ePub
pdf
Demandas del Movimiento de Pensionistas ante los presupuestos vascos de 2021
Representantes del Movimiento de Pensionistas de la CAV han acudido al Parlamento Vasco para exigir a todos los grupos políticos, la puesta en marcha de una serie de medidas de aplicación en los servicios sociosanitarios que garanticen una atención de calidad colectiva, pública y universal.
Con una pandemia como esta que estamos padeciendo, los presupuestos públicos para 2021 deberían servir para dar respuesta a las demandas sociales; mejorar sustancialmente los servicios públicos; superar la pandemia y asegurar los recursos disponibles para la ciudadanía, las trabajadoras y trabajadores. Pero las personas están viendo cómo se reducen sus ingresos y se deterioran sus condiciones de vida y salud.
Los recortes en los servicios públicos, especialmente en sanidad y servicios socio sanitarios, han aumentado el efecto negativo de la crisis sanitaria en la vida y la salud de las personas. Las reformas laborales, aún no derogadas, han incrementado la precariedad laboral, el desempleo y los salarios miserables.
La pandemia ha servido como excusa para olvidarse de promesas, como la de garantizar el sistema público de pensiones y pensiones públicas dignas. Promesas que no se cumplen y se pueden convertir en unas reformas que empeoran las condiciones vigentes.
Rechazamos de antemano cualquier intención de seguir recortando derechos, salarios y pensiones con la excusa de la crisis y continuar privatizando los servicios públicos para beneficio de unos pocos. Es inaceptable que los fondos europeos sirvan, en última instancia, para sufragar inversiones de las grandes empresas con enormes beneficios mientras a la mayoría de la gente se les aplican las restricciones.
Los presupuestos de la CAV, al menos en el ámbito de sus competencias, deben poner remedio a estos problemas. No se puede anunciar a bombo y platillo que no habrá recortes cuando los estamos sufriendo día a día.
BREVE ANÁLISIS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO CAV 2021
Los presupuestos tienen dos partes, la parte del gasto y la parte de los ingresos. Esta última es la que determina la primera. El proyecto de presupuestos está condicionado por dos factores fundamentales:
La fiscalidad determina los ingresos. Se ha optado por una fiscalidad desconectada del gasto al que va destinada. Se renuncia a una reforma integral en beneficio de la sociedad en su conjunto y sus necesidades. En la CAV la presión fiscal (impuestos y cotizaciones) es un 6,5% del PIB inferior a la media de la UE; si se igualara dicha presión fiscal la hacienda de la CAV dispondría de 4.800 m/e más. Pero además del problema de la presión fiscal en su conjunto es injusta y desigual. En los últimos 10 años según datos del Eustat en Euskadi la recaudación procedente de las rentas de trabajo se ha incrementado un 18% mientras que la contribución de las rentas empresariales, profesionales y de capital se han reducido un 38,3%.
La Regla de Gasto derivada de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria (LOEPSF) aplicada por primera vez en el ejercicio 2013. Pues bien, aunque esta regla de gasto ha sido flexibilizada de manera provisional por Bruselas para 2020 y 2021, los presupuestos del 2021 fijan como objetivo de déficit el 2,2% del PIB según acuerdo entre el Estado y Comisión Mixta del Concierto. (Para el año 2019 la regla de gasto se fijó en el 2,7%).
Con estos antecedentes el presupuesto es un presupuesto rácano y continuista y no servirá para garantizar las condiciones de vida en sintonía con la riqueza que producimos. Como consecuencia, el presupuesto CAV 2021 dispondrá de 12.442 M/€. (un 5,7% más que los de 2020, que suponen 668,4 M/€,); la CAV deberá endeudarse para conseguir los 2.552 M/€ que, entre otros, cubran los déficits de la recaudación de 864 M/€, 748 M/€ para amortización de deuda y los 542 millones de euros de las medidas anti Covid19 del Gobierno.
Si tenemos en cuenta que la demanda doméstica disminuye un 8,8% debido a la disminución de los ingresos, y que el gasto público sólo se incrementa en un 3,1% para 2020 y en un 1,5% para 2021, las expectativas de mantenimiento y mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la población no están en absoluto garantizadas.
