x Alberto Híjar

En sustitución de la lluvia de ideas característica de las sociedades civiles y sus confusiones democráticas, las mesas de trabajo del Foro de Porto Alegre 2003 han recomendado a todos los ponentes terminar sus reflexiones con propuestas y estrategias. Ojalá también las conferencias magistrales hagan lo mismo.

El expresidente de México Ernesto Zedillo, quien cedió el poder en el 2000 al Partido Acción Nacional para terminar con 71 años de dictadura del Partido Revolucionario Institucional, tuvo a su cargo una conferencia magistral en el Foro Empresarial de Davós 2003. La hizo en su calidad de director del seminario permanente sobre globalización de la Universidad de Harvard, a donde llegó luego de ser integrado a los consejos de algunos consorcios a los que benefició en las privatizaciones de su gobierno. En alto contraste, la comparecencia del presidente Vicente Fox, no estuvo anunciada en el programa y duró menos de 15 minutos. Nada de esto importaría más que como señal de prestigios y prioridades neoliberales, si Zedillo no hubiera centrado su exposición en planteamientos de una ética neoliberal que en sí misma es una propuesta y una estrategia. Cuatro son los argumentos de Zedillo:

1. La unidad entre globalización y democracia exige asumir las debilidades de esta más allá de la búsqueda de aprobaciones públicas inmediatas.
2. La estrategia es de largo plazo y requiere de los gobernantes el desistimiento de los reconocimientos inmediatos. Hay que asumir incluso, las reprobaciones.
3. Nada de populismos. Esta tentación ha de evitarse lo cual exige gobiernos claros de una estrategia sin concesiones al pasado benefactor.
4. La reforma del estado es la guía legal para garantizar la globalización.

Pudo decir Zedillo que su gobierno siguió esta ética hasta el punto de optar por el exilio familiar y el servicio a la ONU como comisionado contra la pobreza y a Harvard y a los consorcios a los que asesora a cambio del desprecio de los medios y de las organizaciones populares. No importa, diría el expresidente considerado traidor por los priístas, la estrategia de largo plazo probará la verdad de lo que ahora no existe: la unidad entre globalización, ideología neoliberal y democracia sustituida por corrupción de alto nivel, crimen organizado desde los niveles más altos incluidos los del ejército y las policías, empobrecimiento y desempleo en asenso, destrucción del ambiente por los proyectos globalizadores regionales, sumisión a la economía política yanqui, apoyo gubernamental a las privatizaciones de salud, educación, vivienda, abasto y seguridad hasta reducir los derechos civiles a servicios al alcance de quien pueda pagarlos. Para realizar todo esto, los derechos de los trabajadores del campo y la ciudad han sido arrasados por los tratados y convenios trasnacionales y por la sustitución de los contratos colectivos de trabajo y los derechos de los sindicatos y las organizaciones gremiales, al arbitrio de los que el Secretario del Trabajo Carlos Abascal, de muy confesional familia cristera opuesta en todo al estado laico, llama empleadores para sustituir el nombre de patrones cargado de sentido clasista.

Una cultura neoliberal crece y se fortalece en un proceso de urbanización y desclasamiento garante de la reproducción social del neoliberalismo. El pueblo es looser, luser, dice la nueva nomenclatura racista de los jóvenes urbanos de clase media victimados por la industria del espectáculo.

PROPUESTAS

1. Contra el largo plazo globalizador, el largo plazo de la lucha clasista. Guerra popular prolongada llamaron a esto las organizaciones armadas de los setenta al aprender la lección de los pueblos de China y Vietnam. Funda esta necesidad, la certeza de la oposición esencial entre globalización y democracia, imposible de ser solucionada en la reducción a procesos electorales acordados entre cúpulas de partidos distintos de la misma clase explotadora incapaz de campañas limpias y transparentes. Se vive en México en el primer mes de 2003, año de elecciones de diputados, senadores y algunos presidentes municipales y gobernadores de los estados, una serie de asesinatos de funcionarios y candidatos acompañada por escandalosos fraudes y participaciones criminales de funcionarios de todo tipo. La policía especializada en el combate al narcotráfico tuvo que ser desmantelada ante la evidencia de su control del tráfico de drogas. Esto no es casual ni son incidentes aislados, porque la cultura de la posibilidad mercadotécnica de los partidos políticos con registro oficial y los altos salarios y cuantiosos negocios de los gobernantes, son evidencia pública determinante de la abstención al voto mayor del 50%.

