Crónica de la primera sesión del juicio-farsa contra AFAPP, SRI, PCE(r) y GRAPO. Auencia Nazional Madrid

Crónica de la primera sesión del juicio-farsa contra AFAPP, SRI, PCE(r) y GRAPO.

Como estaba previsto, el 15 de diciembre comenzó en la Audiencia
Nacional el juicio-farsa contra doce militantes de distintas organizaciones antifascistas detenidos en 2002, y contra el PCE(r), del que se pide su disolución.
En medio de un fuerte despliegue de seguridad, asistieron a esta primera sesión del juicio-farsa unos 30 solidarios que aplaudieron algunas intervenciones y fueron advertidos con su expulsión de la sala.
El fiscal solicita para todos estos luchadores y comunistas penas de entre 8 y 14 años de cárcel sin haber cometido ningún delito, sino sólo por las actividades políticas y de solidaridad que realizaban.
El juicio se inició con una larga exposición realizada por uno de los nueve abogados de la defensa que pidió la nulidad de todo el sumario. Se basaba en que durante los tres años y medio que estuvo en el Juzgado de Garzón, el sumario había sido secreto y que luego una parte del mismo se había desgajado para impedir que los defensores pudieran conocerlo, ya que beneficiaba a la defensa de los antifascistas acusados.

Esa parte seguía sin aparecer, nunca se les notificó su contenido y, según parece, lo mantienen guardado provisionalmente porque pretenden hacer uso del mismo con posterioridad para incriminar a otras organizaciones y militantes antifascistas bajo la misma acusación de terrorismo y de "formar parte de los GRAPO".
Los abogados exigieron que, como exige la ley, se hiciera pública esa
parte del sumario y pusieron de manifiesto que otro tipo de documentos de la acusación, aunque se les menciona, tampoco aparecen en el sumario o sólo por medio de fotocopias, lo que la está prohibido por ley.
Luego el abogado continuó denunciando lo que calificó como un acto de criminalización del derecho de defensa, de intimidación y coacción hacia los abogados. Explicó que a lo largo del sumario la Guardia Civil califica a la Asociación Libre de Abogados de Madrid como organización terrorista y parte integrante también de los GRAPO, al igual que los familiares de los presos políticos, la Cruz Negra Anarquista, librerías, etc.
Los ataques de la Guardia Civil contra los abogados son también
personales y directas, de manera que en la amalgama total de
organizaciones que fabrica el proceso, se les menciona con nombres y apellidos como integrantes de un supuesto frente de abogados. Uno de esos abogados denunció las presiones al Colegio de Abogados de Valencia y ante, la intimidación, desistió de la defensa.
En uno de los reconocimientos a los detenidos la Guardia Civil enseña su foto y, además, aparecen otros tres abogados más.
Como consecuencia de esa agresión, el abogado pidió la entrada en el juicio de observadores del Consejo General de la Abogacía, recusó a los guardias civiles que manipularon los informes y pidió que se abriera una investigación judicial contra ellos por calumnias.
Ante la gravedad de la situación, el Tribunal pidió un aplazamiento breve para comprobar que tamaño atropello se había producido y, al cabo de media hora, se volvió a reunir para otorgar de palabra plenas garantías a los abogados de que en el desempeño de sus funciones no serían hostigados y ordenó la continuación del juicio que, dadas sus dimensiones se prorrogará hasta finales de enero.
El interrogatorio empezó con Pepa Alarcón, una trabajadora del textil que vive en el Pozo del Tío Raimundo, uno de los barrios más pobres y castigados de la periferia madrileña. El fiscal le pide ocho de años de prisión al considerarla miembro de la comisión de propaganda del PCE(r).
Sin embargo, Pepa dijo que no era miembro ni del PCE(r) ni de los GRAPO y que nunca había visto nada semejante al tinglado que la Guardia Civil imagina de 'PCE(r)-GRAPO'.
Dijo que antes de su detención trabajaba por las mañanas fregando casas y limpiando oficinas y que por las tardes trabajaba en un conocido despacho de abogados de Madrid que asume la defensa de okupas, parados, Madres contra la Droga, Coordinadora de Barrios, emigrantes y toda clase de represaliados políticos.
Ni en la detención ni en los registros le ocuparon armas ni explosivos,
aunque sí abundante propaganda de toda clase de organismos y colectivos populares.

