Aguas limpias, manos limpias.

El texto que aquí presentamos es solo una parte de un trabajo mas amplio de la fundación Nueva Cultura del Agua, dedicado a analizar las corruptelas en el Estado español en cuanto a gestión de agua:

La cuenca del Guadalquivir está sometida a graves presiones por parte de los grandes propietarios de fincas de regadío.Grandes embalses y sus conducciones jalonan Andalucía para regar cultivos muy ineficientes.Por otra parte,se cometen graves atentados en espacios naturales protegidos.

DRENAJE DE LA LAGUNA DE LA JANDA (CÁDIZ):

El derroche de agua cuenta con la aquiesciencia de la Administración hidráulica.Esta situación se da también en la provincia de Cádiz129 ,en la cuenca del Barbate y en la desecada gran laguna de La Janda.La presa del Barbate se creó para regar la zona previamente desecada.

La presa del Barbate ha inundado más de 2.500 hectáreas del término municipal de Alcalá de los Gazules,pero paradójicamente sólo tiene concesión de riego para 1.000 hectáreas.Teniendo en cuenta los supuestos casos de «falta de agua »,resulta paradójico que la junta directiva de la Comunidad de Regantes eliminara para el año 2002 la partida presupuestaria de control de consumos.Por otro lado,se producen irregularidades por el incumplimiento de condiciones establecidas de agua para el riego puesto que lo permitido es 0,6l/s y hectárea para riego por aspersión,cuando realmente se riega por inundación disponiendo de tres litros por segundo y hectárea;es decir,el quíntuplo de lo ordenado.
Para suplir la supuesta falta de recursos urbanos,en 1995 se aprobó el trasvase Guadiaro-Majaceite,tan exorbitado que sus caudales «sobrantes »se han ofrecido,de manera ilegal,para las ocho centrales térmicas previstas en Cádiz,cuando nada más que el uso urbano está permitido por la Ley que aprobó este trasvase.
Transcurridos más de treinta años de la finalización de las obras de la desecación de la laguna de La Janda,parece ser que éstas no han cumplido con los objetivos propuestos.La finalidad de éstas obras era la desecación completa de tan interesante e importante humedal para fines agrícolas.Desde entonces la zona se ha visto inundada periódicamente por el desbordamiento de los ríos Barbate y Almodóvar.
Dado que la Laguna de la Janda se recupera en época de fuertes lluvias.se construyó ilegalmente en junio de 2003 por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir un canal de drenaje con el fin de evitar que recupere sus niveles de inundación130. La Asociación de Amigos de La Janda,miembro de Ecologistas en Acción, denunció ante la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía el inicio de las obras de construcción de un nuevo túnel colector para aumentar el drenaje de la antigua laguna de La Janda,y terminar así definitivamente de desecarla131.Ya en septiembre de 2002 la Consejería de Medio Ambiente se dirigió por escrito al Ministerio de Medio Ambiente advirtiéndole que para este tipo de proyecto deben someterse al preceptivo procedimiento de evaluación de impacto ambiental,que analice sus consecuencias y su viabilidad ambiental.A pesar de ello,la empresa Aquavir S.A.,dependiente de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ha comenzado las obras del nuevo túnel sin haber realizado siquiera el estudio de impacto ambiental ni haber obtenido la licencia de obras del Ayuntamiento de Barbate.

Las obras a cargo de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y adjudicadas a la constructora ACS tienen un coste de seis millones de euros,un elevado volumen de recursos públicos que están siendo utilizadospara financiar el último intento de desecar definitivamente la laguna más importante que existía en España,que originalmente contaba con 6.000 hectáreas.

