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29/03/2017 :: Euskal Herria

8 de abril del 2017

x Mikel Arizaleta

El 19 de diciembre de 2016 presenté ante el Juez de Guardia de Bilbao denuncia contra: el Presidente del Estado Español, Sr. Mariano Rajoy, su Ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, y los miembros participantes de la Guardia Civil en las detenciones llevadas a cabo la noche del viernes en Luhuso, perturbando, impidiendo, saboteando y penando con su proceder y actuación la contribución a la paz de un grupo de ciudadanos.

Porque, argumentaba, la redada de la noche del viernes en Luhuso muestra que ETA sigue con el sellado inventariado de su armamento (anunciado ya en febrero del 2014, aportando prueba gráfica en su día Ram Manikkalingam y Ronnie Kasrils), dando paso a la destrucción de sus arsenales, haciéndolo - por impedimento del gobierno español y hostigamiento de la misma Audiencia Nacional- mediante la participación civil, así se explica en la correspondencia mantenida por Txetx Etcheverry, Michel Berhokoirigoin y el abogado Michel Tubiana, presidente honorífico de la Liga de Derechos Humanos (LDH) francesa y miembro del Comité Ejecutivo de la Red euro-mediterránea de Derechos Humanos.

Recordaba y fundamentaba la denuncia en que “tras un doloroso periodo de décadas de lucha armada, de muertos, asesinatos, torturas, cárceles, juicios, penar y dolor, tras amnistías interesadas, juicios farsas, vulneraciones legales de derechos humanos incluso por parte del Estado español y sus instituciones, grupos de mafia y mercenarios paraestatales…, ante gravísimas dejaciones por parte de jueces y forenses ante denuncias de tortura en dependencias policiales y cárceles españolas…, resulta que contribuir a la paz, a la destrucción de arsenales, a la pacificación de la sociedad, como el ocurrido la noche del viernes en Luhuso, es perseguido por un gobierno, que, por otra parte, exporta guerra y armamento a otros países, como quedó meridianamente palpable con la vergonzosa y mendaz actuación del Presidente del Gobierno Español, Sr. Manuel Aznar y su intervención en Irak, por cierto sin actuación alguna por parte de los poderes judiciales ante tan criminal acció n, y posteriores ventas de armamento, con autorización y visto bueno del gobierno actual, y con sus intervenciones, entre otros, en Libia, ocasionando destrucción, muerte y emigración: verdaderos atentados contra los derechos humanos y vidas de las gentes.

El papel, que viene jugando el Gobierno español y sus instituciones policiales y judiciales, no así movimientos ciudadanos y organismos sociales, clama al cielo por su agresividad y desprecio de derechos fundamentales elementales. Se hace necesario un ¡ya basta!, surgido del asco, desde el hastío humano y desde la decencia ciudadana.

De ahí, aunque tarde, rubrico en el día de hoy la denuncia contra el proceder, en este caso por parte del Gobierno Español, su Presidente. Sr. Rajoy, y su ministro de Interior, Sr. Zoido, así como contra las fuerza de la Guardia Civil intervinientes en el boicot a un proceso de paz en nuestro pueblo.

Esperaba que la denuncia fuera tramitada, y se dieran los pasos para que estos boicoteadores de la paz fueran sentados en el banquillo, juzgados y condenados.

El 10 de marzo de 2017 recibí escrito de la respuesta del recurso 003/0020016/2017 del Tribunal Supremo de Madrid, sala segunda, sección cuarta, mandada por la titular de la secretaría ILMA. SRA. Dª María Antonia Cao Barredo, respuesta acordada por los Excmos. Sres Marchena Gómez, presidente, Sr. Colmenero Menéndez de Luarca y Sr. Palomo del Arco, magistrados, en el que se decía “Dada cuenta. Se tiene por recibida la anterior Exposición razonada que eleva el Juzgado de Instrucción num. 2 de Bilbao y las diligencias que adjunta. Visto su contenido y el escrito presentado por Miguel Carlos Arizaleta Barbería en el que dice formular denuncia contra los Excmos. Sres Presidente del Gobierno y Ministro del Interior, los hechos relatados carecen del menor indicio delictivo, limitándose éste a la imputación de presuntos delitos a los enunciados, por ello, de conformidad con lo preceptuado en el art. 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede abstenerse de todo procedim iento y archivar sin más trámite la exposición recibida”.

Ya a finales de febrero del 2014 tres de los seis verificadores (Ram Manikkalingam, Ronnie Kasrils y Chris Maccabe) del desarme de Eta fueron llamados a declarar ante la Audiencia Nacional por el servicio de contribución a la paz prestado, atestiguando públicamente el sellado de parte del arsenal de ETA. El Juez del juzgado central número dos, Ismael Moreno y fiscalía de la Audiencia Nacional, tomaron la declaración. Ya entonces el mundo civilizado calificó la postura del Gobierno español y su Audiencia Nacional como algo “insólito”.

Leía hoy mismo en Gara que “José Pérez Navarrete, coronel en la reserva de la Guardia Civil, fue condecorado por Ignacio Cosidó, director de la Policía española, en 2016. Este alto cargo del instituto armado fue condenado en 1987 y 1992 por las torturas a Juana Goikoetxea”.