El juicio siguió luego con Leoncio Calcerrada, un obrero de la construcción de Vallecas a quien el fiscal pretende imponer 10 años y 9 meses de cárcel por pertenecer al Socorro Rojo Internacional y de tener a su cargo la dirección de la revista Solidaridad.
Narró que por tres veces la AFAPP había solicitado su legalización en los años setenta y ochenta al Ministerio del Interior y que lo habían denegado.
Reconoció haber repartido propaganda de apoyo a los presos políticos
porque eran compañeros que están presos en la cárcel, pero dijo que no pertenecía ni al PCE(r) ni a los GRAPO. La organización solidaria, según explicó Calcerrada, era de carácter político, no violenta, independiente del Estado y de los partidos políticos y tenía como objetivo dar a conocer a nivel nacional e internacional la represión que vive España y la existencia de la tortura. Tiene una dimensión más amplia que la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos, aseguró Calcerrada, quien añadió que para ser miembro de la misma el único requisito era aceptar los principios que en ella se defendían como acabar con la Audiencia Nacional, con la tortura en las cárceles y defender la amnistía a los presos políticos.
El acusado, además, explicó que era vigilado día y noche por la policía política y que en su casa había micrófonos, por lo que nunca se le hubiera ocurrido organizar reuniones en la misma, y menos para hablar de preparar sabotajes ni ninguna acción armada.

Se produjo un incidente con el presidente del Tribunal cuando calificó a la Audiencia Nacional como un tribunal político, carácter que el presidente no reconoció, aunque admitió que existía toda una corriente favorable a su disolución.
Calcerrada indicó que él y sus dos hermanos han permanecido muchos años de prisión y que en sus informes la policía lo confundía todo: imputaban a uno las acciones de los otros y a veces les metían a todos ellos las mismas. En medio de las risas del público y las malas caras de la policía nazional afirmó que los policías españoles eran unos chapuceros.
Otro momento jocoso fue cuando el fiscal le preguntó por las reuniones que había mantenido en el Bar Lieja de Vallecas y le contestó diciendo que eso era surrerealista porque él iba a veces por ese bar, que era un local de punkis y que el volumen de la música era tan elevado que era imposible oirse unos a otros y en medio de aquel alboroto de gente era bastante difícil preparar asaltos a bancos, colocación de explosivos y otras acciones armadas: allí sólo se podían tomar unas cervezas y poco más.
Cuando le preguntaron por qué se había negado a firmar ninguna
declaración ante la Guardia Civil, contestó diciendo que al detenerle, a
pesar de que no llevaba armas, le encapucharon, le patearon y le
encañonaron con una pistola en la cabeza para leerle sus derechos y que en esas condiciones se negó a todo desde un principio.
Terminó diciendo que mientras estuvo en la cárcel (anteriormente 17 años) todo el mundo le decía que ahora en España era posible realizar un trabajo político libre y públicamente, pero que, finalmente, ha comprobado que no es posible mientras no cambien la circunstancias políticas y se conquisten los derechos más elementales de reunión, asociación, manifestación y prensa.

