250 personas detienen el desahucio ordenado por Almeida

Los más de 250 vecinos y vecinas que habitan el antiguo Palacio de la Infanta Carlota en la Calle Luna 32 de la capital pueden estar tranquilos un día más. El Ayuntamiento de Madrid, que trató hoy de desahuciarlos, sólo ha notificado el desalojo.

En plena pandemia, el Gobierno de Almeida ha decidido acelerar el proceso de desalojo de este edificio, patrimonio del Ayuntamiento, y dejar en la calle, sin alternativa habitacional, a más de 250 personas, entre las que se encuentran 40 menores.

Según denunciaban los vecinos allí presentes, el Ayuntamiento en ningún momento les ha asegurado una alternativa habitacional.

"No nos dan una alternativa más allá de un alojamiento temporal por entre uno o tres meses. Todo esto de palabra, en ningún momento nos lo han dejado por escrito", ha denunciado ante los medios el portavoz de los vecinos, Jordi Gordon.

El de hoy es el segundo intento de desalojo del edificio por parte del Ayuntamiento, que ya trató de echar a los vecinos y vecinas en noviembre de 2019. El recurso interpuesto por los mismos y la situación de pandemia ha retrasado el proceso hasta ahora.

La protesta ha estado secundada por activistas de la vivienda y la PAH. Además han acudido la portavoz de Podemos, Isa Serra, quien ha exigido diálogo al Alcalde Almeida y ha pedido que se garantice una alternativa habitacional para los vecinos.

"En mitad de una pandemia, en la que se le está pidiendo a la gente que se quede en su casa, no se puede echar a la gente de sus casas", ha criticado.

También han asistido los diputados de la Asamblea de Madrid del grupo parlamentario de Unidas Podemos-IU Jacinto Morano y Carolina Alonso, a los que se les ha negado la entrada al edificio.

 Este inmueble de la Calle Luna 32 fue expropiado por el Ayuntamiento de Madrid, durante el Gobierno de Ruiz-Gallardón en noviembre de 2005 pero hasta el año 2011 no pasó a ser plenamente de titularidad pública. Ese impass se produjo porque la empresa propietaria, Cintia Real SL, peleó en los tribunales la decisión municipal y alargó un proceso hasta entonces. Entre 2005 y 2011, los inquilinos continuaron pagando su alquiler a esta empresa propietaria.

No fue hasta entonces, según relató "Somos Malasaña" en 2019, cuando agentes municipales los que notificaron a los vecinos que ya podían dejar de pagar el alquiler a Cintia Real porque el edificio por fin pertenecía al ayuntamiento. Luego, según aseguró este medio, nadie les informó sobre dónde deberían ingresar los nuevos alquileres.

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