Los negocios de las cúpulas de poder, la complicidad del gobierno en negocios propios de la globalización como la compraventa de bancos y empresas, la formación de consorcios controladores de obras y servicios públicos y medios de incomunicación de la terca realidad de empobrecimiento popular y de los crímenes de estado, son necesidad económico política inocultable. Desentenderse de todo esto con el manto ético de no hacer concesiones populistas, exige la construcción constante y de largo plazo del poder popular desde la base social y con orientación no sólo anticapitalista, sino socialista. Los consejos populares de vigilancia y administración surgidos de manera aparentemente espontánea en los desastres económicos y ambientales, requieren de apoyo y articulación regional con perspectiva nacional. Para esto, el embrión de partido proletario con su disciplina, su mando centralizado, su escuela de cuadros para precisar tácticas y estrategia, su prensa organizadora, relevo de dirección en cultivo, es necesidad política de urgente cumplimiento a pesar de la resistencia civilista anarcoide.

2. Crecimiento económico cero en 2002, reforma fiscal obligatoria para los pobres trabajadores, privatizaciones de todo y corrupta dictadura del capital financiero asociado al crimen organizado que cuenta con la liquidez disponible que no tiene el estado, son los índices que exigen sustituir toda esta porquería con el ascenso al poder de los trabajadores. La consigna argentina ¡que se vayan todos!, sintetiza el hartazgo popular contra los partidos con registro oficial descubiertos como servidores de la misma clase social.

Influir en los sindicatos, exigir el cumplimiento pleno de los contratos colectivos de trabajo, oponerse al cierre de plantas y a la individualización de los contratos, es tarea constante con todos los recursos tácticos posibles. La huelga como recurso extremo en proceso de desconocimiento real y legal, sigue siendo un recurso fundamental de lucha de los trabajadores. El internacionalismo es necesario. El sindicato de Euzkadi, subsidiaria de la General Tire, logró legalizar su huelga y resistir al cierre de la fábrica sin apoyo creciente. Desorganizados o sujetos a organizaciones corruptas, los trabajadores eventuales de las maquiladoras sufren impotentes el éxodo empresarial a oriente y Centroamérica y plantas como la de Motorola en Puebla son desmanteladas sin protección alguna para los reducidos al desempleo. Vincular, articular y fusionar es orientación leninista sólo realizable por el embrión de partido político proletario que por su debilidad tiene que coordinarse de manera permanente y de largo plazo con organizaciones fraternas más allá del frente coyuntural.

3. Cajas populares de ahorro, cooperativas, sistemas de salud, educación, vivienda y abasto autogestivos, tienen que acompañar a la exigencia al estado de no usar los fondos de los trabajadores para proyectos de privatización y globalización, tal como ocurre con el novísimo Sistema de Ahorro de Fondos para el Retiro y con el FOBAPROA para el rescate de los pobrecitos banqueros. Centrales tan corruptas como la priísta Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, han logrado recuperar sus fondos de vivienda. Con ese antecedente, con el ejemplo del Frente Popular Francisco Villa (Independiente) que ha terminado su primera unidad habitacional legal y tiene en proceso a otras dos en terrenos expropiados y poblados, se da la pauta de la autogestión y la práctica del presupuesto participativo a partir de acciones populares concretas, recomendado por el Foro de Porto Alegre no para reducir al pueblo a las normas del estado como hace el PRD, especialmente en la delegación Tlalpan, sino al revés: para reformar al estado en beneficio del pueblo. Como consecuencia, la presencia partidaria en estos proyectos garantizaría el repudio de los proyectos turísticos, industriales y transgénicos opuestos a la conservación del ambiente.

4. No perdamos lo menos por lo más, dice el presidente Fox ante las movilizaciones campesinas de toma de aduanas y carreteras por la apertura de fronteras a los productos de Estados Unidos. Insiste en Davós en la desregulación como requisito de auge comercial globalizador. Ignora tramposamente, la protección del gobierno norteamericano a su producción campesina y las normas estrictas que afectan a los productores mexicanos de atún y de aguacate, por ejemplo, mientras el gobierno de México autoriza la entrada del pollo californiano contaminado. Lo de menos para Fox son los campesinos y lo de más es la utopía globalizadora. Queda en el olvido la aparición del EZLN el mismo 1º de enero de 1994 en que empezaba a funcionar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Este primer paso que culminará en el Acuerdo de Libre Comercio para América en 2005, ha resultado un desastre para la economía política de México, a no ser que sólo se considere el cuarto lugar mundial que México ocupa en cantidad de magnates empresariales. El hombre más rico de Latinoamérica, Carlos Slim, acrecentó su capital de 8 mil 500 millones de dólares cuando llegó Fox a la presidencia en 2000 a 12 mil millones de dólares en 2002. Las listas de la revista Forbes no consideran a narcotraficantes asociados con banqueros y financieros corruptos.

