Ante la escalada de precios de los carburantes que saquea al Pueblo Trabajador Andaluz

Desde 2021 el precio del diésel, la gasolina y el gas no ha dejado de subir en el Estado español. Los carburantes son imprescindibles para el normal desenvolvimiento de la vida del Pueblo Trabajador Andaluz pero en el momento presente no tenemos ningún instrumento para influir en esta escalada de precios. Estamos en máximos históricos que el presidente del gobierno español Pedro Sánchez ha atribuido estos días en el Congreso a “la guerra de Putin”. Sin embargo el precio del barril de petróleo todavía hoy no ha superado los alcanzados en 2008, cuando llegó a su pico histórico de 136,03 $, pero entonces los carburantes estaban 40 o 50 céntimos más baratos que en el presente.

Ante esta situación desde Nación Andaluza queremos señalar:

1º El mercado de los carburantes en el Estado español esta en manos de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) y, fundamentalmente, de REPSOL, BP y CEPSA. Estas tres empresas controlan el mercado de los carburantes y los suministran a la mayoría de las gasolineras (entre el 65% y el 83%) del Estado español. Empresas que en este momento están aumentando artificialmente los precios de un petróleo que compraron probablemente hace meses o incluso años, antes de ser procesado y convertido en carburante para ser llevado hasta las gasolineras. Una circunstancia que manifiesta las características del capitalismo en su actual etapa senil: la concentración de la producción formando monopolios que absorben las pequeñas empresas y depauperan la clase obrera.

2º La acusación que realizamos no se basa sólo en el evidente acuerdo tácito entre las petroleras para subir los precios de los carburantes estos días. En 2015 REPSOL y CEPSA fueron multados por la CNMC, junto con otros miembros de la AOP como GALP por pactar el precio de los carburantes, así como por pactos de no agresión entre empresas monopolísticas e intercambios de información. El grueso de la sanción de 30 millones de euros tuvieron que abonarlo REPSOL y CEPSA.

3º Casi la mitad de lo que se paga cuando se llena el depósito corresponde a los impuestos estatales que se basan en un sistema impositivo regresivo de impuestos indirectos. La fiscalidad estatal, basada en una lógica que beneficia a la oligarquía, carga el sostenimiento de la administración sobre la clase trabajadora a través del Impuesto Especial sobre sobre Hidrocarburos, el Impuesto de Ventas Minoristas y el IVA. Además, estos impuestos son desviados y contabilizados como una actividad económica realizada en Madrid en tanto que los tres grandes operadores petroleros tienen su sede social en la ciudad castellana.

4º Andalucía dispone de las comarcas con mayor número de horas de sol del Mediterráneo norte (junto a Sicilia) además de reservas de gas (yacimiento Poseidón) aún por determinar. Aquí se ubica la segunda planta regasificadora más importante de la península Ibérica en Huelva, por nuestro suelo pasan los dos gasoductos (MedGaz y Magreb-Europa) que nutren buena parte del consumo peninsular y nuestra red de oleoductos es la más densa del Estado español. Desde Nación Andaluza no encontramos ninguna razón para la carestía de los carburantes en nuestro país que no sea el oligopolio del combustible y la fiscalidad injusta españoles.

5º Ante estas circunstancias consideramos la posición del gobierno “de progreso” español y su presidente, Pedro Sánchez, como una maniobra para ocultar una fiscalidad estatal profundamente antisocial así como los enormes beneficios de las petroleras. En 2021 REPSOL declaró 2.499 millones € de beneficios, CEPSA 498 millones y BP 6.631 millones de euros. Las tensiones económicas ligadas al conflicto en Ucrania han elevado el precio de crudo, es evidente, pero en ningún caso justifican el sablazo que está dando a las clases populares el oligopolio de los carburantes.

La escalada de los precios de los carburantes evidencia como el gobierno estatal PSOE/UP trabaja para favorecer los intereses de la oligarquía. Ante esta situación nada podremos hacer mientras no dispongamos de los instrumentos políticos necesarios -una República Andaluza- y de una planificación socialista de la economía bajo control obrero. Tras conseguir la independencia nacional de Andalucía, la salida para evitar estos robos capitalistas son la propiedad social de los distribuidores de petróleo, una fiscalidad centrada en la imposición directa (gravando la riqueza y no el trabajo) y unas redes de transporte público eficientes que desincentiven el uso del vehículo privado y hagan descender el consumo de carburantes.

¡Paremos el robo al Pueblo Trabajador Andaluz!
Estado español y petroleras ¡responsables!
Permanente de la C.N. de Nación Andaluza.
Andalucía, 13 de marzo de 2022.