María Atxabal denunciará al estado español por sus torturas en Estrasburgo.

Los audios de la rueda de prensa se encuentran aquí

Y podéis leer el Testimoniode María Atxabal sobre su detención y torturas y algunos extractos de los informes médico-legales aquí:

En la rueda de prensa estuvieron el abogado de Maria Atxabal, Jaime Elías, Jorge del Cura , militante del Centro de Documentación de la tortura en el estado español, y en representación de los grupos de apoyo: Garbiñe Ibañez de Gesto por la paz, Carlos Hernández de Salhaketa, Jose Ma. Larrañaga de ELA y Raúl Roncero de Torturaren Kontrako Taldea de Santurtzi.

Casi cinco años después de que María Atxabal Puertas denunciase las torturas y malos tratos a los que fue sometida tras su detención el 7 de junio de 1996, pasado 12 de enero el Sistema Judicial del Estado español certificó la impunidad de estos hechos cuando su Tribunal Constitucional (última instancia de recurso) se negó a tener en cuenta los informes médicos y psicológicos que evidenciaban los abusos físicos, psíquicos y emocionales a los que fue sometida Mari.

Tras el archivo del asunto en el estado español, Mari Atxabal ha decidido llevar su denuncia a Estrasburgo. Según su abogado, Jaime Elías hay elementos suficientes para que se abra un caso por tortura y también porque el estado español no ha investigado como debía hacer ante una denuncia de esta gravedad, cuyas consecuencias aún sufre Maria, 9 años después. Precisamente, estaba previsto que Maria Atxabal acudiese a la rueda de prensa, pero se lo impidió una crisis provocada por el estres postraumático crónico que padece como consecuencia de los malos tratos durante su detención.
La decisión sobre si la denuncia es admitida a trámite o no , no se conocerá hasta dentro de 5 o 6 años...

Jaime Elías hizo un breve resumen del periplo judicial de la denuncia de Atxabal, destacando que todos los informes médicos avalan la existencia de la relación entre la detención de Atxabal y la enfermedad que padece. Informes médicos de la cárcel, psiquiatras de Osakidetza, del hospital psiquiátrico de Zaldibar y el médico forense reconocen que el trastorno por estres postraumático que padece se debe a los tratos inhumanos y vejatorios sufridos en manos de la guardia civil.

Sin embargo la Audiencia de Madrid y el Constitucional en sus sentencias dicen que esos informes y en la declaración de torturas no acreditan los malos tratos. Elías recordó que en la fase de instrucción de un juicio lo que deben acreditarse no son las pruebas sino los indicios racionales del delito. Y en el caso de Maria Atxabal , esos indicios son evidentes.

Es lo que comentaba también, Jorge del Cura, antiguo integrante de la Asociación contra la tortura y actualmente miembro del Centro de documentación sobre la tortura en el estado. Así, comentó que a pesar de saber de su caso en el 96, cuando fue detenida, le pareció una denuncia más de malos tratos, pero que quedó impresionado en el año 2000, cuando conoció a María, al comprobar que aún padecía las consecuencias de haber sido torturada en los calabozos de la guardia civil.

También explicó que se trata de un caso paradigmático, porque los tribunales siempre dicen que es muy difícil contar con informes que valoren los daños psíquicos de los malos tratos, y aunque éste cuenta con abundante documentación médica, sin embargo los tribunales se saltan los principio jurisdiccionales, y cierran el juicio en la fase de instrucción argumentando que no hay pruebas...

Del Cura también recordaba que tan sólo hace unos meses se hizo público el informe que recogía las cientos de denuncias por tortura en el estado español en el 2004., la tortura sigue produciéndose, los indultos a funcionarios condenados y el archivo de denuncias como la de Maria Atxabal, siguen produciéndose, lo que hace pensar que las grandes declaraciones del gobierno y de las cortes españolas son sólo eso, meras palabras.

Por eso, se reafirmaba en la exigencia de voluntad política para erradicar la tortura, y para ello primero hay que reconocer que se practica, investigar los casos, y depurar responsabilidades.

