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La tortura en España: 16 de enero de 2008. Algunos ejemplos
• Dos agentes de la Policía Nacional de Arrecife de Lanzarote, han sido condenados a penas que suman 8 años y seis meses de prisión, e inhabilitación absoluta por 10 años por agredir y detener ilegalmente a un joven de rigen africano.
• Un agente de la Guardia Urbana de Badalona, ha sido acusado por la Fiscalía por agredir y detener ilegalmente a un joven en el 2002, y pide que se le imponga una pena de cinco años de cárcel.
• En Madrid, el Fiscal solicita 14 años de prisión para un agente de la Policía Municipal, por agredir sexualmente a una mujer.
• Por otra parte: Cinco agentes de los Mossos d´Esquadra, que habían sido suspendidos de empleo y suelo el pasado mes de marzo, después de ser grabados mientras golpeaban a dos personas detenidas, se han reincorporado a su “trabajo”.
Y luego pretenderán que la tortura no existe en el Estado español.
Diario de Lanzarote, 16 de enero de 2008
Condenados a 8 años y 6 meses los dos policías que agredieron y detuvieron ilegalmente a un extranjero
Los hechos sucedieron en noviembre de 2005 en Arrecife
La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a ocho años y seis meses de prisión a cada uno de los agentes de la Policía Nacional que, en noviembre de 2005, agredieron y detuvieron ilegalmente a un ciudadano de origen africano en Arrecife. La Audiencia los considera culpables de un delito de detención ilegal, de otro contra la integridad moral y de un tercero de falsedad en documento oficial.
DiariodeLanzarote.com
[Miércoles, 16 de enero de 2008] [18.25]
La sentencia de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, hecha pública este miércoles, pone de manifiesto que los agentes Javier R.C., nacido en 1978 y natural de Madrid, y Juan Carlos E.Á., nacido en 1974 y natural de Asturias, son culpables de los citados delitos.
Por ello, les condena a un total de ocho años y seis meses de prisión así como a penas de inhabilitación absoluta por diez años y de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante siete años.
La Audiencia ha considerado probado durante el juicio –que se celebró el pasado 21 de noviembre- que ambos agentes, que en la madrugada del 5 de noviembre de 2005 no se encontraban de servicio, coincidieron a las puertas del bar ‘El Linde' de Arrecife con dos ciudadanos de origen africano, George A. y Moussa D., que se encontraban trabajando en Lanzarote.
Los africanos se “quedaron mirando” a los dos policías, lo que desencadenó su reacción violenta que les ha terminado por acarrear una condena a ocho años y seis meses de prisión. En ese momento, a la puerta del bar, Javier R.C. –según la sentencia- le preguntó “de forma agresiva” a George si vendía “algo”. Como el africano le replicó, el agente le empujó contra la pared mientras Juan Carlos “ se ocupaba de Moussa al que ordenó que se echara al suelo”, aunque logró huir.
La víctima, George A., también intentó huir pero Javier R.C. corrió tras él mientras llamaba por el teléfono móvil a otro agente, P., que se había quedado en el local, para “pedirle ayuda, alegando que le estaban pegando” cuando “en realidad”, dice la sentencia, el agente de policía “no estaba siendo objeto de agresión alguna”.
La persecución terminó en la calle La Porra , cuando el ciudadano agredido se paró y pidió explicaciones por la actitud de Javier R.C.: “Yo no soy nadie, estoy aquí para trabajar”.
“George A. les decía ‘no soy malo, no he hecho nada'”, explica la sentencia. Fue entonces cuando el acusado Javier R.C., según la Audiencia Provincial , en presencia del otro acusado Juan Carlos E., tiró a George al suelo y “le dio una patada en la cara que le causó [un] hematoma y [un] edema palpebral en el ojo derecho, con presencia de hematoma en la córnea y contusión en lado derecho de la pirámide nasal sin fractura”.
Unas lesiones que tardaron en curar 30 días, de los cuales el agredido estuvo impedido 10 días para el desempeño de su trabajo habitual, sin quedarle secuelas, añade la Audiencia.
Una vez “reducido” y “lesionado” George A. en el suelo, “sin que en ningún momento se le identificaran como policías nacionales, ni le informaran de que quedaba detenido, ni de los derechos constitucionales que le asistían, se personaron en el lugar varias dotaciones policiales uniformadas”.
Al llegar policías nacionales de servicio, los condenados solicitaron “unos grilletes” y se los colocaron a George “con las manos a la espalda”, trasladando una de las dotaciones a la Comisaría de la Policía Nacional “en calidad de detenido” a instancias de Javier R.C y Juan Carlos E.Á., “quedando privado de libertad sin motivo alguno”.
