientos sociales ni contra la disidencia política.

En esta fase final del proceso de Transición el dilema es similar, reforma o ruptura, aunque en circunstancias más favorables para el movimiento soberanista y republicano que las que había en los años 70 y 80 del siglo pasado. Los agentes principales que se colocan en uno u otro frente tampoco son muy diferentes con la excepción de Euskal Herria, y aun por encima en el frente de la Reforma hay una clara división de estrategias. En aquel entonces, al inicio de la Transición, los/as militantes que estábamos por la ruptura en Castilla vivimos tiempos de una gran dureza social y por supuesto represiva. Pero al mismo tiempo fue una fase de una gran riqueza ideológica, política y organizativa que nos permitió forjar las bases de lo que hoy es el movimiento popular castellano. Esta fase terminal de la II Restauración Borbónica, proyecto por el que ya nadie tiene ilusión, excepto los que viven de él, coincide con el V centenario de la gran revolución de nuestro pueblo, la revolución comunera. No son casuales los ataques a Castilla y al castellanismo a los que asistimos actualmente, y a los que algunos medios de comunicación le dan un sorprendente protagonismo. En esta fase estaremos en las mejores condiciones de dar un impulso definitivo al proceso por la consecución de una república comunera en Castilla al servicio de los trabajadores/as, de las mujeres, de todas las causas justas… es decir, del avance de la civilización.

La estrategia de remozamiento del Régimen del 78 lleva asociada, tal como hacen siempre, unas intensas y extensas campañas de sembrar confusión, de crear bancos de niebla que dificulten la visión y el análisis de la realidad-real. Los ejemplos son numerosísimos y en todos los ámbitos, en esta ocasión también han incorporado a las redes sociales, pero sus efectos son ya muy limitados. En el movimiento popular tenemos unos potentes faros antiniebla que nos permiten apreciar la realidad a pesar de los intentos por deformarla.

El autoengaño o el intento de engaño a la sociedad cada día tiene más limitaciones. La interpretación hegeliana de la historia, pero sobre todo tener a esta como base filosófica para interpretar el futuro, es de muy poco provecho por su carácter acientífico, aunque algunos se aferren a ella como a un clavo ardiendo.

Dos grandes acontecimientos que han ocurrido de forma simultánea en el tiempo ponen de manifiesto las limitaciones de esa visión hegeliana de la realidad y también la gran potencialidad que supone tener un pensamiento basado en el materialismo dialéctico. Nos referimos al fenómeno climático que ha afectado al Levante de la Península ibérica y que ha discurrido sin una intervención relevante del sistema que tenemos en el Estado español, pero que sí ha sido bien aprovechado por los partidarios del mantra de la emergencia climática, impulsores del nuevo capitalismo verde; contrariamente, la respuesta ante la aparición del brote epidémico por un nuevo coronavirus en China, ante el que de una forma rápida, planificada, científica y eficiente se han puesto en marcha un conjunto de medidas para limitar al máximo los efectos de esta epidemia, incluyendo la construcción en muy pocas semanas de un hospital específico para esta nueva infección vírica en la ciudad de Wuhan.

De nuevo estamos asistiendo a espectáculos característicos del “milenarismo”: estamos ante el final de el Mundo. Paradójicamente a ningun@ de estos vocer@s del Apocalipsis se le ocurre hacer la más mínima reflexión acerca de la idea de que mientras el capitalismo sea el modelo social y económico hegemónico a nivel mundial, será imposible luchar de forma eficaz contra el calentamiento global, cosa diferente, por cierto, del cambio climático.

Izquierda Castellana, 24 de enero de 2020