Pasteleo en Astilleros

Andalucía Libre

El Acuerdo Gobierno PSOE/CCOO-UGT sobre la reconversión de Astilleros Izar, se construye a partir de la aceptación compartida de las dos partes de dos premisas: a. El acatamiento a la autoridad de la Unión Europea, que con sus multas millonarias es la causante ultima de la más reciente crisis de Astilleros, sin cuestionar su parcialidad ni discutir su legitimidad. b. La asunción y plena aceptación de la política neoliberal y librecambista de la UE en cuanto a la construcción naval y el transporte marítimo que configura en ultima instancia el escenario profundo y recurrente de la crisis. De ahí, el compromiso compartido por construir la salida a la situación combinando un proyecto que, de una parte, se someta explícitamente a las exigencias europeas (privatización de lo civil y separación de lo militar) al tiempo que resuelva las necesidades políticas del Gobierno Zapatero.

Resulta ilustrativo de la situación que haya tenido que ser la derecha españolista del PP -de entre todos los actores significativos- quien más se ha atrevido, bien sea que muy débilmente, a arañar algo la legitimidad europea proponiendo la utilización del recurso ante las instituciones de Bruselas para solicitar la anulación de las multas. La respuesta de CCOO-UGT es tan descriptiva como definitoria: "no están los sindicatos para perseguir quimeras y han de centrarse en soluciones practicas". Es decir: si Bruselas habla, aquí se acata y punto. Todo lo cual es evidente que no afecta a la absoluta y profunda demagogia de la posición del PP que ha quedado, de todas formas, evidenciada por la oportuna filtración de sus propios planes de reconversión; elaborados antes de su derrota electoral y aparcados en espera de ocasión adecuada.

En ese contexto, los objetivos del PSOE -presentados en forma de compromisos- se han centrado en conseguir el aval sindical de CCOO y UGT -sus sindicatos afines- a una salida pactada articulada en torno a dos patas: 1º. Que ningún astillero cerrara de inmediato; 2º. Que la actuación sobre la plantilla "no fuera traumática".

Estas dos condiciones fueron asumidas políticamente desde un principio por Zapatero (aunque utilizando a Solbes y a la SEPI como elementos de presión) y responden al diagnóstico de lo que el PSOE entendía que eran mínimos necesarios para desactivar la protesta obrera y conseguir un apoyo político y social suficiente como para afrontar la reconversión sin costes insuperables. El mantenimiento de los astilleros abiertos (otra cosa es en qué condiciones) pretendía combatir la imagen de desindustrialización; la actuación no traumática, ganar la confianza de las plantillas en lo tocante a la preservación de sus intereses individuales.

La viabilidad industrial a largo plazo (que requería la ambivalencia de dedicación civil y militar y otro enfoque global) se ha entendido como algo secundario y sacrificable. De igual modo, el Gobierno español ha considerado que la resistencia obrera a la privatización era esencialmente sinónimo de temor por una desprotección desequilibrada ante el futuro y no de otras pretensiones y para desactivarlo se ha articulado una presunta "privatización atenuada" de la parte civil, en la que se pretende implicar a las Cajas de Ahorro (contando con la influencia en su seno del PSOE). La idea implícita que quiere transmitir la presunta cobertura pública del nuevo superholding es que a la hora de las bajas incentivadas y las prejubilaciones no habrá discriminación entre "privatizados" y "públicos". Además, a la hora de distribuir adscripciones, tanto Gobierno PSOE como CCOO-UGT han tenido muy en cuenta las implicaciones políticas y nacionales de la diversa implantación territorial de los astilleros. Incluso cabría pensar que los tiempos de ubicación de cada centro en una u otra de las nuevas subsecciones de la nueva Izar a lo largo del proceso (el ejemplo mayor es cómo han gestionado lo de San Fernando) parece diseñado a propósito a efectos de ganar apoyos y vender como victorias o cesiones, lo que no dejaban de ser variables previstas dentro de su esquema de prioridades.

