ePub
pdf
El arte de la mentira política y Ayotzinapa
Cuando un político quiere negar la realidad, proteger a sus preferidos, ocultar el horror de la institución que encabeza, solo hace falta mentir y repetir la mentira sin titubear
Lo que López Obrador agrega al arte de la mentira política es la vieja y confiable táctica de la razón arrogante de descalificar a la persona con quien disputa
Durante cuatro años el gobierno de Enrique Peña Nieto mintió sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. No fueron los únicos: todos los oficiales de los tres niveles de gobierno mintieron sobre los ataques contra los normalistas en Iguala durante la larga noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Mintieron sobre qué había pasado, quiénes habían participado, quiénes no habían participado, y por qué había sucedido. Mintieron desde el primer día y mintieron siempre. Torturaron a los detenidos para producir testimonios falsos, destruyeron evidencia, ocultaron evidencia, sembraron evidencia falsa y negaron la evidencia que no lograron ni destruir ni ocultar.
Mintieron el presidente, el gobernador y el alcalde. Mintieron el secretario de la Defensa Nacional, el procurador general de la República, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mintieron los soldados y los policías. Mintieron los marinos, los policías y los investigadores torturadores. Mintieron los sicarios torturados. Todos mintieron y su estrategia ante las pruebas que tumbaban sus falsedades fue siempre la misma: repetir la mentira. Uno de los administradores de la mentira, el exprocurador general Jesús Murillo Karam, actualmente detenido y acusado de tortura, obstrucción de la justicia y desaparición forzada, tuvo la inspiración de llamar este conjunto de mentiras "la verdad histórica".
De eso no cabe duda. Las mentiras del gobierno de Peña Nieto son, tal vez, las mentiras estatales mejor documentadas y más desacreditadas de la historia reciente. En buena parte, esa documentación la realizó, a lo largo de ocho años y cuatro meses, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con base en una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con el aval del gobierno mexicano y las padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos.
Para el año 2016, cuando estábamos inmersos en el poderío de la mentira del gobierno de Peña Nieto, el GIEI había publicado dos informes con un total de 1,030 páginas que desmantelaban las mentiras. Ese desmantelamiento dejó a la vista un Estado que no solamente miente, sino que tortura, mata y desaparece. El gobierno quitó su aval y sacó al GIEI del país. Y después, simplemente, siguieron mintiendo.
Así nos dieron una gran lección en el arte de la mentira política: no importa la verdad, no importan la evidencia, las pruebas ni la documentación, tampoco importa el ridículo evidente del oficial que insiste en proclamar que la tierra es plana y el cielo es verde; cuando estás en el poder solo hay que repetir la mentira una y otra vez sin pestañear.
Y ahora, después de todo, después de tanto, después de devolverles a las familias la esperanza y arrancársela de nuevo, otro político más --otro graduado de la escuela política del Partido Revolucionario Institucional-- viene a demostrarnos su maestría en el arte de la repetición casual de la negación de la realidad, del clásico "aquí no pasó nada" enunciado con el megáfono del Estado enfrente del edificio en llamas y sobre los gritos de auxilio.
El día 26 de septiembre del 2018, en un acto conmemorativo con las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, el entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a investigar los ataques y la desaparición forzada de los normalistas ocurridos cuatro años antes en Iguala. Dijo que encontraría a los estudiantes, la verdad de los hechos, y castigaría a los responsables.
Recordando el asesinato de Digna Ochoa que su gobierno llamó un suicidio por melancolía mortal, recordando sus años de silencio durante el sexenio del horror de Felipe Calderón, yo no le creí. Pero al terminar el evento, muchas de las madres que llevaban cuatro años buscando a sus hijos y luchando en contra de un Estado comprometido con la mentira y el dolor, me abrazaron con lágrimas en los ojos, pero sonriendo, y me dijeron: "Por fin los vamos a encontrar, por fin alguien nos va a escuchar". Y yo las abracé y les dije: "Ojalá, espero que sea así, ojalá", porque no les quise atropellar la esperanza con mi desconfianza y tampoco les quise mentir. Y en ese momento, entre esos abrazos, pensé: si este señor vuelve a mentir y vuelve a encubrir, sería una atrocidad, y aunque sea distinto a la tortura y la desaparición administrativa del gobierno de Peña Nieto, darles la esperanza solo para pisotearla sería tan, pero tan vil.