De tiempo atrás, la producción agropecuaria en México ha sido desmantelada al igual que la planta industrial, en beneficio de los consorcios trasnacionales como Dupont y General Food. Para que un banco ahora asociado con empresas sobre todo europeas conceda crédito a algún productor agrícola o ganadero, se exige la compra de semillas, fertilizantes, fungicidas, alimentos y maquinaria de consorcios sobre todo norteamericanos. Esta desnacionalización es propia del proceso que afecta a lo que fueran hasta los ochenta industrias estratégicas como las de producción de energía. Sin necesidad de reformas legales, PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad están sujetos por la tecnología norteamericana. Esto es lo más que advierte Fox por lo menos que son los campesinos.

El sacrificio de los campesinos incluye la destrucción de estructuras culturales ancestrales. El modo de producción capitalista fue apropiado en México a partir de del despotismo de los dirigentes comunitarios y luego regionales en la organización territorial del estado nación capitalista, para convertirlos en caciques protegidos y tolerados por el estado. A esta tradición de poder despótico ha replicado el pueblo organizado con las dos revoluciones: la de 1810 por la independencia política de España y la de 1910 contra la dictadura y por la democracia. Ambas fueron revoluciones fundamentalmente campesinas. Una cultura de resistencia popular y de apropiación del catolicismo con variantes locales, gremiales y comunitarias, forma una tradición que han sabido desarrollar los dirigentes revolucionarios y que se concreta en formas peculiares del artesanado, la manufactura y las condiciones de producción con sus correspondientes estructuras de significación y simbolización.

El campo no es sólo los productos, la maquinaria y la fuerza de trabajo, sino es toda la cultura que diferencia los países no desarrollados industrialmente con tradición colonial. Ahora, con la pobreza que afecta al 60% de los 105 millones de mexicanos y que mantiene en extrema pobreza a no menos de 30 millones, la resistencia cultural es también abatida en sus importantes orígenes campesinos para su sustitución creciente por las estructuras características del comercio, la alimentación y las relaciones sociales imperialistas. La lucha en defensa de lo que es lo de menos para Fox, exige no sólo reivindicaciones productivas directas, sino también la promoción y defensa cultural en beneficio de un proyecto de nación en proceso constante de deterioro y extinción globalizadoras.

5. Zedillo alude a lo que Fox prometió antes de tomar posesión como presidente: reformar el estado y la constitución política. La oposición que ha encontrado en el poder legislativo compartido por el PAN con el PRI, el PRD y los pequeños partidos singularmente oportunistas, ha sustituido la reforma del estado encomendada a Porfirio Muñoz Ledo, expresidente del PRI y del PRD y actual embajador ante la Unión Económica Europea, por una ejecución de privatizaciones apoyadas en los más de 200 cambios constitucionales durante el corrupto gobierno de Salinas de Gortari.

La patria no se vende es el grito en las movilizaciones populares que recibió Fox en un acto público para responder repitiendo la consigna. Ni la seguridad social, ni PEMEX o la Comisión Federal de Electricidad serán privatizadas, en tanto paso a paso se han desmantelado los derechos populares y de los trabajadores en especial hasta reducirlos a servicios que se compran y se venden. Del llamado peyorativamente estado benefactor no queda nada, como prueban los efectos de ciclones y terremotos atenuados con ayuda privada encabezada por la filantrópica organización de la esposa del presidente Martha Sahagún, vamos México financiada por fundaciones norteamericanas y con apoyos bien propagandizados de las grandes empresas de la industria del espectáculo en beneficio de la sustitución de la política por la mercadotecnia. El escándalo de enero de 2003 ha sido la muerte de 32 recién nacidos en un hospital de Comitán Chiapas evidentemente comprometido a atender lo que es imposible en otros centros de salud de la región, pero que tampoco pudo ser resuelto por la falta de personal, equipos, instrumentos y medicinas.

La reforma del estado está en marcha y la sustitución del proyanqui canciller Jorge Castañeda por un exfuncionario del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, prueba la reforma de hecho característica de los regímenes globalizadores que hicieron de la Secretaría de Programación y Presupuesto la guía principal de gobierno hasta hacer de sus responsables presidentes de la república como de la Madrid y Salinas. El llamado gabinete económico, servidor incondicional de la globalización, torpe en sus justificaciones neoliberales y antipopular, cumple en todo la propuesta ética de Zedillo reproducida por cursos, seminarios y conferencias especiales en las universidades privadas y públicas donde se reproducen los cuadros medios para la administración estatal.