Detención ilegal
La sentencia considera como hechos probados que sobre las 01.30 horas, en los calabozos de la Comisaría de la Policía Nacional en Arrecife, los propios acusados -a pesar de que inicialmente no estaban de servicio- gestionaron la detención, tomando huellas al agredido y leyéndole sus derechos.
Ya en la Comisaría, según la sentencia, se produjo otro episodio violento: el acusado Juan Carlos E. le dijo a George “mírame”, y al levantar la cabeza, “le dio dos manotazos para que la volviera a agachar gritándole ‘ningún puto negro de mierda me ha hecho lo que tú me ha hecho', ‘baja la cabeza, mono de mierda'”.
Los dos agentes ahora condenados por la Audiencia Provincial acudieron posteriormente a un centro médico, y durante el trayecto desde la Comisaría “fueron riéndose, de broma e incluso golpeándose y empujándose con el fin de presentar alguna lesión que pudiera justificar” la intervención ‘policial' contra George.
Los dos agentes, según la resolución judicial, narraron en el atestado que habían sido agredidos previamente por George A., algo radicalmente falso para la Audiencia Provincial. Aunque el Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife incoó diligencias previas contra George A. por delito de atentado, el asunto fue archivado. Sin embargo, el mismo Juzgado citó “como imputados” a los dos agentes de policía ahora condenados.
http://www.diariodelanzarote.com/2008/01/16/sociedad04.htm
La Vanguardia, 16 de enero de 2008
El Fiscal pide 5 años de cárcel para un guardia urbano de Badalona por detención ilegal
16/01/2008 | Actualizada a las 17:42h
Barcelona. (EFE).- La Fiscalía ha solicitado hoy cinco años de prisión para un guardia urbano de Badalona que supuestamente detuvo de forma ilegal a un motorista que circulaba sin casco y posteriormente lo agredió en la comisaría.
En su comparecencia ante un juez de la Audiencia Provincial de Barcelona, el agente ha afirmado que detuvo al joven porque se negó ha identificarse y ha negado haberle agredido horas después en el calabozo, tal y como sostiene la fiscalía.
El agente, Jose Antonio H.G., interceptó al joven, Alberto C.G., en 2002 cuando circulaba por Badalona en una moto sin casco y acompañado de su pareja sentimental, quien sí lo llevaba.
Según la fiscal, el agente amenazó con detenerle, sin pedirle en ningún momento la documentación. Minutos después acudieron al lugar de los hechos más agentes de la policía local y Alberto C.G. fue conducido a la comisaría.
Una vez allí, el procesado bajó a los calabozos y propinó al motorista un puñetazo y, al menos, dos golpes con el casco que llevaba puesto, que le causaron heridas leves, según ha explicado hoy la víctima.
El joven también ha denunciado que en ningún momento se le leyeron sus derechos y que tampoco se le permitió realizar una llamada telefónica.
El agente ha negado las agresiones y ha precisado que sólo empujó al detenido para retirarle una argolla de las manillas que todavía llevaba cuando ya se encontraba en el calabozo.
El guardia urbano ha subrayado que en el momento previo a la detención Alberto C.G. "estaba muy violento y no paraba de moverse", una versión que contradice con la expresada por el motorista, que ha dicho que en ningún momento ofreció resistencia.
El fiscal acusa también al joven por una falta de daños por haber causado desperfectos en el momento de la detención en un coche patrulla de la policía del Ayuntamiento de Badalona, que se ha personado como parte en el juicio.
http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080116/53427818105.html
Europa Press, 16 de enero de 2008
Un policía municipal acusado de una agresión sexual asegura que la joven se le insinuó tras cometer una infracción
El fiscal solicita 14 años de prisión para el acusado y que se declare al Ayuntamiento de Madrid responsable civil subsidiario
MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
Un policía municipal del Ayuntamiento de Madrid acusado de una agresión sexual, cometida en julio de 2004 cuando estaba de servicio, aseguró hoy durante su declaración en el juicio que celebró la Audiencia Provincial de Madrid que la víctima, de 22 años, se le insinuó tras cometer una infracción de tráfico y le llevó a un portal, donde mantuvieron, según dijo, una "relación consentida".
El acusado se enfrenta a una petición fiscal de 14 años de prisión por un delito de agresión sexual y a una solicitud de indemnización de 20.000 euros por los daños morales sufridos, siendo el responsable civil subsidiario el Ayuntamiento de Madrid.
"Entramos en un portal. Me tocó los genitales. Era una situación morbosa y excitante. Bajamos al rellano y me bajó la cremallera. Luego me sentí fatal y me fui", relató el agente, que está casado y tiene dos hijas.
