ePub
pdf
Acusan al Gobierno «progresista» de mantener una herencia franquista al no romper el Concordato
Un total de 140 personalidades del mundo de la cultura, el derecho, la política y la academia, junto a más de 40 organizaciones sociales, han suscrito un manifiesto impulsado por la asociación Europa Laica en el que exigen al Gobierno de España la derogación inmediata de los Acuerdos con la Santa Sede firmados en 1976 y 1979.
El documento, hecho público la pasada semana, critica que «un gobierno de vocación progresista» mantenga «en pleno siglo XXI un tratado que consagra privilegios para el catolicismo y erosiona la libertad de conciencia de la ciudadanía». Entre los firmantes destacan nombres como los filósofos Javier Sádaba y Henri Peña Ruiz, la periodista Nieves Concostrina, el cineasta Benito Zambrano, el cantautor Javier Ruibal, el exJEMAD Julio Rodríguez, la escritora y periodista Teresa Aranguren, el teólogo Juan José Tamayo y el humorista Leo Bassi.
En el ámbito político, apoyan la iniciativa el diputado Gerardo Pisarello, el exalcalde de Donostia Odón Elorza, el exdiputado Francisco Delgado (expresidente de Europa Laica), el coordinador federal de Izquierda Unida Antonio Maíllo, el diputado de IU Enrique Santiago y la exvicepresidenta del Congreso Gloria Elizo, entre otros.
MANIFIESTO POR LA DEROGACIÓN DE LOS ACUERDOS CON LA SANTA SEDE
HACIA UN ESTADO LAICO
Creímos que un gobierno de vocación progresista abriría la puerta a reformas profundas. Sin embargo, entre apoyos frágiles y el resurgir de viejos reaccionarismos, esas transformaciones no han llegado o han quedado a medio camino.
El tiempo de las excusas ha terminado. Lo que queda de legislatura debe ser tiempo de valentía.
En pleno siglo XXI, España mantiene un Concordato con la Santa Sede bajo la denominación de Acuerdos de 1976 y 1979. Un tratado que consagra privilegios para el catolicismo y erosiona la libertad de conciencia de la ciudadanía. Que los fondos públicos sigan financiando al clero es un anacronismo. Que miles de millones de euros sostengan colegios católicos y el adoctrinamiento religioso en las aulas es una anomalía democrática. Que nuestras leyes educativas, fiscales y tributarias estén condicionadas por acuerdos internacionales con el Vaticano es una distorsión de la soberanía popular.
Los concordatos no son instrumentos neutros. Han sido, históricamente, herramientas de blindaje institucional en regímenes autoritarios como los de Hitler, Mussolini, Franco o Salazar. No es casualidad.
Los grupos parlamentarios que hoy sostienen al Gobierno han defendido en sus programas la necesidad de derogar estos acuerdos. También el Parlamento lo ha reclamado en legislaturas anteriores.
No se puede hablar de una verdadera reforma educativa mientras este Concordato siga vigente.
No se puede garantizar plenamente la libertad de conciencia mientras existan privilegios jurídicamente blindados.
No se puede construir un Estado verdaderamente democrático con una excepción confesional incrustada en su arquitectura legal.
Los Acuerdos de 1976 y 1979 son la última trinchera jurídica de los privilegios eclesiásticos. Y toda trinchera puede desmontarse.
Por todo ello, las asociaciones y personas firmantes exigimos al Gobierno que cumpla sus compromisos electorales e inicie de inmediato los trámites para la denuncia y derogación de los Acuerdos con la Santa Sede.
España debe dar un paso adelante.
Debe cerrar definitivamente una herencia del franquismo que ya no representa a una sociedad plural, diversa y madura. No pedimos privilegios para nadie. Pedimos igualdad. Pedimos neutralidad institucional. Pedimos libertad de conciencia real para todas las personas, crean lo que crean o dejen de creer.
La oportunidad existe. La responsabilidad también. Ya no hay excusas.