Un año más nos venden como el presupuesto más social de la historia afirmando que el gasto social alcanza el 59,9% del total del gasto, pero en ese ranking, el presupuesto del 2019 ya alcanzó el 77,9%. Se dice que la partida destinada a sanidad se incrementa un 32,1% (236 m/e), pero no se dice que en 2009 a sanidad se destinaba el 5,39% del PIB y que en 2020 se queda en el 4,78%, (501 millones de euros menos que dejan en ridículo los 236 m/e mas previstos para 2021). Entretanto, en Europa se destina a sanidad el 7% del PIB.
En esta situación de crisis, la RGI (justo cuando más necesaria se hace), ni recupera los recortes habidos en relación a la Ley de 2008 (11,9%) ni mejora su ámbito asistencial para incluir las necesidades reales. La subida prevista en los presupuestos de 2021 es un raquítico e inaceptable 1,8%.
Los pronunciamientos que afirman que en estos presupuestos no hay recortes, no son ciertas:
– Estos presupuestos no compensan los recortes habidos en años anteriores;
– No dan respuesta a la pérdida de ingresos de la mayoría de la población;
– No son suficientes para hacer frente con solvencia a la crisis sanitaria ni a sus efectos. De hecho, el porcentaje del PIB destinado a ayudas directas es prácticamente inexistente y la mayor parte de las ayudas COVID19 son en forma de apoyo financiero para la obtención de créditos.
– Se sigue la estela, a la baja, del gobierno del Estado que dedica el 3,6% del PIB a ayudas directas cuando la media de la UE dedica el 10% (FMI).
Por todo ello demandamos a los partidos que forman parte del Parlamento de la CAV que tomen nota de lo que estamos demandando desde hace más de tres años de movilizaciones continuadas y pongan la vida y las personas por delante de los intereses de los más poderosos.
Respecto a las pensiones demandamos:
Habilitar una partida presupuestaria para complementar la pensión mínima hasta los 1080 euros.
Servicios socio sanitarios: Planteamos un plan de choque interinstitucional (Gobierno de la CAV, DDFF y Ayuntamientos) elaborado con la participación de personas usuarias, trabajadoras, familiares de usuarias y pensionistas con el objetivo de:
– Garantizar una atención de calidad colectiva e individual, pública y universal, para las personas usuarias de los servicios.
– Recursos de personal suficientes en sintonía con las reivindicaciones sindicales, de usuarios y familiares.
– Dotación de las medidas preventivas necesarias para evitar los contagios, medios materiales, formación del personal, adecuación de espacios y garantía de asistencia sanitaria y relación familiar.
– Mejora y ampliación de la cartera de servicios. Dejar sin efecto los recortes habidos tras la promulgación de la Ley de Dependencia 39/2006.
– Impulso a la creación de una red pública universal.
– Información completa, veraz y objetiva para hacer un diagnóstico de la situación real del sistema de atención a la dependencia y hacer una auditoria del coste de las privatizaciones de servicios públicos y su publificación.
– Garantizar por Ley de Parlamento de la CAV los servicios socio-sanitarios de atención a la dependencia, sus prestaciones y la participación social en el diseño y evaluación de las mismas.
Sanidad:
– Mascarillas incluidas en la tarjeta sanitaria
– Devolución de oficio del copago farmacéutico modificando la Orden de 31 de Diciembre de 2011 del Gobierno de la CAV
– Dejar sin efecto el copago de aquellos medicamentos especialmente necesarios para las personas mayores por prescripción facultativa, dejando sin efecto el real decreto ley 16/2012 y otros anteriores.
– Revertir los recortes habidos e incrementar el gasto sanitario hasta equipararnos con la media de la UE en porcentaje del PIB incorporando más personal y dotando de centros hospitalarios o de atención primaria a las zonas deficitarias
– Evaluación y control social de las políticas sanitarias
Fiscalidad:
Demandamos el compromiso impostergable de una reforma fiscal adecuada a la generación de recursos para superar la actual crisis, basada en la equidad fiscal y la eliminación del fraude fiscal, los paraísos fiscales y la economía sumergida.
Equidad de género:
– Complementar la Pensión de Viudedad hasta el 100% (en el caso de única percepción de ingresos) y, como mínimo 1080 euros.
– Analizar el impacto de género de los años de cotización necesarios para acceder a una pensión contributiva y para llegar al 100% de la pensión.
Empleo y protección social:
Establecer para todas las personas trabajadoras de la administración y empresas contratadas para la realización de obras y servicios un SMI de 1200 euros e impulsar su ampliación al resto de sectores.
Apoyamos las reivindicaciones de organizaciones sociales y sindicales para garantizar ingresos de suficiencia en la RGI.
Según la Encuesta de pobreza de Euskadi del año 2018, 172.307 personas (el 8% de la población) vivían ya en riesgo de pobreza (Encuesta Pobreza 2018).
La Renta de Garantía de Ingresos (RGI) para familias en situación de pobreza y precariedad, desde hace nueve años sufre un recorte que se repetirá de nuevo para el 2021″ y se verá disminuida en un 28%; respecto a lo que por ley 18/2008 le corresponde. Para una persona la cuantía se establece en 706,22€. Si se aplicara la Ley que regula la RGI para este año su cuantía debería ser de 975 euros.
El recorte para el complemento de la pensión será para el 2021 aún mayor, con una bajada de 304 euros al mes. El tijeretazo afectará al 24% de las unidades de convivencia que perciben este subsidio, que son 12.944 familias, de las que 8.044 son mujeres, principalmente viudas». Hay que tener en cuenta, además, que 216.000 pensionistas perciben una pensión inferior al umbral de la pobreza.
Documento íntegro del Movimiento de Pensionistas de la CAV
EAEKO PENTSIODUNEN MUGIMENDUAREN ESKAERAK EAEKO GOBERNUAREN AURREKONTUEN AURREAN
Pairatzen ari garen pandemia horrekin, 2021erako aurrekontu publikoek gizarte-eskaerei erantzuteko balio beharko lukete; zerbitzu publikoak nabarmen hobetu beharko lirateke; pandemia gainditu beharko lukete, eta herritarrentzat eta langileentzat eskuragarri dauden baliabideak ziurtatu. Baina pertsonak ikusten ari dira diru-sarrerak murrizten direla eta bizi- eta osasun-baldintzak okertzen direla.
Zerbitzu publikoetan egindako murrizketek, batez ere osasunean eta zerbitzu soziosanitarioetan, areagotu egin dute osasun-krisiaren eragin negatiboa pertsonen bizitzan eta osasunean. Oraindik indargabetu ez diren lan-erreformek lan-prekarietatea, langabezia eta soldata miserableak areagotu dituzte.
Pandemia promesak ahazteko aitzakia izan da, hala nola pentsio eta pentsio publiko duinen sistema publikoa bermatzea. Betetzen ez diren eta indarrean dauden baldintzak okertzen dituzten erreforma bihur daitezkeen promesak.
Aldez aurretik arbuiatzen dugu krisiaren aitzakiarekin eskubideak, soldatak eta pentsioak murrizten jarraitzeko eta gutxi batzuen onurarako zerbitzu publikoak pribatizatzen jarraitzeko asmoa. Onartezina da Europako funtsek, azken batean, enpresa handien inbertsioak ordaintzeko balio izatea, etekin izugarriekin, jende gehienari murrizketak aplikatzen zaizkion bitartean.
EAEko aurrekontuek, beren eskumenen esparruan behintzat, arazo horiek konpondu behar dituzte. Ezin da iragarri ez dela murrizketarik izango egunero pairatzen ari garenean.
EAEKO 2021EKO AURREKONTU-PROIEKTUAREN AZTERKETA LABURRA
Aurrekontuek bi zati dituzte: gastuaren zatia eta diru-sarreren zatia. Azken horrek zehazten du lehena. Aurrekontu-proiektua funtsezko bi faktorek baldintzatzen dute:
Fiskalitateak diru-sarrerak zehazten ditu. Dagokion gastutik deskonektatutako fiskalitatea aukeratu da. Uko egiten zaio gizarte osoaren eta haren beharren aldeko erreforma integralari. EAEn presio fiskala (zergak eta kotizazioak) BPGren % 6,5 txikiagoa da EBko batez bestekoa baino; presio fiskal hori berdinduz gero, EAEko ogasunak 4.800 m/e gehiago izango lituzke. Baina presio fiskalaren arazoaz gain, oro har bidegabea eta desorekatua da. Azken 10 urteetan, Eustatek Euskadin emandako datuen arabera, lan-errentetatik lortutako diru-bilketa % 18 handitu da, eta enpresa-, lanbide- eta kapital-errenten ekarpena % 38,3 murriztu da.
