Los derechos LGTBI+ en América Latina

Los movimientos de la disidencia sexual, concretamente lo que hoy se denomina “movimiento LGBTI+” (lesbianas, gays, bisexuales, travestis/transexuales y otres como queers, no binarixs e intersexuales)[i] en América Latina han buscado lograr su reconocimiento político y condiciones de igualdad jurídico-institucional con el resto de la sociedad. Estos reclamos están hoy focalizados en la adquisición de derechos de ciudadanía, especialmente el matrimonio, la adopción y garantías contra la violencia y la discriminación en todas sus manifestaciones.

Una particularidad de los derechos sexuales en América Latina es que la secuencia de reconocimientos fue inversa a la europea. En el viejo continente primero fueron conquistados plenamente los derechos de las mujeres y décadas después se debatieron el matrimonio gay y los derechos de personas travestis y trans. En América Latina esto no fue necesariamente así; varios de los derechos LGBTI+ se reconocieron antes que otros que específicamente reclama el movimiento feminista, como el de la legalización del aborto.

Aún así, tal vez la mayor contradicción latinoamericana continúe siendo la brecha que separa lo institucional de lo cultural. Según el informe “El prejuicio no conoce fronteras”, publicado por Sin Violencias LGBTI+, 1.292 personas con una orientación sexual o identidad de género diversa fueron asesinadas en América Latina entre 2014 y 2020.

Los derechos de las comunidades LGBTI+ en América Latina han tenido inicialmente dos grandes fases de visibilización. La primera en los años 60, coincidiendo con la organización de los pueblos originarios, de personas negras y de mujeres. La segunda, a mediados de la década de los 80, signada por la aparición del VIH-Sida, en principio denominada “peste rosa”. El virus adquirió el grado de pandemia y visibilizó a las comunidades sexualmente diversas que buscaban una respuesta estatal a la problemática, saltando las fronteras de lo privado para realizar su reclamo en la arena pública.

A partir de la década de los 90 la pluralidad y la diversidad comenzaron a tener un fuerte tono identitario. En esta época se impuso la designación de “lesbiana” y “gay” –abandonando la categoría “homosexual” surgida como categoría de la taxonomía médico-legal desde posturas esencialistas– y, posteriormente, también se incorporan las identidades travestis, transexuales, bisexuales e intersexuales. Surgieron, además, poderosas y articuladas asociaciones nacionales e internacionales como la ILGA (Internacional Lesbian and Gay Asociation) a nivel mundial, y la ILGALAC, en Latinoamérica.

Por otro lado, aparecen nuevos espacios de articulación entre los que se encuentran las Marchas del Orgullo, que persiguen especialmente una política de visibilidad y medidas afirmativas con acento en los derechos reconocidos por el Estado y en las posibilidades de igualación normativa. Sin embargo –en algunos casos– organizaciones sociales y ONG en pos de la diversidad se han visto cooptadas por agendas del sector privado-empresarial que buscan ampliar sus mercados e impulsar una percepción de progresismo en relación a los derechos de carácter simbólico y/o de reconocimiento político.

El mismo amor, ¿los mismos derechos?

Sería recién con el nuevo milenio que la articulación entre el Estado y las agrupaciones de las comunidades LGBTI+ comenzó un proceso de ampliación de derechos ciudadanos condensado en hitos y réplicas que marcarían una nueva política en cuanto a la diversidad.

El primero de ellos fue en 2002, cuando Argentina reconoce el primer derecho LGTBI+ en América Latina con la posibilidad del derecho a la adopción por parte de parejas del mismo sexo. El 15 de julio de 2010, se inauguró un nuevo escenario con la aprobación de la Ley de matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad de heredar de la pareja en América Latina: también fue en Argentina. Unos meses antes, producto de un vacío legal, se celebró el primer matrimonio entre varones del mismo sexo, el 28 de diciembre de 2009 en Tierra del Fuego, inaugurando así un nuevo cambio de paradigma en cuanto a la visión de libertad, diversidad e igualdad desde el sur profundo.[ii] Esto tendría una notaria repercusión legal en Uruguay (2013), Brasil (2013) y Colombia (2016), que siguieron dicha senda. Cabe destacar el rol en materia de legislación de Uruguay, fue el primer país en aprobar la Unión Civil (2008) para luego ampliar su legislación y borrar las nomenclaturas diferenciales. En cambio, optarían por el término “unión civil” países como Ecuador (2015), Chile (2015) y Bolivia (2020). Este último país, ya bajo el Gobierno de Luis Arce, en diciembre de 2020 avaló el primer matrimonio entre personas del mismo sexo. El matrimonio igualitario se debatirá este año en Cuba y Venezuela.

Perú tal vez sea, junto a Paraguay, uno de los países más refractarios con respecto a la unión de parejas del mismo sexo. Desde 1993 ha rechazado todas las propuestas legislativas de unión civil (2003, 2010, 2012, 2013, 2015 y 2016). En febrero de 2017, las congresistas Indira Huilca Flores y Marisa Glave, presentaron un proyecto de ley más ambicioso que busca reconocer el matrimonio igualitario. La iniciativa legislativa propone la modificación del artículo 234 del Código Civil para definir la noción de matrimonio como “la unión voluntariamente concertada por dos personas legalmente aptas para ella”. Ninguna de las propuestas ha sido hasta el momento aprobada por el Congreso. En el caso de Paraguay, el artículo 140 de su Código Civil prohíbe en forma explícita el matrimonio para las personas del mismo sexo.

- Países que avalan el matrimonio igualitario: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México (régimen estadual) y Uruguay.

- Países que no tienen figura legal para enlaces entre personas del mismo sexo: Belice, Cuba, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú –proyecto presentado y archivado desde 2016–, República Dominicana y Venezuela.

¿Ampliación de derechos o “marketing rosa”?

La presión “modernizante” en el aspecto legislativo tuvo también su impacto en estrategias políticas y empresariales, asumiendo a esta población y a sus defensores como un mercado de consumidores y de potenciales votantes. Asimismo, desde sus propias luchas, las comunidades LGBTI+ hicieron suyo el concepto pink-washing [iii] (lavado rosa) para caracterizar estrategias políticas y de marketing, tanto de gobiernos como de empresas privadas, que buscan “lavarse la cara” y dar una imagen de integración y progresismo para, de este modo, cubrir las críticas que reciben por otro tipo de acciones de corte conservador, nocivas con el medioambiente, represivas, etc.

Los casos de Ecuador y Chile son casos paradigmáticos de cómo la derecha ha intentado “lavarse la cara” y hacer un uso oportunista de las demandas de las disidencias sexuales en países que ejercen una violencia extrema. El 12 de junio de 2019, cuatro meses antes del estallido social y en una votación dividida de la Corte Constitucional, Ecuador dijo sí al matrimonio civil igualitario bajo el Gobierno de Lenín Moreno. Éste aprovechó la ocasión para manifestar que el fallo no necesariamente coincidía con sus valores personales, pero que apoyaba las decisiones de la Justicia –la misma que sirvió para judicializar a sus adversarios políticos–.

Recientemente, el conservador Sebastián Piñera, impulsó el matrimonio igualitario otorgándole “carácter de urgencia” a un proyecto de ley que lleva discutiéndose desde 2017 en el Parlamento.