La fiscalía de Sevilla amenaza con privar de la tutela

La vacuna es voluntaria, pero a los fiscales españoles los derechos se les olvidan muy fácilmente. La voluntariedad significa que si las personas no pueden prestar su consentimiento, como ocurre a veces con los ancianos, la decisión la deben tomar sus familiares.

Pues bien, la Fiscalía de Sevilla dice que las personas que estén a cargo de un familiar incapacitado, podrían perder la tutela si se niegan a inocular la vacuna contra el coronavirus a sus allegados.

Es un chantaje con todas las de la ley por parte del fiscal delegado de Mayores y Protección de Personas con Discapacidad de la capital andaluza, Norberto Sotomayor.

El fiscal se ha tenido que pronunciar como el Papa, urbi et orbi, tras hacerse público el primer caso de familiares que rechazan la vacunación de un anciano incapacitado que reside en un geriátrico de la provincia.

Sotomayor explicó que las autoridades de la residencia le informaron que los hijos del paciente, rehusaron completar el formulario previo a la vacunación, impidiendo la inoculación.

Pero el fiscal va mucho más lejos y ha enviado un escrito a la delegada provincial de Salud para que las residencias le informen de todas los casos similares.

“Estamos hablando de que el tutor debe velar por la salud del tutelado, por lo que en un caso extremo se puede desencadenar una remoción de la tutela judicial, aunque eso es poner el parche antes que la herida. Pero esa persona está representando a la otra y si lo hace mal, el tutor no está actuando correctamente”, aseguró Sotomayor en declaraciones a los medios.

El fiscal es quien decide si los familiares ejercen “bien” o “mal” la tutela que tienen encomendada. Los familiares se equivocan; los fiscales no se equivocan nunca.

El fiscal no dice nada de lo que puede ocurrir en caso contrario, es decir, si la familia autoriza la vacunación y el anciano fallece. ¿Les privará de la tutela o eso es normal?

El fiscal amenaza con la Ley de Autonomía del Paciente. “Si esa decisión no es acertada, se interviene judicialmente y se obliga a vacunar, pero hay que analizar caso a caso con el asesoramiento de los médicos que tratan a la persona y del forense que lleve la Fiscalía”, explicó.

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