Juana Goikoetxea fue detenida en Getaria el 1 de enero de 1982 cuando tenía 56 años. Fue acusada de pertenencia a ETA y permaneció nueve días en manos de la Guardia Civil, que la torturó salvajemente. Según se reflejaba tanto en la denuncia de Goikoetxea como en el sumario que instruyó la causa, entre las prácticas a las que le sometieron los agentes (entre los que se encontraba José Pérez Navarrete) están los golpes, la «bañera», la «bolsa» y la aplicación de electrodos. Incluso llegaron a subirle al monte a disparar muy cerca de ella. Según quedó acreditado en el juicio, tardó 417 días en curar sus heridas. De ellos, en 174 no pudo desarrollar ninguna de las actividades que realizaba habitualmente. Tras sufrir aquel infierno, Goikoetxea fue puesta en libertad sin cargos.

“El Gobierno español le indultó parcialmente un año después. Nunca dejó de ascender en el escalafón militar. José Pérez Navarrete, antiguo agente destinado en Euskal Herria que fue condenado (y parcialmente indultado) por las torturas padecidas en 1982 por Juana Goikoetxea. La víctima, arrestada en Getaria y cuya causa quedó archivada, sufrió el tormento a manos de al menos cinco uniformados. En 1987 la Audiencia de Donostia condenó a Pérez Navarrete a 4 meses de arresto y 4 años de inhabilitación. Un fallo ratificado por el Tribunal Supremo en 1992.

En 1993, el entonces ministro español de Justicia, Tomás de la Quadra- Salcedo, le indultó junto a los guardias Emilio Parra Moreno, Alejandro Iglesias, Julio Saavedra y José Antonio Hernández del Barco. El caso de Goikoetxea no fue el único en el que se vio envuelto Pérez Navarrete durante su estancia en Gipuzkoa. Un mes antes de que el Gobierno de Felipe González le indultase, en 1993, la Audiencia de Gipuzkoa le absolvía de otra querella por torturas. En este caso la denuncia la interpuso Juan Carlos Garmendia, detenido en Ordizia en 1982 en una operación contra ETA. Durante el tiempo que duró la instrucción de estos procesos (el de Goikoetxea, por el que sí fue condenado, y el de Garmendia, del que salió libre), Pérez Navarrete siguió escalando posiciones en la Guardia Civil. De hecho, según reflejaba “El País” el 5 de marzo de 1993, no solo fue ascendido, sino que llegó a ser asesor en asuntos de «terrorismo» de Rafael Vera, secretario de Estado para la Seguridad y condenado en 1998 por el secuestro de Segundo Marey perpetrado por los GAL. Su promoción en el escalafón de la Guardia Civil no pasó desapercibida. Así, el entonces diputado de IU Enrique Curiel (ya fallecido) preguntaba en 1988 al Gobierno español sobre el ascenso a capitán de Pérez Navarrete. El Ejecutivo llegó a escudarse en la «ausencia de notificación de la sentencia». Casi dos décadas después, en 2015, el uniformado pasó a la reserva con grado de coronel, ubicado en lo más alto del organigrama. En los últimos años, Pérez Navarrete también ha destacado por el perfil político de algunos de sus puestos. En 2010 formó parte del equipo de la Presidencia española del Consejo de la Comisión Europea. En concreto, fue el encargado de «Schengen, Europol e Intercambio de Información». Siguió en activo hasta 2015, cuando pasó a la reserva, aunque continuó en servicios especiales. Durante los últimos años estuvo destinado en la Representación Per manente de España ante la Union Europea, como representante de Interior. Cuando Cosidó le impuso la medalla en 2016 también ejercía como analista en la dirección general de Interior de la Comisión Europea”.

No hay constancia de que se incluyese «torturador» en su curriculum vitae ni que la Audiencia Nacional alzase protesta alguna contra este proceder estatal por exaltación y promoción del terrorista.

Los jueces de la Audiencia Nacional, que deben ser los garantes de la inviolabilidad del detenido, acusado de terrorismo, por estar bajo su mando y mandato, como demuestran los muchos casos de tortura denunciados por los detenidos no sólo no han ejercido sus funciones, desatendiendo gravemente su obligación, sino que hay que decirlo claramente han colaborado durante muchos años con la tortura y el maltrato, infligido a los detenidos en comisarías y zulos de la guardiacivil y policía, ocasionando la muerte en algunos casos y abriéndose en otros causa contra el torturado por denuncia falsa.

Visto lo cual, no me extraña ni su respuesta ante la oposición y saboteo del gobierno ante el desarme, ni el insólito paso de los verificadores por dependencias judiciales de la Audiencia Nacional, ni su silencio ante el ascenso de funcionarios terroristas en puestos de instituciones estatales, ni tampoco, por desgracia, su larga colaboración con la tortura a lo largo de las últimas décadas. Triste y vomitivo papel el jugado por el gobierno español y su Audiencia Nacional o viejo TOP en este campo de tortura y denigración humana.

Pero el que -visto lo visto- a uno no le extrañe otra cosa muy distinta es sentir bochorno y vergüenza y denunciar públicamente el proceder y talante de tales jueces. El gran poeta alemán, el admirado judío Erich Fried de nacionalidad austriaca, que sabía mucho de campos de concentración y dolor, escribió al poco tiempo del atentado mortal en Karlsruhe, perpetrado por la RAF el 7 de abril de 1977 contra el fiscal general de la Alemania Federal, Siegfried Buback, una poesía, que no conviene echar en el olvido y cuyos últimos versos, publicados entre otros en el “Aachener Studentenzeitung”, fueron criticados por algunos: «Es wäre besser gewesen, so ein Mensch hätte nie gelebt” (Hubiera sido mejor que un tal hombre jamás hubiera vivido). Pues eso.

Sólo cabe esperar que el día 8 de abril de 2017 dejen de ser traba y palo en las ruedas para la paz en Baiona.

Mikel Arizaleta

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