Geografía de la represión en Andalucía

Investigadores de las ocho provincias andaluzas
creadores del Mapa de Fosas Comunes en Andalucía han
contabilizado un total de 53.665 fusilados enterrados
en 648 fosas comunes. Datos que podrían seguir
aumentando conforme avancen las investigaciones y cuyo
resultado han publicado en este documento presentado
hoy en el Congreso Internacional ‘Historia y Memoria’
celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras de
Granada.

Las asociaciones que han llevado a cabo los análisis
piden que se pueda continuar con el trabajo en una
segunda fase de investigación, que se cree una
organización de apoyo a los familiares de los
represaliados durante la Guerra Civil española, que se
publiquen los resultados con el nombre de sus autores,
colgar la información en Internet y desarrollar una
normativa sobre las exhumaciones.

Son algunas de las conclusiones a las que han llegado
tras realizar esta investigación, la primera que se
hace en España y una de las medidas de la Ley de la
Memoria Histórica. Se trata de una labor faraónica que
se aproxima a la de buscar una aguja en un pajar, sólo
que en este caso la tarea ha sido analizar los nombres
de los asesinados durante la contienda, el número de
fosas comunes en la región, si están en cementerios o
fuera de éstos, etc. Así, provincia por provincia, y
sobre todo, pueblo por pueblo, analizando archivos y
haciendo uso, incluso, de información oral a partir de
los familiares, se han llegado a estas cifras que, a
continuación, en una mesa redonda, han debatido los
profesores Miguel Botella, de la Universidad de
Granada, y Francisco Echevarría, de la del País Vasco.

En Granada, unos 12.000 fusilados se encuentran en
unas setenta a cien fosas repartidas por la provincia.
Sus expedientes fueron borrados a base de quemarlos
por parte de la dirección de la cárcel, según
Francisco González, quien asegura que el complot
contra las elecciones “ganadas legítimamente” por el
Frente Popular estaba “perfectamente organizado”´desde
antes de la sublevación.

La asociación Memoria Histórica y Justicia Andaluza ha
sido otra de las encargadas de realizar la
investigación de las fosas en Sevilla, Córdoba y
Huelva. Según ha contado su representante, Rafael
López, han revisado la bibliografía, buscado archivos
e informantes claves, han realizado una ficha por cada
uno de los pueblos con todos los datos necesarios y
han utilizado documentos anexos como fotografías y
listados para una investigación que se ha llevado a
cabo en los dos últimos años.

Así, tanto en Sevilla como en Cádiz se han
identificado 116 fosas con 11678 y 3054 víctimas,
respectivamente. En la primera provincia, el 74% de
los restos humanos se encontraban en cementerios,
mientras que en Huelva sólo el 59% se han podido
encontrar en camposantos. Aquí, los fusilados
alcanzaron la cifra de 9.725. En total, y según las
estimaciones, más del 85% de los pueblos de estas tres
provincias tienen fosas de los asesinados en la Guerra
Civil, mientras que las exhumaciones, escasas,
tuvieron lugar especialmente en las décadas de los 70
y 80.

En Málaga fueron 6.650 las víctimas enterradas en 82
fosas; en Jaén, 2.641 fusilados en 28 fosas y en
Almería, alejada geográficamente de la contienda, se
han cifrado unos 400 en 6 fosas.

La petición de ayuda a las administraciones no está
exenta de razón: los investigadores se han encontrado,
según Rafael López, con muchas dificultades, como
problemas de acceso a la “propiedad” de los datos y
poca investigación previa sobre el tema, por lo que
los archivos analizados estaban “abandonados y
desordenados”.

Las investigaciones han sido presentadas por Rafael
López, de la asociación Memoria Histórica y Justicia
Andaluza; Francisco González Arroyo, de la asociación
para la Recuperación de la Memoria Histórica y Rocío
García en representación del Foro Ciudadano para la
Recuperación de la Memoria Histórica.

El Tribunal de Responsabilidades Políticas

En la jornada de mañana se hablará de la investigación
que se ha llevado a cabo por nueve universidades
andaluzas y 32 expertos sobre el llamado Tribunal de
Responsabilidades Políticas, encargado de incoar
expedientes a 53.000 personas –según los datos hasta
ahora analizados- que habían pertenecido al Frente
Popular -entre ellas un 4% fueron mujeres-. Este
tribunal tenía como finalidad incautar sus bienes tras
culparlos de los “males materiales y espirituales de
España”. Lo hicieron con carácter retroactivo, de
forma que a gente que había sido fusilada en 1920 se
les incoaba responsabilidades y la multa recaía en la
familia, viuda e hijos.

La investigación, de gran envergadura ya que abarca
las ocho provincias de Andalucía con el apoyo de la
Junta, es la primera que se ha realizado de estas
características. Trata de analizar pueblo por pueblo y
con una única base de datos. Para la incoación del
expediente se necesitaban cuatro informes: del alcalde
del pueblo, el cura, el comandante de la Guardia Civil
y de la Falange o las JONS. En dicho informe se decía
lo que habían hecho estos ciudadanos durante la
República y los bienes que tenían.

Se calcula que en España, según los datos
provisionales, pudo haber más de un cuarto de millón
de expedientes, y sólo en Andalucía fueron 70.000. La
investigación, que comenzó hace un año y medio, prevé
estar terminada en 2009. Estos primeros resultados se
presentarán mañana viernes en el Congreso Historia y
Memoria por Antonio Barragán Moriana, de la
Universidad de Córdoba, y Fernando Martínez López, de
la Universidad de Almería).

Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía