La cárcel de Soto del Real toma represalias contra un preso por hablar con la prensa

• APROCRIV y la PLATAFORMA PRISIONES DIGNAS consideran ilegal el trato que la cárcel de Soto del Real está dando a un preso que criticó las acciones de la prisión ante los medios de comunicación.

• La cárcel de Soto del Real ha sido condenada al pago de una indemnización por negligencia médica con este preso, además de tener un juicio pendiente

• El traslado involuntario de prisión del preso que hablo con la prensa será impugnado judicialmente por los servicios jurídicos de la plataforma Prisiones Dignas con el apoyo de APROCRIV

Madrid, 09 de junio de 2020. - El director de la cárcel de Soto del Real comunicó el pasado viernes 5 de junio, la decisión de traslado al interno preventivo Juan Antonio Rodríguez Flores a otra prisión (Navalcarnero) por comunicar datos falsos a los medios de comunicación y poder constituir un peligro para el gobierno de la prisión. Este hecho coincide con la publicación en diversos medios de comunicación de las denuncias de la familia del interno por las deficientes condiciones de vida en la cárcel y el grave riesgo para su salud.

El cambio de prisión fue comunicado horas después de que Juan Antonio mantuviera una reunión por videoconferencia con el juez de vigilancia penitenciaria número dos de Madrid, al cual se le informó de las amenazas que recibió del propio Director y por el que fue advertido por los abogados de esta persona presa, que he interpuesto la queja judicial en ese juzgado.

Es una decisión injusta e ilegal. “Se considera que el traslado es un paso más en el intento de la prisión para que no se conozca la responsabilidad de la cárcel en las numerosas negligencias y vulneraciones de derechos que se comenten en esta cárcel”, explica la abogada de la plataforma y presidenta de APROCRIV, Ana Isabel Peña Calleja.

Antecedentes

El conflicto entre Juan Antonio Rodríguez y la dirección de la cárcel de Soto del Real se remonta al momento en que esta persona se encontraba enfermo y no fue atendido debidamente por los servicios médicos de la cárcel. Tal y como él explica: la falta de atención médica le provocó una tumoración en una de sus piernas, que estuvo a punto de ser amputada, por lo que finalmente fue operado de urgencias en el Hospital Gregorio Marañón.

La demanda por negligencia médica contra la prisión supuso para la cárcel al pago de una indemnización y el reconocimiento de una retribución monetaria por incapacidad temporal de por vida para Juan Antonio.

A partir de la interposición de esa demanda, la vida de esta persona presa, considerado hasta ese momento como un preso modélico, se volvió un infierno. Se le despidió del trabajo que prestaba en el polideportivo de la cárcel, hecho que fue recurrido ante el juzgado, se le cambia continuamente de módulo y ha sido sancionado en diversas ocasiones, hasta por cuestiones mínimas como es defender sus legítimos derechos.

Además, este caso no es un hecho aislado; la falta de atención médica a otro preso del módulo VII derivó en un cáncer de estómago; lo que supondrá la interposición de otra demanda por negligencia médica.

Sanción por hablar con la prensa

Para la abogada de la plataforma de familias de presos, Prisiones Dignas, y presidenta de APROCRIV, Ana Isabel Peña Calleja, el traslado de Juan Antonio vulnera claramente los derechos fundamentales y constitucionales de esta persona. “Además de ser un ataque a la libertad de los presos (la información es cierta y está abalada por una sentencia condenatoria contra la cárcel), no se puede sancionar a nadie por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de hablar con profesionales de los medios de comunicación cuantas veces quiera”.