Los sucesos de Jun. No a la manipulación

Situaciones como las del municipio granadino de Jun son la consecuencia de una falta de planificación y seguimiento en materia de vivienda social por parte de las administraciones. El caso de Jun es la punta de iceberg de otros lugares andaluces donde la falta de vivienda es acuciante, sobre todo, para los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

Ante el hecho ocurrido la APDH-A quiere:

1.- La investigación por parte de Subdelegación del gobierno de Granada, del porqué el alcalde de Jun, José Antonio Rodríguez, propagó en sus declaraciones una alarma social, al decir que 24 familias abandonaron sus casas tras ser amenazadas en intimidadas por las familias ocupantes. Declaraciones desmentidas por el propio Delegado del Gobierno central, Juan José López. ¿Qué se esconde detrás de estas declaraciones alarmistas del alcalde que podría haber generado un conflicto social en su pueblo?

2.- La actuación de la Diputación Provincial de Granada, para realizar un trabajo social con estas familias, que les dé una solución definitiva y no transitoria a cada una de las mismas. ¿Por qué los servicios sociales de la Diputación actuaron una vez consumados los desalojos, en vez de haber planificado un trabajo social adecuado con cada familia?

3.- El compromiso político de las administraciones, sobre todo de la Junta de Andalucía, para que desarrollen una política social y de vivienda que posibilite la equidad y cohesión en todo el territorio andaluz. Evitando guetos urbanísticos; posibilitando viviendas (venta o alquiler) a todas las familias, teniendo en consideración las distintas realidades sociales; y realizando un seguimiento para evitar problemas sociales.

No a la Manipulación

La verdad es que los ciudadanos a quienes nos preocupan los últimos acontecimientos de Jun, cada día estamos más confusos debido a los nuevos datos que aparecen y que complican la versión de los hechos tan simple y clara que se nos ofreció en un primer momento. Más aún, nos tememos que se esté intentando ocultar con medias verdades intereses y actitudes nada loables y difícilmente defendibles por un alcalde socialista. En cualquier caso me preocupa de un modo especial el intento de provocar y alimentar una reacción popular contra los €œocupas€, camuflando intereses más o menos particulares. Me parece muy peligrosa esta actitud pues puede conducir a posturas de intolerancia y racismo que se sabe cómo y donde empieza, pero no donde acaba. Y ejemplos de eso tenemos en nuestra reciente historia hasta la saciedad.

No pretendo defender lo indefendible ni justificar la violencia contra las cosas o las personas, si es que eso se ha producido, cosa que cada vez aparece menos evidente con las informaciones que van apareciendo en los medios de comunicación. Confío en que la justicia sea quien aclare estos extremos, así como otros muchos cabos que han aparecido sueltos y que permiten entrever intereses ocultos. Confío en que se aclare cómo es posible que tres personas dispongan de una treintena de pisos que son, o por lo menos fueron, de protección oficial y que los mantengan sin alquilar y vacíos en su mayoría desde hace muchos años. Además de ser es una clara provocación para las miles de personas que no pueden acceder a una vivienda digna y a un precio asequible, considero que es muy poco ético y socialmente insostenible el mantenimiento de tantas viviendas vacías, viviendas que por otra parte y en su momento fueron construidas con una finalidad social.

¿Acaso están esperando sus dueños a que su valor suba más, gracias a la urbanización prevista a su alrededor, o a que se permita su derribo y posterior construcción por otras que se puedan vender o alquilar más caras? Y claro cuando eso suceda, es importante que los pisos estén libres de inquilinos pues éstos podrían dificultar la operación.

Mientras tanto a alguien puede resultar útil poner a los vecinos contra los llamados las personas que las han ocupado, acusándolas de una violencia de la que hasta ahora existen pocos datos fehacientes, más allá de las palabras del alcalde y de alguna otra persona que dice haber oído que han sido muy violentos en la ocupación de unas viviendas que estaban vacías. Nadie hasta ahora ha demostrado que hayan expulsado a alguien de su vivienda para ocuparla. Sí queda claro que ha habido familias que se han ido por miedo o simplemente porque no querían tener como vecinos a los nuevos inquilinos.

En cualquier caso los ocupantes, así lo han manifestado los medios de comunicación, están dispuestos a hablar, a pagar el alquiler y a regularizar su situación. Quieren una vivienda digna, como todos la queremos; tienen derecho a ella, como lo tenemos todos; es posible que algunos hasta hayan sido manipulados en el modo de acceder a la misma por terceras personas también con intereses nada claros, pero por favor no se azuce contra ellos de un modo irresponsable a una multitud que a veces difícilmente actúa con mesura. Sitúense las cosas en su sitio, dejemos actuar a la justicia, más aún exijámoslo, y que sea ésta la que tire de todos los hilos que al parecer han aflorado en esta complicada madeja.

* Delegada de la Apdha en Granada