Los agresores eran los guardias civiles

Bittor Iriarte fue primero exculpado de la acusación de «agresión». Después se investigóa los guardias civiles por «falso testimonio». Y ahora se ha probado que los agresores eran ellos, los uniformados. ¿Un caso aislado? El 24 de junio de 2000, en Lizarra se realizaba una manifestación en favor del gaztetxe de la localidad. La Guardia Civil cargó y detuvo a Bittor Iriarte, por aquel entonces concejal de HB en la localidad. Las acusaciones: «Desórdenes públicos» y «atentado a la autoridad». El testimonio policial parecía abocar a Iriarte a una condena, como en tantos otros casos. Pero el Juzgado de Iruñea que asumió el caso se lo tomó en serio. Los guardias civiles manifestaban que el concejal abertzale se había abalanzado con- tra un dispositivo formado por diecisete agentes. Iriarte, por contra, defendía que el agredido realmente fue él. Los jueces no prejuzgaron esta vez, sino que repasaron con detalle las dos versiones y concluyeron que fueron los uniformados, «pertrechados con el uniforme, armamento y defensas reglamentarias antidisturbios, quienes llegaron a la altura del acusado, lo agarraron, zarandearon y tiraron al suelo, cayendo en el centro de la calzada, donde fue golpeado por varios de los agentes». Se trataba, en definitiva, de lo mismo que reflejaba una fotografía aparecida en un diario navarro en el que se puede ver a Iriarte tirado en medio de una calle absolutamente vacía, rodeado por una docena de guardias civiles que blanden sus porras y escudos, con los cascos puestos. «Falso testimonio» Pero hubo todavía otro punto de inflexión más en el caso. El Juzgado no sólo absolvió a Iriarte, sino que determinó que la acusación policial «es una falacia». En consecuencia, hizo algo que raramente se ve en los tribunales: abrir un proceso por «falso testimonio». Y contra dos guardias civiles, ni más ni menos. Se trataba de un capitán del cuartel del instituto militar y un agente antidisturbios que se sentaron en el banquillo el 15 de diciembre de 2003. El Ministerio Fiscal solicitó contra ellos un año de prisión y una multa de 3.240 euros, y la acusación particular reclamó catorce meses y una indemnización de 9.000 euros por daños morales para Bittor Iriarte. La sentencia fue absolutaria en este caso porque la jueza encargada de dictar sentencia íla misma que cerró en falso el «caso Otano» en su díaí argumentó que una cosa era mentir y otra ver las cosas de diferente manera. No obstante, el proceso avanzó por otra vía. Tres guardias civiles del grupo fueron juzgados en Lizarra no ya por mentir, sino por agredir. Los uniformados pasaban ya de agredidos a agresores. Y el fallo fue condenatorio. Se les impusieron 180 euros de multa y 250 euros de indemnización para Iriarte por el concepto de «lesiones». Se da la circunstancia de que ellos mismos se habían delatado al facilitar su identidad cuando se pidió el nombre de «quienes han rescatado a su compañero de la agresión del concejal», tal y como rezaba la versión oficial falsa. Ahora, la Audiencia Provincial de Nafarroa ha rechazado el recurso de los guardias civiles, con lo que el caso queda cerrado tras demostrarse primero que Iriarte no pegó a nadie, después que los guardias civiles emplearon «una falacia» y finalmente que los uniformados fueron los agresores.

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