Y aquí estamos una vez más, mirando de frente al poderío de la mentira, pero ahora con otro pedazo del corazón arrancado para hacer lugar a la desesperanza.
El día martes 25 de julio el GIEI publicó su sexto informe: "Hallazgos, avances, obstáculos y pendientes". En este se muestra --usando, entre otras pruebas, documentos de Sedena y de Semar y un análisis de telefonía con datos del expediente del caso-- lo que siempre supimos deducir de las mentiras y los silencios del anterior gobierno: participaron policías municipales, de tránsito, estatales, ministeriales, federales y miembros del crimen organizado, y el Ejército supo todo en todo momento mientras ocurrieron los hechos, estuvieron presentes en los diversos lugares del ataque y de la desaparición forzada, mintieron durante todos estos años y siguen mintiendo, negando hasta la existencia de sus propios documentos.
Uno extiende una manzana y dice: "Esto es una manzana". El otro lo mira con desprecio y dice: "No, no hay tal manzana".
O en las palabras de Carlos Beristain del GIEI durante la presentación del sexto informe: "El ocultamiento y la insistencia en negar cosas que son obvias impiden tener la verdad [...]. El GIEI ha llegado con este informe hasta el límite de donde se ha podido investigar como asistencia técnica. El GIEI ve imposible continuar con su trabajo y por esta razón [...] damos por terminado nuestro trabajo. El GIEI regresó y se mantuvo con la promesa de que todos los archivos disponibles se abrirían para dar con el paradero de los estudiantes. Hoy tenemos que decir que, si bien es cierto, se abrieron parte de los archivos y se obtuvo información relevante de las instituciones, hay más información, como demuestra la evidencia que hemos presentado, y dicha información es clave para avanzar. Para poder resolver el caso, se necesita disponer de toda la información que el Estado ha tenido desde el día de los hechos para poder conocer el destino y paradero de los jóvenes. [...] El riesgo que hemos enfrentado es que la mentira se institucionalice como respuesta, lo cual es inaceptable".
Siguió: "El estudio de localización en las calles [...] de Iguala [durante la noche del] 26 y 27 de septiembre, muestra que el músculo del Estado estaba presente, que actuaron y no protegieron, y además saben y sabían qué pasó. El ocultamiento de esa información ha contribuido no solamente a ocultar responsabilidades del Estado, sino que se ha constituido en sí misma en una responsabilidad del Estado en la desaparición de los jóvenes al no poder contar con información relevante para la búsqueda de los desaparecidos y los responsables de los hechos".
¿De qué hablamos cuando hablamos de mentiras? Aquí, solo un par de ejemplos: 1) Sedena niega la existencia de las intervenciones telefónicas sin orden judicial de miembros de Guerreros Unidos que tenían activas antes, durante y después de la desaparición de los estudiantes aunque el GIEI encontró referencias a y extractos de texto de esas intervenciones telefónicas dentro de los archivos de Sedena; 2) Sedena insiste en que el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) en Iguala no existía en 2014 aunque el GIEI encontró numerosos documentos del mismo CRFI en Iguala sobre el caso producidas, selladas y fechadas en el 2014; 3) Sedena niega que elementos del 27 Batallón de Infantería supieron de los ataques y que salieron durante las horas críticas de los ataques aunque el GIEI encontró varios testimonios sobre su presencia y en su último informe publicó un análisis de la telefonía de varios soldados y oficiales del 27 Batallón que muestra no solamente que sí salieron constantemente, pero que estuvieron presentes en los lugares de ataque y desaparición forzada mientras los hechos ocurrían; y 4) Sedena insistió en que su participación en el C-4 en Iguala esa noche fue solo de observación aunque el GIEI encontró los documentos que demuestran que elementos de Sedena fueron quienes operaban las cámaras y los teléfonos del C-4 antes, durante y después del los ataques.
El 26 de julio, el día siguiente de la presentación del último informe del GIEI, Andrés Manuel López Obrador apareció en su conferencia de prensa matutina acompañado por dos militares uniformados: los propios secretarios de la Defensa Nacional y la Marina. López Obrador no mencionó ni al GIEI ni a Ayotzinapa. No tomó preguntas al respecto. Los militares no hablaron en toda la conferencia. El mensaje fue claro.