TALA A MATARRASA DE BOSQUE DE RIBERA EN EL PARQUE
NATURAL DE LA SIERRA DE BAZA (GRANADA):

En marzo de 1998 tuvo lugar una masiva tala de vegetación de ribera en los arroyos Uclías y Bodurria del Parque Natural Sierra de Baza (Granada) 132, denunciada por la población local a través del ejercicio de la acusación popular,que supuso la eliminación de más de 13.000 árboles,fundamentalmente álamos negros,álamos blancos y sauces. Además,en aquellas fechas,en los parajes deforestados,que suman casi 10 km de riberas,quedaron abandonados miles de kilos de residuos forestales.Los hechos,que dieron lugar a la apertura de un proceso penal iniciado tras poner el Pleno del Ayuntamiento de Baza los hechos en conocimiento del Juzgado,fueron amparados y justificados públicamente por los responsables de este Parque Natural,que ahora,junto con los madereros autores de la masiva tala,se han visto inmersos en este proceso penal,en el que se les solicitó por la Fiscalía importantes penas e indemnizaciones.
«Se le autoriza a retirar madera muerta o deteriorada previamente señalada de los siguiente enclaves...»,decía la escueta autorización que dio en marzo de 1998,el Director Conservador del Parque Natural Sierra de Baza,José María Irurita Fernández, a la empresa Muebles Senés Torres,S.L.
Pero lo que posteriormente se hizo en la Sierra de Baza distó mucho de la efectiva retirada de residuos forestales a la que se limitaba la autorización,y como era de imaginar,y más cuando existe una total complacencia y permisividad,se comenzaron a talar miles de árboles,que se destinaron a un normal aprovechamiento maderero.De la Sierra de Baza,en el período en que se efectuó la ilegal tala (de junio a octubre de 1998),salieron más de dos camiones diarios cargados de madera.Pero al parecer nadie se enteraba de que lo único que podía retirarse de estos lugares eran residuos forestales,los que evidentemente no tenían valor comercial,y como era de esperar los residuos forestales fueron los únicos que quedaron en los parajes.

La solicitud de las empresas madereras debía haberse acompañado,a tenor de lo específicamente dispuesto en el artículo 12.1 del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Sierra de Baza,de una amplia documentación y en concreto una memoria descriptiva que tenía que contener la identificación del peticionario; la descripción genérica de la actuación a realizar;el número y características de los medios de transporte y maquinaria a emplear;el período de tiempo en que se desarrollaría la actuación;los efectos previstos sobre los recursos naturales:flora,fauna,suelo, agua, paisajes y otros;el plano o croquis de localización de la actividad,así como las vías de acceso y,por último,el proyecto o descripción técnica.

En todo caso,era necesaria la concesión o adjudicación administrativa mediante contrato celebrado con arreglo a lo dispuesto en la Ley 13/1995,de 18 de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas y ser el Delegado Provincial de la Consejería de Medio Ambiente el único competente para resolver la solicitud de aprovechamiento forestal y sin que tampoco se elaborara la preceptiva propuesta de resolución.Por si fuera poco,el artículo 42 del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra de Baza prohibe, sin excepciones,las cortas a matarrasa en el erritorio del Parque.

El juicio oral se ha celebrado a finales de octubre de 2003.La acusación popular solicitó en febrero de 2001,junto con una responsabilidad civil de 3.400.000 euros,graves penas133 ,dictándose sentencia el pasado 20 de noviembre de 2003 por parte de la sección 2 a.de la Audiencia Provincial de Granada.
En dicha sentencia,se condena al que entonces era Director Conservador del ParqueNatural,José María Irurita Fernández como autor de un delito de prevaricación a la pena de 7 años de inhabilitación;así como autor de otro delito contra los recursos naturales y el medioambiente a la pena de 1 año de prisión y 12 meses de multa a razón de una cuota de 15 €/día.También se condena a Juan Antonio Senés Torres (el maderista),como autor del mismo delito contra el medioambiente y los recursos naturales.A éste último
también se le condena por un delito de desobediencia a la pena de 6 meses de prisión. Las respectivas condenas llevan pareja otra pena de inhabilitación durante su vigencia, al tiempo que se condena en la sentencia a ambos imputados al pago de 2/15 partes de las costas.

