Iglesia y Gobierno nicaragüenses se alían en la persecución política a feministas

Ayudada por el Gobierno, una asociación vinculada a la Iglesia católica acusa a nueve feministas de encubrimiento y omisión de violación y apología del aborto por ayudar a una niña violada por su padrastro en 2003.

Rosita, una niña nicaragüense de nueve años residente en Costa Rica, quedó embarazada tras ser violada en 2003. Las activistas integrantes de la Red de Mujeres contra la Violencia viajaron con ella a Nicaragua para que se sometiera a un aborto terapéutico, ya que su vida corría peligro si llevaba la gestación a término.

Entonces el aborto terapéutico era legal en Nicaragua y en el caso de Rosita se practicó con arreglo al artículo 165 del Código Penal entonces vigente y con el aval del Ministerio de Salud. En 2007, la menor volvió a quedar encinta y se descubrió que, aunque se había acusado a otro hombre por error, el verdadero violador era su padrastro, Francisco Leonardo Fletes Sánchez. Éste fue condenado a 30 años de prisión.

La Asociación Nacional Pro Derechos Humanos (ANPDH) usó el fallo judicial para denunciar a las nueve mujeres por encubrimiento y omisión de denuncia del delito de violación y apología del aborto por el apoyo brindado. Por su parte, el Ministerio de la Familia, Niñez y Adolescencia se planteó inculpar a la madre de Rosita al considerar que tenía conocimiento de la violación continuada de su hija.

Sofía Montenegro, del Movimiento Amplio de Mujeres (MAM), cree que se trata de un caso de “persecución, y venganza política” de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo. Montenegro sostiene que “están pasando factura a la Red de Mujeres contra la Violencia” por haber apoyado hace diez años a Zoilamérica Narváez, hija de Murillo e hijastra de Ortega, que denunció al actual presidente por abusos sexuales.

“Esto pone en evidencia”, añade, “la connivencia de un sector de la jerarquía católica con el proyecto que el binomio Ortega- Murillo pretende imponer en Nicaragua a cambio de privilegios y regalías del Gobierno”.

El 28 de enero, durante la presentación de la campaña “Basta ya de persecución política a las mujeres”, las nueve activistas revelaron que la denuncia de la ANPDH reproduce textualmente parte de un documento del Ministerio de la Familia. Según ellas, “quien denuncia asume la narración de los hechos que conoce en primera persona” por lo que es obvio “que no fue elaborada en las oficinas de la ANPDH, sino en un Ministerio del Gobierno actual”.

Asimismo, recordaron que la Fiscalía obtuvo las “pruebas materiales que sustentaron la acusación contra el violador de Rosita” gracias a “la implementación del Modelo de Atención a Sobrevivientes desarrollado por la Red de Mujeres Contra la Violencia y en coordinación con el Centro de la Mujer Acción Ya”, entidades a las que pertenecen las feministas denunciadas.

Apoyo internacional

A principios de mes, las acusadas pidieron al Fiscal General de la República que desestime la denuncia por evidencia de “la mala intención, tergiversación y prejuicios” hacia ellas. Éste reconoció la “valiosa aportación en cuanto a los derechos humanos y ciudadanos” de las activistas en el caso. Doce organizaciones nicaragüenses y la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe suscriben la campaña de apoyo. El Observatorio Internacional para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, organismo con sede en París, ha calificado la denuncia de “acto persecutorio e intimidatorio del Gobierno contra el ejercicio de defensa de los derechos humanos”.

En el Estado español, más de 50 entidades feministas han pedido al embajador de Nicaragua el archivo inmediato de la denuncia. Geni, madrileña residente en Nicaragua y miembro del grupo feminista Venancia, de la Red de Mujeres contra la Violencia, explica que la organización denunciante “es conocida por sus vínculos con el obispo de Estelí, Abelardo Matta, miembro de la Conferencia Episcopal”. Según Geni, el caso de Rosita “visibilizó los abusos sexuales a menores. Han ido saliendo a la luz casos de niñas de nueve, diez y once años embarazadas y en ninguno los Ministerios de Salud o Familia han intentado proteger su vida y su salud, sino hacer todo lo posible para que los embarazos avancen”.

En el caso de Rosita, aunque el aborto terapéutico era legal, “hicieron todo lo posible para impedirlo”. La ley mandaba que tres médicos lo recomendaran y “el Ministerio de Salud constituyó una comisión de 20 que dictaminó que la vida de la niña corría peligro si se continuaba el embarazo y también si se interrumpía, es decir, dejaba la decisión en manos de la familia”. Al final ésta “decidió interrumpirlo y el Ministerio no lo permitió en ninguno de sus centros”. Así, fue “un aborto legal pero clandestino”.

La prohibición total del aborto marcó un punto de inflexión en el acercamiento gradual del sandinismo al poder eclesiástico. Geni explica que fue un diputado sandinista, René Núñez, quien aconsejó el procedimiento más rápido para derogar el aborto terapéutico: “en menos de 20 días lo penalizaron sin un solo voto en contra. El Frente decía que era una táctica para llegar al poder, se ve que siempre puede hacer las mayores barrabasadas si se encuadran en una estrategia. Ahora están en el Gobierno, y lo vuelven a penalizar. Geni cree que “ahora hay que remontar y dar a la gente información fidedigna contra ese discurso que cala tanto”. Porque “tenemos a la Iglesia en el Estado”.

Cuando los líderes sandinistas eran semidioses

En 1998, Zoilamérica Narváez denunció a su padrastro, Daniel Ortega, por haberla sometido a abusos sexuales durante años. Según Geni, del Grupo Venancia (que foma parte de la Red de Mujeres contra la Violencia) “fue un terremoto para el movimiento de mujeres. Una buena parte proviene del sandinismo, ya habían roto sus vínculos formales pero mantenían esa identidad.

Para las más unidas al Frente reconocerlo fue duro y posicionarse aún más. Mucha gente lo creía, pero no quería hablar públicamente de ello”. El sandinismo cerró filas y decía que eran acusaciones de la CIA. Todavía lo niegan, pero su reacción posterior lo confirmó totalmente. Daniel Ortega nunca enfrentó la denuncia y mantuvo su inmunidad parlamentaria. Cuando decidió renunciar a ella, “una jueza de reconocida militancia sandinista, Juana Méndez, consideró el delito prescrito”.

Geni explica que “la Asamblea tendría que haber creado una comisión que investigara si había razones para quitarle la inmunidad y votar sobre ello. Ni siquiera se constituyó”. Por ello Zoilamérica Narváez acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado de Nicaragua por denegación de acceso a la justicia. Por otro lado, “esa denuncia destapó otras. En un momento en que los líderes sandinistas eran semidioses, no era el único caso de abuso. La situación se repitió”. Desde la denuncia contra Ortega, “la relación del movimiento de mujeres con el sandinismo se volvió conflictiva”.

Diagonal