Aurrekontu Egonkortasunari buruzko Lege Organikotik (LOEPSF) eratorritako Gastu-Araua, 2013ko ekitaldian lehen aldiz aplikatu zena. Bada, Bruselak 2020rako eta 2021erako gastu-arau hori behin-behinean malgutu badu ere, 2021eko aurrekontuek BPGren % 2,2 ezartzen dute defizit-helburu gisa, Estatuaren eta Itunaren Batzorde Mistoaren arteko akordioaren arabera. (2019. urterako, gastuaren araua % 2,7an finkatu zen).
Aurrekari horiekin, aurrekontua aurrekontu azkarra eta kontinuista da, eta ez du balioko bizi-baldintzak bermatzeko, sortzen dugun aberastasunarekin bat etorriz. Horren ondorioz, 2021eko EAEko aurrekontuak 12.442 m/€izango ditu (2020koak baino % 5,7 gehiago, hau da, 668,4 m/€); EAEk zorpetu egin beharko du 2.552 m/€lortzeko, besteak beste, 864 m/€-ko bilketaren defizitak estaltzeko, 748 m/€zorra amortizatzeko eta Covidi-ren aurkako neurrien 542 milioi euroak estaltzeko.
Kontuan hartzen badugu etxeko eskaera % 8,8 jaitsi dela diru-sarreren murrizketaren ondorioz, eta gastu publikoa % 3,1 soilik handitu dela 2020rako eta % 1,5 2021erako, biztanle gehienen bizi-baldintzak mantentzeko eta hobetzeko itxaropenak ez daude erabat bermatuta.
Beste urte batez, historiako aurrekonturik sozialena bezala saltzen digute, gastu soziala gastu osoaren % 59,9ra iristen dela baieztatuz, baina ranking horretan, 2019ko aurrekontua jada % 77,9ra iritsi zen. Esaten da osasunera bideratutako partida % 32,1 handitzen dela (236 m/e), baina ez da esaten 2009an osasunera BPGren % 5,39 bideratzen zenik eta 2020an % 4,78an geratzen denik (501 milioi euro gutxiago, 2021erako aurreikusitako 236 m/e gehien barregarri uzten dituztenak). Bitartean, Europan BPGren % 7 bideratzen da osasunera.
Krisi-egoera horretan, DSBEak (gehien behar denean) ez ditu berreskuratzen 2008ko Legearekin alderatuta izandako murrizketak (% 11,9), eta ez du bere laguntza-eremua hobetzen benetako beharrak barne hartzeko. 2021eko aurrekontuetan aurreikusitako igoera akastuna eta onartezina da, % 1,8koa.
Aurrekontu hauetan murrizketarik ez dagoela dioten adierazpenak ez dira egiazkoak:
– Aurrekontu horiek ez dituzte konpentsatzen aurreko urteetan izandako murrizketak.
– Ez diote erantzuten biztanle gehienen diru-sarreren galerari.
– Ez dira nahikoak osasun-krisiari eta haren ondorioei kaudimenez aurre egiteko. Izan ere, zuzeneko laguntzetara bideratutako BPGren ehunekoa ia ez da existitzen, eta COVID19 laguntza gehienak kredituak lortzeko finantza-laguntza gisa ematen dira.
– Beheranzko joerari jarraitzen zaio: Estatuko gobernuak BPGren % 3,6 bideratzen du zuzeneko laguntzetara, eta EBko batez bestekoak % 10 (NDF).
Horregatik guztiagatik, orain dela hiru urte baino gehiago eskatzen ari garena kontuan hartzeko eta bizitza eta pertsonak boteretsuenen interesen aurretik jartzeko eskatzen diegu EAEko Legebiltzarreko alderdiei.
Pentsioei dagokienez:
Aurrekontu-partida bat prestatzea gutxieneko pentsioa 1080 eurora arte osatzeko.
Zerbitzu soziosanitarioak:
Erakundeen arteko talka-plan bat planteatzen dugu (EAEko Gobernua, foru-aldundiak eta udalak), erabiltzaileen, langileen, erabiltzaileen senideen eta pentsiodunen parte-hartzearekin egina, helburu hauekin:
– Kalitatezko arreta kolektibo eta indibiduala, publikoa eta unibertsala bermatzea zerbitzuen erabiltzaileentzat.