De igual modo y por vía de responsabilidad civil se impone a ambos el abono del costo de la restauración de las zonas afectadas por su acción delictiva,la cual deberá de asumirse de forma inmediata por la Junta de Andalucía,a cuyo efecto le condena en su calidad de responsable civil subsidiario,reparación que dice la sentencia deberá acometerse mediante un proyecto de restauración que comprenderá precisa y puntualmente las zonas afectadas a que se refieren las actuaciones.También se les ha condenado a ambos
a indemnizar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con la cantidad de 45.075 €,por la limpieza que efectuó este último organismo de los arroyos afectados, de donde se retiraron 225 contenedores industriales de residuos forestales.

2.3.EL TRASVASE DEL RÍO CASTRIL (GRANADA):
Este río forma parte de uno de los ríos mejor conservados y de mayor interés biológico del Sureste español134, siendo su tramo alto Parque Natural desde 1989.En 1993 se presentó un proyecto para llevar el agua del Castril hasta el canal de Jabalcón,con destino a regadío,con la particularidad de que las aguas bajan de forma natural por su cauce hasta el embalse del Negratín,de donde nace dicho canal.Es decir,la tubería a construir haría la misma función que la que hace el río.Este proyecto,tras originar un grave conflicto social,fue abandonado.

Con estos antecedentes,el Ministerio de Medio Ambiente saca a la luz este proyecto de nuevo en enero de 2003135. El nuevo proyecto es una copia del que ya fue rechazado mayoritariamente por la población de la zona.Mantiene la misma clave de entonces y hasta el presupuesto es el mismo:las pesetas en que se estimó en 1993 se han pasadoa euros (22 millones de euros)136. Así de simple.El Proyecto consiste en extraer mediante una tubería 3.000 litros por segundo del río Castril -aunque la tubería proyectada tiene
más capacidad-y llevarlos hasta el canal de Jabalcón para poner en regadío 1.500 nuevas ha en el término de Baza.De entrada,en el Plan Nacional de Regadíos no hay contemplada ninguna nueva hectárea de riego para la zona.Además,la dotación que preveía la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para las 4.000 ha que pensaba abastecer -según el antiguo proyecto-era de 8.000 m 3 /ha/año.Esto podría representar una sobredotación interesada,ya que,con las nuevas técnicas de riego se precisa mucha
menos dotación de agua.

Este «nuevo proyecto »aparece a concurso de ejecución de obras sin que nadie sepa cómo es,en qué consiste,ni para qué sirve.No ha habido ni exposición pública ni la Evaluación de Impacto Ambiental preceptiva.Se oculta la información,no sólo a los ciudadanos,sino a instancias universitarias y a la propia Consejería de Medio Ambiente andaluza,las cuales solicitaron sin éxito el acceso al proyecto. Este proyecto cuenta para su financiación con Fondos de Desarrollo Regional
(FEDER).

La concesión de ayudas del FEDER está condicionada por el cumplimiento de la normativa comunitaria medioambiental.A partir de la Directiva 85/337,del Real Decreto 1302/86 y del Reglamento 1131/88,que desarrolla la normativa sobre el impacto ambiental,los proyectos que soliciten financiación al fondo incluyen una evaluación del impacto ambiental.Además,en las solicitudes de ayudas de los proyectos deben incluirse las medidas adoptadas para eliminar las eventuales incidencias negativas de los proyectos sobre medio ambiente.Entre los objetivos medioambientales se encuentra el saneamiento y protección hidrológica.Nada de lo expuesto anteriormente se da en esta licitación de obras.

Interpuesta queja ante la Comisión Europea,según nota de prensa de Ecologistas en Acción de Granada137, la Comisaría de Medio Ambiente se ha dirigido a las autoridades españolas con el fin de recabar información sobre la vulneración de distintas Directivas europeas.La sospecha que recae sobre este proyecto,además de promover una obra más, es la de que es posible que el agua no se destine a la comarca de Baza,sino a los cultivos bajo plástico de Almería,a través del trasvase Negratín-Almanzora.