Por último , intervino Carlos Hernández en representación de los grupos y asociaciones que apoyan a Maria Atxabal, explicó que lo hacen porque cualquier persona que haya sido torturada necesita además del camino judicial para resarcir el daño y sancionar a los culpables, el acompañamiento social, fundamental en el sentido de reconocer su humanidad y su valor al denunciar unos hechos tan dolorosos. Pero además, el apoyo social es también una obligación ética y moral de denunciar la tortura, acompañando y ayudando a las personas torturadas, independientemente de si son culpables o inocentes de los delitos que se les achaquen. Y aunque en este caso, María Atxabal fue declarada inocente, aunque hubiera sido condenada, ningún ser humano merece el castigo de la tortura, que es la más brutal de las violencias, una violencia de estado ante la que la ciudadanía no tiene defensa, porque el propio estado es el agresor. Por eso debe ser la sociedad civil, como los grupos que apoyan a María, quienes deben resarcir, acompañar y denunciar estos hechos, y para que si se repiten no queden sin condena social.
Las condenas judiciales no suelen llegar, y cuando lo hacen, se quedan en nada...por eso los grupos ue se solidarizan con María Atxabal, y con todas aquellas personas que puedan haber sufrido experiencias similares, tienen claro que debe haber condena social, el grito popular diciendo que eso no es aceptable. Por lo que esperan que no sólo se reconozcan las torturas en este caso, sino que el estado español no ha hecho lo suficiente para evitarlas ni para perseguirlas, ni para prevenir futuros casos de malos tratos.

Resumen del caso de María Atxabal.

Tras su arresto y torturas, en las que al maltrato físico y psíquico se unió la tortura emocional de creer amenazada la integridad de su hija, Mari sufrió 1 año de prisión provisional (Carabanchel y Nanclares de la Oca), quedando luego en libertad provisional bajo fianza por su deteriorado estado de salud tanto física como psíquica. Los informes de la propia cárcel achacaron el trauma a las torturas sufridas en comisaría y constantemente revivido en prisión. Después, en enero de 1998 vendría un juicio por "pertenencia a banda armada" en la Audiencia Nacional, en el que Mari denunció haber sido torturada.

En febrero de 1998, la propia sentencia de la Audiencia Nacional que absolvía a Mari de las falsas acusaciones reconocía que "no existe prueba de cargo de los hechos que el fiscal imputa" e iba más lejos al añadir "no estima probada la imputación del Ministerio Fiscal con apoyo en la sola declaración policial, habida cuenta su situación psicológica al declarar puesta de relieve por la prueba pericial practicada en el acto del juicio oral". Es decir, la propia sentencia reconocía que Mari Atxabal había sido detenida y encarcelada durante un año sin pruebas reales, y durante este tiempo, especialmente en los primeros días de detención incomunicada, Mari fue sometida a torturas y malos tratos encaminados a obtener la declaración autoinculpatoria que supliese esa falta de pruebas de la Fiscalía.

Como resultado de aquel maltrato Mari sigue, a día de hoy, bajo tratamiento psiquiátrico, puesto que ha sido diagnosticada de "estrés postraumático crónico", desencadenado por "la vivencia de temer por su integridad física y la de su hija". Un situación agravada por las numerosas crisis que sufrió en prisión (acompañadas de pérdida de conocimiento), crisis que se siguieron repitiendo tras su puesta en libertad, y que aún no han remitido definitivamente.

También como resultado de aquel maltrato así como de la gravedad de las secuelas que produjo, María Atxabal no denunció públicamente estos hechos hasta julio del año 2000, iniciando un proceso judicial en el que buscaba tanto el resarcimiento de su situación, como la depuración de las correspondientes responsabilidades. Todas las personas que con ella pedimos justicia nos encontramos con que el Sistema judicial español reafirmó la impunidad de estos hechos y, al hacerlo, se co-responsabilizó de los mismos, al omitir su evidente responsabilidad tanto en la comisión como en el no castigo de un crimen contra la humanidad como lo son las torturas y malos tratos bajo custodia del Estado.