El Constitucional admite a trámite el recurso del PP...

 La ley impulsada por el Sindicat de Llogaters y más de 4.000 organizaciones ha congelado el precio de las rentas en los municipios más castigos por la burbuja del alquiler.

La ofensiva de la derecha y extrema derecha contra las leyes impulsadas por el movimiento de vivienda no se detiene. Este 28 de enero, el Tribunal Constitucional ha hecho público que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 50 diputados del PP contra la ley 11/2020 por la que Catalunya limita el aumento de los precios de los alquileres.

En concreto, el Pleno del Constitucional encuentra motivos para analizar si entran dentro del ordenamiento jurídico español los artículos 2, 3.2, 3.3, 3.4, 6, 7.1, 15.1, 16.2 y 18 y disposiciones adicionales primera y cuarta de la Ley.

Esta normativa pionera en el Estado español se había adelantado a la ley estatal de regulación de alquileres que está preparando el Gobierno central. En diciembre de 2020, el PP contrató al bufete de abogados del ex líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para que sacara adelante un recurso de inconstitucionalidad. La petición se basa en que la Generalitat no tiene competencias en las materias que regula la ley y en que esta supone un ataque al derecho a la propiedad.

La ley había sido impulsada por el Sindicat de Llogaters (Sindicato de Inquilinos) de Catalunya y había contado con el respaldo de más de 4.000 organizaciones de la sociedad civil catalana. Entre sus principales avances, la normativa congela el precio de los alquileres en los 60 municipios más castigados por la especulación urbanística y obliga a reducir las rentas en aquellos pisos que están por encima del índice de referencia.

“Una ley que protege a miles de familias no se toca ni se tumba en un tribunal, se defiende”, proclama el Sindicat de Llogaters, que ha convocado este 28 de enero una concentración en la plaza Sant Jaume, de Barcelona.

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