– Langileen baliabide nahikoak, sindikatuen, erabiltzaileen eta senideen aldarrikapenekin bat etorriz.
– Kutsatzeak, baliabide materialak, langileen prestakuntza, espazioen egokitzapena eta osasun-laguntzaren eta familia-harremanaren bermea saihesteko beharrezkoak diren prebentzio-neurriak ezartzea.
– Zerbitzu-zorroa hobetzea eta zabaltzea. 39/2006 Mendekotasun Legea aldarrikatu ondoren egindako murrizketak indarrik gabe uztea.
– Sare publiko unibertsal baten sorrera bultzatzea.
– Informazio osoa, egiazkoa eta objektiboa, mendekotasuna artatzeko sistemaren benetako egoeraren diagnostikoa egiteko eta zerbitzu publikoen pribatizazioen eta horien publizitatearen kostuaren auditoria egiteko.
– EAEko Legebiltzarraren lege bidez, mendekotasuna artatzeko zerbitzu sozio-sanitarioak, horien prestazioak eta APA bermatzea.
Osasuna:
– Osasun-txartelean sartutako maskarak
– Botiken koordainketa ofizioz itzultzea, EAEko Gobernuaren 2011ko abenduaren 31ko Agindua aldatuz.
– Ondoriorik gabe uztea medikuak aginduta adinekoentzat bereziki beharrezkoak diren sendagaien koordainketa, eta indarrik gabe uztea 16/2012 Errege Lege Dekretua eta aurreko beste batzuk.
– Murrizketak lehengoratzea eta osasun-gastua handitzea, BPGren ehunekoan EBko batez bestekoarekin parekatu arte, langile gehiago sartuz eta eremu defizitarioei ospitaleak edo lehen mailako arreta emanez.
– Osasun-politiken ebaluazioa eta kontrol soziala
Fiskalitatea:
Egungo krisia gainditzeko baliabideak sortzeko zerga-erreforma egokia egiteko konpromiso irmoa eskatzen dugu, zerga-ekitatean eta zerga-iruzurra, zerga-paradisuak eta ezkutuko ekonomia ezabatzean oinarritua.
Genero-berdintasuna:
– Alarguntza-pentsioa % 100eraino osatzea (diru-sarrerak bakarrik jasotzen badira) eta, gutxienez, 1080 euro.
– Kotizaziopeko pentsio bat eskuratzeko eta pentsioaren % 100era iristeko behar diren kotizazio-urteen genero-eragina aztertzea.
Enplegua eta gizarte-babesa:
Obrak eta zerbitzuak egiteko kontratatutako administrazioko eta enpresetako langile guztientzat 1200 euroko LGS bat ezartzea, eta gainerako sektoreetara zabaltzea.
Erakunde sozial eta sindikalen aldarrikapenak babesten ditugu, DSBEan diru-sarrera nahikoak bermatzeko.
2018ko Euskadiko pobreziari buruzko inkestaren arabera, 172.307 pertsona (biztanleriaren % 8) bizi ziren jada pobrezia-arriskuan (2018ko Pobrezia Inkesta).
Pobrezia- eta prekarietate-egoeran dauden familientzako Diru-sarrerak Bermatzeko Errentak (DSBE) murrizketa izan du duela bederatzi urtetik, eta murrizketa hori berriz ere 2021erako errepikatuko da «, eta % 28 murriztuko da, 18/2008 Legearen arabera dagokiona kontuan hartuta. Pertsona baten kasuan, zenbatekoa 706,22 eurokoa izango da. DSBE arautzen duen Legea aplikatuko balitz, 975 eurokoa izan beharko luke.
Pentsio osagarriaren murrizketa handiagoa izango da 2021erako, hilean 304 euroko jaitsierarekin. Laguntza hori jasotzen duten bizikidetza-unitateen % 24ri eragingo die tirabirak; 12.944 familia dira, eta horietatik 8.044 emakumeak dira, batez ere alargunak «. Kontuan izan behar da, gainera, 216.000 pentsiodunek pobreziaren mugatik beherako pentsioa jasotzen dutela.
