31 de marzo: en apoyo de la enseñanza pública valenciana

No es una convocatoria más. Es una respuesta necesaria ante la negativa de la Conselleria de Educación y del Consejo de la Generalitat Valenciana a abrir un verdadero proceso de negociación que dé respuesta a reivindicaciones justas y legítimas.

Las demandas son claras: mejoras salariales, reducción de ratios, recuperación de plantillas, fin de sobrecarga laboral e infraestructuras dignas y seguras. Son derechos laborales básicos y condiciones necesarias para garantizar una educación pública de calidad. Cuando las ratios son excesivas, cuando falta personal, cuando las instalaciones no reúnen las condiciones adecuadas o cuando el profesorado está exhausto por la sobrecarga burocrática y lectiva, quien paga sus consecuencias es toda la comunidad educativa.

La huelga del 31 de marzo, convocada por los sindicatos educativos, interpela directamente a la consellera de Educación y al presidente de la Generalitat Valenciana. Es hora de que abandonen la política de la imposición y del desprecio y se sientan a negociar de forma real y efectiva. La educación pública no puede seguir siendo una partida secundaria en los presupuestos ni una cuestión accesoria en la agenda política.

Ni el anterior presidente, Carlos Mazón, ni el actual presidente, Juan Francisco Pérez Llorca, han situado a la educación y los servicios públicos como una prioridad estratégica. Tampoco lo ha sido la mejora de las condiciones laborales del conjunto del personal empleado público, y en particular de lo que trabaja en los centros docentes valencianos. Por el contrario, asistimos a una política que retrasa las mejoras necesarias, algunas pendientes desde hace tiempo, y debilita al sistema público en beneficio de los intereses privados.

Invertir en educación no es un gasto: es una apuesta de futuro. Es necesario más presupuesto, más inversiones, más recursos materiales y más plantilla. Es necesario dignificar la labor docente y reconocer el papel fundamental que desempeña la escuela pública en la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la vertebración de nuestro país.

Por eso, la huelga general educativa del 31 de marzo es necesaria. Y debe ser masiva. Debe ser un mensaje claro al Consejo: sin negociación real y sin respuestas concretas, el conflicto continuará. De hecho, esta movilización se enmarca en un proceso sostenido que puede desembocar en una huelga indefinida en el mes de mayo si no existen avances sustanciales.

Más aún: la lucha en defensa de la educación pública puede y debe ser un paso hacia una respuesta más amplia del conjunto de la clase trabajadora valenciana. Las políticas antisociales del Conssell de Pérez Llorca están comportando pérdida de derechos, precarización y empobrecimiento, tanto en el sector público como en el privado. Es necesario organizar una respuesta unitaria, plural y diversa que señale estas políticas, defienda con determinación los derechos sociales y laborales y avance hacia una movilización general interprofesional en los próximos meses.

El 31 de marzo no sólo se reivindican las legítimas mejoras laborales; se defiende un modelo de escuela pública inclusiva, arraigada en el territorio y al servicio de la mayoría social. Es un buen momento para hacer oír la voz del personal que trabaja, de la comunidad educativa y del conjunto de la sociedad valenciana. El 31 de marzo, todas y todos con la huelga general educativa.

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