Comunicado ante la posible construcción de un Centro Penitenciario en la provincia de Zamora

Los hombres y mujeres de AGORA País Llionés entendemos que no es defendible la construcción de una cárcel más en el Estado Español, aunque parezca ser muy solicitada, como la de Zamora.

Los problemas de sobrepoblación carcelaria son por motivo del lamentable Código Penal (aprobado en la agonía del felipismo y reformado, de modo represivo, por la derecha aznarista) y no por la tasa de criminalidad, bien baja en comparación con la mayoría de estados europeos. Y descendente nos últimos veinte años, en contraste con el aumento del 404% de personas privadas de libertad en las últmas tres décadas.

Tampoco nos podemos basar en que sea necesaria para el progreso y desarrollo de nuestro País Llionés, pues aunque podría crear empleo, este (y otro de mejor calidad) también podría ser creado, en otros campos más beneficiosos, con una política de inversión directa por la parte las Administraciones Públicas.

¿De qué modo puede mejorar la calidad de vida, y el asentamiento de población en el medio rural, el construir un macrocentro penitenciario en Zamora?

Si este dinero se usara para servir al pueblo, habría todavía menos delincuencia. Y no debemos olvidar que en las cárceles, sobremanera, está prisionera la gente de la clase trabajadora. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Por ello, no entendemos como partidos que dicen defender a nuestra clase social, puedan apoyar este tipo de centros represivos.

Frente al apoyo de ACAIP, CCOO, FSP-UGT, CSI-CSIF, PP, PSOE, IU, ADEIZA-UPZ, UPyD, UPL, CEOE o la Cámara de Comercio de Zamora, la gente de AGORA País Llionés opinamos que la represión no puede ser un negocio, en ningún momento, para nadie.

Y en relación a este tema, mostramos nuestro deseo de que también desaparezca la dispersión penitenciaria, y que, todas las personas actualmente presas, cumplan su condena cerca de sus familias, pues lo contrario es hacer sufrir también la condena a éstas, obligadas a ir cientos de kilómetros para ver a sus familiares presos, con el gasto que lleva.

Esta primera medida de respeto a los Derechos Humanos, muy básica, debería también completarse con una urgente legislación que evite la incomunicación de lo que sucede dentro de las instalaciones administradas por el Ministerio de Interior. Sería un paso muy importante para dificultar que haya malos tratos y torturas, que todo el mundo conoce, pero que los políticos profesionales niegan, mintiendo.