INCUMPLIMIENTO DE LAS DECLARACIONES DE IMPACTO:TALAS
EN EL CULEBRÍN (BADAJOZ)

Ecologistas en Acción de Extremadura denunció en noviembre de 2002 la destrucción de la ribera del Culebrín en Monesterio (Badajoz),ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura,con motivo de las obras de seguridad fluvial y acceso al camping de Monesterio que la Consejería de Obras Publicas y Turismo de la Junta de Extremadura
está llevando a cabo.

Se ha destruido así un bosque de ribera de alto valor ecológico de uno de los ríos más singulares y mejor conservados de la zona,con un bosque de ribera en galería,con gran riqueza florística y faunística.En total se han cortado unos 200 árboles:álamos negros, olmos,sauces y quejigos,muchos de ellos con alturas de más de 12 metros.Han sido cortados,destoconados y decapado el suelo,con máquinas excavadoras,que han dejado la zona con una difícil recuperación a su estado anterior.

Estas obras se han llevado supuestamente para permitir la reapertura de un camping, que carecía de permisos de instalación por parte de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,considerándose peligroso al estar situado en zona de inundación. Lo más grave del caso es que el informe de impacto ambiental de estas obras indicaba claramente la prohibición de cortar los árboles y pese a ello el funcionario de laConsejería de Obras Públicas y Turismo que dirige la obra parece haber dado la orden
de la tala.

Se muestra aquí un caso más de separación de lo fijado por un acto administrativo (la vida formal y burocrática)respecto de la vida real,con graves resultados para el dominio público hidráulico.

129.Vid.www.sierradecadiz.com ,del 30 de abril de 2002.
130.Vid.la sección de Cádiz de www.ecologistasenaccion.org y la nota de esta organización de
13 de diciembre de 2003.
131.Vid.Quercus,de enero de 2004.
132.Toda la información de este caso en:www.sierradebaza.org.
133.•José María Irurita Fernández,Director Conservador del Parque Natural Sierra de Baza.Por
delitos de malversación,daños graves en un espacio natural protegido,vertidos a las aguas
terrestres,hurto y prevaricación:13 años de prisión y 21 de inhabilitación.
•Rafael Salcedo Balbuena,Delegado Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía en Granada.Por delitos de malversación,daños graves en un espacio
natural protegido,vertidos a las aguas terrestres,hurto y prevaricación:9 años de prisión y
21 de inhabilitación.
•Alejandro González Monclús,Ingeniero Jefe de la Comisaría de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir en Granada.Por delitos de vertidos a las aguas errestres,den-
tro de un espacio natural protegido y por delito de silenciar u ocultar la infracción de los ver-
tidos:1 año y tres meses de prisión y dos años de inhabilitación.
•Don Juan Senés Torres,empresario maderero.Por delitos de malversación,daños graves en
un espacio natural protegido,vertidos a las aguas terrestres y hurto:10 años de prisión y 13
de inhabilitación.
•Don Juan Antonio Senés Pérez,empresario maderero.Por delitos de malversación,daños
graves en un espacio natural protegido,vertidos a las aguas terrestres y hurto:10 años de pri-
sión y 13 de inhabilitación.
134.Vid:Gortázar,Javier y García de Jalón,Diego:Trasvase en el Castril,uno de los ríos más
valiosos del sur ibérico ,en «Quercus »,n °208,junio de 2003,pág.48 y ss.Más información
en www.ecologistasenaccion/granada
135.BOE de 17 de enero de 2003.
136.El proyecto adolece de tales fallos que hasta el presupuesto se queda anclado en la época de
su redacción y las 3.738.630.677 ptas.del año 1993 (época de redacción del proyecto)se
transforman intactas en los 22.666.867,42 €,claramente en desfase con el coste de la vida
10 años después.
137.Información muy detallada del proyecto se puede encontrar en las páginas dedicadas al agua
de Ecologistas en Acción de Granada:www.ecologistasenaccion.org

Nueva Cultura del Agua.