En la sesión de la tarde comenzó el interrogatorio de la militante del PCE(r) Aurora Cayetano Navarro, revolucionaria profesional desde los mismos orígenes del Partido, quien reconoció pertenecer al mismo y portar documentación falsa, ya que estaba en la clandestinidad por la
persecución policial contra el PCE(r), el cual no se puede confundir con los GRAPO ni con ninguna otra organización.
Dijo que nunca se habían firmado comunicados conjuntamente con los GRAPO, excepto en una ocasión en 1997 cuando el propio Gobierno juntó a los presos de ambas organizaciones para iniciar un proceso de negociaciones y pidió que emitieran un comunicado en ese sentido.
Aclaró el sentido de la frase comunista "el partido dirige a la guerrilla"
afirmando que "los comunistas aspiramos a dirigir y encabezar todas las luchas, tanto la guerrillera, como la sindical o la estudiantil, sin que eso signifique dar órdenes porque se trata de una dirección o influencia de tipo político".
La organización del PCE(r) -insistió- se fundamenta en el centralismo
democrático y, entre otras cosas, eso le diferencia de cualquier otra que no sea comunista.
Recordó que ella ya fue detenida en 1976 porque tenía su casa llena de propaganda del PCE(r), pero entonces, cuando aún no existía la
Constitución, a los dos meses salió en libertad; ahora por lo mismo le piden 10 años de cárcel. La represión, por tanto, había empeorado mucho.
Luego le tocó el turno a Yolanda Fernández Caparrós que reconoció tener 21 años de edad, por lo que, tras tres años de prisión, se había
incorporado en A Coruña al PCE(r) cuando tenía 18 años de edad y trabajaba de dependienta en una frutería. Reconoció que su trabajo político consistía en organizar reuniones con los jóvenes, asistir a manifestaciones, difundir la propaganda del Partido y escribir en la publicacción del PCE(r) Resistencia para lo que utilizaba el
seudónimo de Rosa.
Javier García Victoria expresó orgulloso su militancia en el movimiento
antifascista de Madrid y en el apoyo solidario a los presos políticos, no admitiendo pertener a ninguna organización de ningún tipo, aunque
participaba en todos los actos, reuniones y manifestaciones que se
convocaban.
Finalmente, ya por la noche, intervino Carmen López Anguita dirigente del "Comité por la Libertad de los 7 de París" quien dijo que se había reunido con militantes del PCE(r) y de muchos otros partidos, colectivos y grupos políticos para recabar solidaridad hacia los represaliados políticos en Francia.
Expuso el hostigamiento policiaco al que había estado sometida por su trabajo solidario y cómo la Guardia Civil se presentaba a las oficinas de Correos para incautar los sobres que había enviado para informar de la marcha del proceso de París. Sin embargo, todos esos sobres y esa correspondencia que demostraban la naturaleza de su trabajo político, como tantas otras cosas, no se habían aportado al sumario porque demostraban todo lo contrario de lo que la Audiencia Nacional pretendía: que lo que en realidad se estaba criminalizando era la solidaridad y la ideas políticas de resistencia.
A pesar de los informes policiales para implicar a varios abogados dentro de la organización, Carmen dijo que ningún abogado formaba parte del "Comité por la Libertd de los 7 de París".
Cuando el fiscal le preguntó si era una de las encargadas de la "Comisión de Relaciones Internacionales del PCE(r)" dijo que había estado en Belfast para conmemorar el aniversario de la huelga de hambre de los presos políticos irlandeses, que le habían entrevistado públicamente en la prensa y que había pronunciado una conferencia en la sede pública del Partido Republicano Socialista Irlandés (IRSP) que contaba con todas las bendiciones de los ocupantes británicos, porque allí -dijo- esas cosas son legales, no como aquí. Que también había viajado a Bruselas para intervenir en una reunión sobre la "Jornada Internacional del Preso Político" con otras organizaciones interncionales de solidaridad. Ese era todo su crimen.
Para tratar de demostrar que desempeñaba un trabajo ilegal, el fiscal le dijo que había aparecido en París un documento falso de identidad con su foto, pero la chapuza debía ser tan burda -era una fotocopia- que hasta el presidente del tribunal le cortó diciendo que mientras no apareciera el documento, es como si no existiera.

Hasta aquí la crónica de la primera jornada del juicio-farsa. Las próximas sesiones se llevarán a cabo el jueves 22 y el viernes 23 de diciembre. Ante ambas fechas hay convocada en Madrid, frente a la Audiencia Nazional, sendas concentraciones solidarias con estos militantes juzgados. La cita es a las 10 de la mañana en la calle Génova (Metro Colón).
Seguiremos informando

SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. 16 diciembre 2005