Durante su testimonio, el procesado explicó que alrededor de las 14:10 horas del 14 de julio de 2004 iba conduciendo por la calle Hernani para incorporarse a Bravo Murillo, cuando una mujer que circulaba en un ciclomotor se le interpuso en su camino.
Al detenerse ante un semáforo, el policía ordenó a la chica que se detuviese en la calle siguiente, donde examinó su documentación y comprobó que no tenía licencia para conducir motos. El agente inmovilizó su vehículo y advirtió a la mujer de que se quedaría ahí hasta que su propietario fuera a retirarla.
"La acompañé a un locutorio para llamar a un familiar. Luego me fui a mi Unidad y cuando me disponía a irme a casa vi a la mujer que seguía ahí. Me llamó y entonces se me insinuó. Me cogió del brazo. Me sonreía y me miraba. Me dijo que lo podíamos solucionar de otra manera", detalló.
"ME AGARRÓ DE LOS PELOS"
Frente al relato del acusado, la víctima sostuvo que fue objeto de una agresión sexual. "Me pidió los papeles y luego me dijo que fuera con él", indicó la joven, añadiendo que la metió en un portal y la apuntó con su arma reglamentaria.
"Me puso la pistola a un metro de la cabeza. Con la otra mano me agarró de los pelos. Medio un rodillazo y me obligó a hacerle una felación", relató la joven a trompicones por los nervios generados al recordar la agresión.
Por su parte, el abogado de la agredida, Fernando Pamos, hizo hincapié a la Sala que "existen cuatro tomas de semen recogidas en el lugar de los hechos que coinciden con el perfil genético del procesado, que se repetiría en un individuo por cada 2.087 billones de hombres".
"A tenor de las circunstancias especialmente reprochables: funcionario público, uso de arma, inmigrante joven y carácter especialmente vulnerable de la víctima", el letrado de la víctima reclamó una indemnización de 150.000 euros para su representada, así como 15 años de prisión para el policía.
La Vanguardia, 16 de enero de 2008
Levantan la suspensión de empleo y sueldo a 5 mossos imputados por malos tratos en Les Corts
16/01/2008 | Actualizada a las 20:17h
Barcelona. (EUROPA PRESS).- La Dirección General de la Policía de la Generalitat levantó hoy la suspensión cautelar de empleo y sueldo que se impuso en abril a cinco mossos d'Esquadra imputados por supuestos malos tratos en la comisaría barcelonesa de Les Corts.
Los agentes fueron suspendidos después de trascender unas imágenes grabadas con cámara oculta dentro de la comisaría y que muestran supuestas agresiones a dos detenidos.
Según informó hoy la Conselleria de Interior, la decisión se ha tomado porque han transcurrido nueve meses desde la imposición de la suspensión y los dos procesos judiciales contra ellos continúan en fase de instrucción.
La legislación establece que una suspensión cautelar no puede convertirse en una sanción efectiva ni ser indefinida. Además, según la Dirección General, la medida cautelar "ya ha producido sus efectos" y alargarla en el tiempo "podría agravar la situación de los cinco funcionarios".
Los mossos, denunciados por la División de Asuntos Internos de la Policía catalana, se pueden reincorporar a partir de hoy al servicio en tareas de seguridad ciudadana en la ciudad de Barcelona, aunque se les cambia de servicio, y trabajarán en el destino operativo más necesario.
La reincorporación al trabajo no paraliza en ningún caso los procedimientos judiciales contra los agentes. Cuando haya sentencia firme en ambos casos, la Dirección General de la Policía resolverá el expediente disciplinario, aunque siempre estará vinculado a la sentencia judicial.
Los dos casos salieron a la luz en abril, cuando el director general de la Policía, Rafael Olmos, explicó públicamente que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) investigaba dos supuestos casos de maltratos en la comisaría.
En el primer caso, investigado por el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital catalana, Rubén Pérez denunció que el 31 de marzo fue trasladado a dependencias policiales por una patrulla del distrito de Sant Martí para ser identificado, ya que se negó a hacerlo en la calle cuando estaba discutiendo con dos personas.
En comisaría, un cabo y tres agentes -dos de ellos en prácticas- le habrían dado "puñetazos y patadas" hasta que perdió el conocimiento, según relató ante la juez. En cambio, según la versión de los imputados, el detenido se mostró "agresivo en todo momento", por lo que tuvieron que utilizar la "fuerza mínima imprescindible" para evitar que les lesionara.
Al final, le esposaron y le pusieron un casco de moto para evitar que se autolesionara. El segundo caso, investigado por el Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona, ocurrió el 4 de abril cuando una mossa d'Esquadra abofeteó en comisaría a una detenida, Elena P., de 23 años y nacionalidad rusa, y que salió de las dependencias policiales al día siguiente con 38 hematomas por todo el cuerpo, según un informe médico.