El embrión de partido proletario coordinado con organizaciones fraternas y proyectos semejantes, tendrá que evitar la defensa incondicional de la Constitución burguesa de 1917 con la bandera de limpiarla de reformas neoliberales para restituir su sentido original. En todo caso, contra la exaltación de los derechos del individuo característicos de la tradición liberal, es necesario preservar los intereses comunitarios y de las organizaciones populares con todo lo que esto implica de poder popular económico y político. La reducción de la ley de derechos y cultura indígena a un puro reconocimiento formal de usos, costumbres y lengua, prueba los límites del estado y la necesidad de alcanzar la gestión económica sobre la base de poderes políticos que tienen que ser convalidados por el estado a la manera como ya ocurre especialmente en la Constitución política del Estado de Oaxaca. Exigir que esta orientación se aplique también a las organizaciones populares urbanas hasta que tengan voz y voto equiparable al de los partidos políticos con reconocimiento oficial, tiene que pasar por las movilizaciones de todo tipo que prueben la importancia del poder popular y que logren salvar las persecuciones represivas.

La orientación socialista exige la liberación de las fuerzas productivas hoy en proceso de privatización y concentración oligárquica e imperialista, para permitir el desarrollo pleno en vista de las evidencias del crecimiento cero y de datos como el siguiente: el PIB creció hasta el 30 de septiembre de 2002 1.85% para decrecer después en 4.13%, con un comportamiento igual al de los últimos 18 años. La actual depreciación de la moneda, acrecienta la carestía y la disminución real de los salarios. Enfrentar esto con medidas de emergencia que incluyan la aplicación del sobreprecio del petróleo en beneficio de proyectos populares, es lo que Zedillo llama populismo.

El embrión de partido proletario tiene que chocar contra el muro de la incomprensión estatal, pero tiene que promover con todos los recursos posibles, el derecho a la vigilancia popular a la economía del estado globalizador acompañada por propuestas que necesariamente tienen que estar orientadas por el tránsito al socialismo. No hay de otra.

6. La economía política de guerra al servicio de la llamada seguridad nacional norteamericana, hace de México un territorio estratégico con un gobierno obediente hasta el límite de negociar su soberanía. En estos términos, el gobierno de México renunció en 2002 al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca fundado en la segunda posguerra mundial. A la par, pertenece al Consejo de Seguridad de la ONU y ha designado a dos especialistas como inspectores en Irak.

La posición del gobierno de México es de supuesta legalidad porque no exige detener el militarismo yanqui ni obligarlo a que de cuentas de las armas de todo tipo que pretende experimentar contra el pueblo iraquí. El dominio económico yanqui exige subordinación política y somete la posición frente a Irak y Palestina a negociaciones legaloides a cambio de contribuir a la seguridad continental bajo dominio yanqui, a partir del proyecto del Comando Norte, acorde con tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos y con los proyectos regionales: el Plan Puebla Panamá y su articulación con el Plan Colombia, el Tratado Andino, el Comando Sur y el posible Tratado del Atlántico Sur.

Con el pretexto de combate al narcotráfico y al terrorismo el gobierno de México somete a estado de sitio a las regiones con emergencias guerrilleras como Guerrero, Oaxaca y Veracruz, aunque tiene que enfrentar la corrupción militar y policíaca involucrada en el narcotráfico, los secuestros y el contrabando. Contribuye a organizar militarmente el territorio en disputa, los proyectos turísticos como la Escalera turística que pretende cubrir toda la península de Baja California ante la alarma de las organizaciones ecologistas que prevén la destrucción de uno de los santuarios marinos más importantes del mundo. Sólo la acción comunitaria de los pobladores de estas regiones, podrán detener estos proyectos y para ello la acción económico-política constante es un requisito más allá del pacifismo meramente simbólico.

El estado con los medios integrados a él como un todo de dependencia mercadotecnica trasnacional, criminaliza a las organizaciones populares radicales y reduce sus problemas a situaciones policiacas. Una cultura de construcción de la historia nacional con la importante participación en ella de las organizaciones populares radicales es una necesidad constante no sólo de oposición al pensamiento único, sino de contribución a la historia anticolonial y por la liberación definitiva.

Campo Antiimperialista