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06/03/2015 :: Estado español, Colombia

EL SAPO DE LAS VÍCTIMAS DEL ESTADO

x Plataforma de Solidaridad con Colombia- Madrid
El “gran FORO POR LA PAZ” no es otra cosa que una reunión de negocios donde el gobierno y su grupo asesor ofertan los recursos naturales existentes en el territorio

Empezamos a escribir este artículo en plena visita a Madrid, España, del presidente Juan Manuel Santos, invitado por el Grupo PRISA al “FORO POR LA PAZ EN COLOMBIA”, donde, curiosamente, solo pueden acceder las instituciones y los empresarios.

Los titulares de El País versan sobre los pasos de Santos hacía la paz, la preocupación por los crímenes de la insurgencia, las víctimas del conflicto nombradas solo desde una parte de la confrontación, de lo traumático que es para los y las colombianos ver a los exguerrilleros haciendo política en lugar de estar en cárceles. Nos preguntamos, entonces si se alcanza a imaginar lo que sentirán las víctimas del terrorismo de Estado. Ver década tras década a los verdugos gobernando; siendo parte del 99% de casos que quedan impunes, paseándose sin escrúpulos, haciendo apología de la “democracia más antigua de América Latina”. Las miles de víctimas siguen siendo perseguidas, desaparecidas, desplazadas, asesinadas y encarceladas sin que exista una comunidad internacional ni medios de comunicación que se motiven a un pronunciamiento o a un titular, cosa que raramente sí pasa con un país hermano como lo es Venezuela, para los que PRISA, Planeta y los medios de comunicación colombianos hacen todo por dar cobertura a la oposición golpista.

El “gran FORO POR LA PAZ” no es otra cosa que una reunión de negocios donde el gobierno y su grupo asesor ofertan la megaminería, la agroindustria y los recursos naturales existentes en el territorio, un territorio que viene siendo arrebatado a comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, motivo por el cual el gobierno sigue negando la aplicación de la Ley 60 de 1994, que da viabilidad a las Zonas de Reserva Campesina. Decíamos que estando en ese foro empezamos a recibir por las redes sociales denuncias e imágenes del cuerpo de policía ESMAD arremetiendo contra una comunidad indígena en el Departamento del Cauca que dejó un indígena asesinado por las balas del ejército. Concluimos que la paz que quiere el Estado es la del silencio de los fusiles de la insurgencia, fusiles que siguen siendo utilizados por las fuerzas de seguridad de un Estado que ya empieza a hablar de “postconflicto”.

Estas víctimas, las que existen posteriores al 2013, las que suceden ahora, en este instante y las de ayer, no están recogidas en la mesa de diálogo; tal como lo señala Francisco Rey, -codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH)[i], miles de víctimas nuevas “bastante logran si consiguen entrar en los dispositivos de asistencia que las organizaciones internacionales o el Estado tiene puestos en marcha.
Pero esas nuevas víctimas no han sido representadas en La Habana”. Estas víctimas se quedan fuera de protección y de reconocimiento, como lo están los miles de exiliados y exiliadas políticas víctimas del terrorismo de Estado, las que además han sido perseguidas extraterritorialmente y por las que el Estado tampoco va a responder.

Para cerrar con broche de oro, en su visita a La Habana el paso 26 de febrero el señor Koffi Annan dejó claro que no es imparcial, que está para ayudar a perpetuar la impunidad del Estado colombiano; insta a que la insurgencia reconozca y pague prisión por sus víctimas. Quiere decir esto que los delitos de crímenes de lesa humanidad, de genocidio, la constante violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario y los crímenes de guerra cometidos por el Estado, será el precio que tendrán que pagar las víctimas por ¡NADA¡

Nos queda entonces como conclusión que si en La Habana se está hablando de los delitos cometidos por la insurgencia dentro del conflicto social y armado que existe en Colombia hace ya más de 6 décadas, hace falta otra mesa o una pata a esta mesa que pida cuentas al Estado por sus crímenes cometidos a través de largos años de terrorismo aplicado como política de Estado en contra de la población civil y la oposición política, en cuyo caso todos los presidentes de gobierno, los ministros de defensa y los mandos militares que han sido participe del horror tanto por acción como por omisión durante estas décadas de conflicto, deben ser juzgados y condenados a fin de que sus víctimas puedan ser resarcidas.

 

 [i] http://www.elespectador.com/noticias/politica/situacion-de-victimas-puede-empeorar-tras-un-acuerdo-de-articulo-544039

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