Luego, el 27 de julio, López Obrador sí tomó una pregunta sobre el caso y respondió así: "Vamos avanzando en el propósito de aclarar lo que sucedió con los jóvenes de Ayotzinapa. Se ha ido avanzando bastante, mucho. Hay como 115 detenidos, 115 detenidos. Y no solo funcionarios menores o personas [con] pocas influencias. No. Está detenido el anterior procurador de justicia. Están detenidos dos generales. Eso debe saberse. Porque no se informa. Y otros importantes funcionarios públicos. No hay impunidad. Y se está actuando. Y no es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando".
El reportero le interrumpe, dice que según el GIEI, Sedena y Semar no entregan la información. López Obrador continúa: "Sí. Respeto su punto de vista, pero no lo comparto. Porque si se ha avanzado es por la colaboración precisamente de Marina y de Defensa. Y también por la decisión que hemos tomado de que no se permita la impunidad. Que una cosa son las instituciones y otra cosa son los funcionarios o los servidores públicos. Y no por el hecho del mal comportamiento de un funcionario se va a manchar una institución".
Todavía al siguiente día, ya el viernes de esa semana, en una conferencia de prensa en Nayarit, nuevamente con los militares uniformados en el templete, López Obrador fue más allá. Un reportero preguntó a los secretarios de Defensa Nacional y de Marina su opinión ante los señalamientos del informe del GIEI, pero López Obrador no les dejó contestar: "No", le dijo al reportero. "Soy el comandante supremo de la fuerza armada además del presidente de México. Por eso quiero contestar yo. Porque no es cierto. Es una campaña en contra del Ejército de México sin fundamento. En general, no tienen razón. Es una campaña para socavar, para debilitar a las fuerzas armadas. Si fuese cierto lo que ellos sostienen, no estarían dos generales en la cárcel por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa".
El hecho que dos generales estén en la cárcel es completamente distinto al hecho que Sedena niega la existencia de la documentación que el GIEI descubrió registrada en sus propios archivos.
El GIEI acaba de publicar un informe de 316 páginas con pruebas y documentación de los ocho años y diez meses de mentiras, con un apartado de 146 páginas sobre las mentiras actuales de Sedena y Semar, usando como base sus propios documentos. Y el presidente, cual Peña Nieto o Murillo Karam, responde con "no es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando". Así de fácil es mentir desde la cima del poder. Así de fácil, tal como lo hicieron los priistas del "supérenlo" y del "esto es la verdad histórica de los hechos".
Cuando un político quiere negar la realidad, quiere proteger a sus preferidos, quiere ocultar el horror que ejerce la institución que encabeza, solo hace falta mentir y repetir la mentira sin titubear.
Lo que López Obrador agrega al arte de la mentira política es la vieja y confiable táctica de la razón arrogante de descalificar a la persona con quien disputa: quienes lo cuestionan, quienes lo confrontan con pruebas, ahora son "conservadores" y "progres buena onda" que trabajan al servicio de sus "adversarios" para lanzar "una campaña para socavar, para debilitar a las fuerzas armadas".
Esto, claro, lo dice el presidente que ha dado más poder al Ejército, como lo señaló Santiago Aguirre, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en la conferencia de prensa de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos el día 27 de julio: "El Ejército es una institución que tiene más facultades que antes, más presupuesto que antes y que rinde menos cuentas que antes, y que está saboteando activamente dos de las apuestas principales de este gobierno en derechos humanos: el caso Ayotzinapa y traer verdad sobre la guerra sucia". El mismo Aguirre, el sexenio pasado y este, ha sido blanco del espionaje con Pegasus, spyware del que Sedena es el cliente principal.
Pero, para el presidente, nada de eso existe, no hay pruebas, nada es cierto, todo es una campaña de sus adversarios.
Tal vez por eso, Mario González, padre del normalista desaparecido César Manuel, cuando critica las mentiras de Sedena, cuando critica a López Obrador por dejarles mentir, cuando expresa la exigencia de las madres y padres de los estudiantes desaparecidos de tener una reunión urgente con el presidente, siente la necesidad también de aclarar una cosa y "decirle al presidente que no venimos de parte de nadie. Venimos de parte del dolor. Venimos de parte de que no encontramos a nuestros hijos".
