Crisis, derechos sociales y constitución

La “senda del progreso económico” de los últimos 15 años ha resultado ser la senda de la especulación, la degeneración de la izquierda y la emergencia de un/a ciudadan@ individualista y sumis@. Por eso, el pinchazo de la burbuja económica trae consigo el pinchazo de la democracia contemplativa y reversible.

Los políticos y empresarios responsables de que millones de personas carezcan de trabajo, vivienda y estabilidad, lejos de arrepentirse, cambiar de política y pagar por sus errores y sus delitos, revalidan su poder en las urnas. Este comportamiento irracional de los ciudadanos les da alas para seguir dando dinero gratis a la banca a costa de bajar los salarios, abaratar el despido, reducir las pensiones, privatizar educación, sanidad y servicios públicos y vaciar de contenido la negociación colectiva y la libertad sindical. Tras despojarnos de derechos económicos y sociales, el gobierno del PP pretende privarnos del derecho a protestar por ello.

La constitución española es producto del desembarco del franquismo autoamnistiado en la naciente democracia. Pero también de la inmensa movilización popular por los derechos económicos y sociales y las libertades civiles. Esta movilización fue desmontada por la izquierda que confundió la defensa de la democracia y la salida de la crisis con su propia legalización. Pero también está presente en la protección constitucional de muchos derechos violados, cada vez con más intensidad, antes por el PSOE y ahora por el PP.

Ha llegado el momento de volver a conectar con la fuente de la soberanía que da fundamento a la democracia: el poder constituyente de la voluntad popular en defensa del empleo digno, la seguridad alimentaria, el derecho a la vivienda, la educación, la protección social y las garantías jurídicas de estos derechos frente a la insurrección de banqueros, multinacionales y sus políticos a sueldo.

El fundamento del orden político y la paz social es el respeto a los derechos inherentes a la dignidad de las personas y el respecto a la ley, de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Debemos impedir que la dictadura parlamentaria de los mercados pueda más que los derechos humanos y constitucionales de los de abajo. Todos los daños producidos en esta legítima defensa serán responsabilidad de quienes, invocando falsamente la democracia, la constitución y la paz, ponen la dignidad y los derechos de todos al servicio de sus intereses privados.