El hecho de ser Izar una empresa estatal -sumado a la implantación de CCOO-UGT, factor negativo clave que hay que reconocer- ha facilitado un marco estatal de negociación que, como suele ocurrir y por mucho que esto fastidie a los doctrinarios de la izquierda estatalista, no ha facilitado la "solidaridad’, sino antes al contrario, el control de la crisis y su instrumentalización por parte de los aparatos estatales de CCOO-UGT, dejando a los otros sindicatos reducidos al papel de convidados de piedra y dificultando incluso la mera enunciación o planteamiento de diseños nacionales realmente alternativos. Durante meses el peso de la lucha ha recaído prácticamente en solitario en los astilleros andaluces, hasta la reciente incorporación de La Naval de Sestao, en tanto en otros centros las acciones no han pasado de ser simbólicas o inexistentes; según se vieran o no situados en perspectivas más o menos preocupantes según los sucesivos planes de los gobiernos españoles (del PP, primero y luego del PSOE). Pese a ese desgaste, la ausencia de sindicatos de obediencia andaluza ha terminado permitiendo que este esfuerzo sea administrado desde Madrid a su conveniencia.

De entrada, es extremadamente significativo que el grueso de inversión prevista -1.300 millones de euros- vaya destinada a reducir los costes de plantilla -vía prejubilaciones y otros recursos- mientras que sólo 357 se adjudican a inversiones. Estas preferencias hablan por si mismas de que la prioridad del Gobierno español no es mantener o desarrollar la construcción naval o mantener los puestos de trabajo sino desprenderse de plantilla sin oposición y reducirla, a ser posible silenciosamente; lo que eufemísticamente será seguramente denominado en su día como "redimensionamiento de la construcción naval". La nueva ofensiva prevista en cuanto a degradación de las condiciones laborales está pensada para estimular la aceptación paulatina de esta opción.

Los previsibles efectos del Acuerdo sobre la industria complementaria serán demoledores. Siguiendo experiencias anteriores, esta será sacrificada; algo especialmente negativo en naciones desindustrializadas como Andalucía donde su dependencia es mayor.

En ese contexto general y sufriendo sus consecuencias, de los astilleros andaluces se ha adjudicado Sevilla a la parte civil (privatizable) en tanto Puerto Real, Cádiz y San Fernando se ubican finalmente en la militar; quizá porque los terrenos de astilleros de Sevilla tienen un alto valor urbanístico especulativo y esa perspectiva puede compensar durante un tiempo los aportes de las Cajas de Ahorros a implicar. En la Bahía de Cádiz, donde se concentran los otros tres, pasa a consolidarse un monocultivo militar. La reacción favorable de las plantillas -especialmente en San Fernando- se explica por la idea de que la construcción militar -al mantener su carácter publico pleno, depender de decisiones políticas del Gobierno español y estar menos sujeta a limitaciones europeas- ofrece mayor seguridad en el empleo; impresión incrementada si cabe por reflejo por las quejas emanadas desde algunos portavoces de Euskadi o Galicia. En esa reflexión autosatisfecha parece que no se tiene en cuenta que estos nuevos centros incorporados habrán de repartirse las contratas con los ya existentes de Cartagena y Ferrol. Tampoco se valora que la capacidad de peticiones de la Armada española no es indefinidamente ampliable; por evidentes razones no sólo militares sino también presupuestarias y de opinión pública. La opción por el mercado militar exterior, amen de la habitualmente criticable catadura de los clientes, ha de tener presente también que la competencia aquí será previsiblemente mayor en el futuro. Lo cierto es que la opción auspiciada por Chaves sitúa al grueso de la construcción naval andaluza como dependiente de una demanda improductiva e impopular y controlada directamente por el Gobierno español (y conste que no tenemos objeciones de principio a una producción naval militar andaluza, pero de situarse en otro contexto nacional y social soberano y con diferente función).

De momento, el Gobierno PSOE ha conseguido con la colaboración de sus sindicatos afines una victoria política significativa. Prueba de ello es la inmediata paralización de los planes de movilización. La protesta ha quedado descoyuntada y lo que es peor, falta de soportes y visiones propias desarrolladas. Además, el Gobierno PSOE ha sorteado así un obstáculo importante para continuar desarrollando sus planes neoliberales en los otros ámbitos económicos (fiscalidad, pensiones, derechos laborales...). El acuerdo, facilita al PSOE el mantenimiento de la colaboración de Izquierda Verde/IU -pegada como una lapa a CCOO/UGT- en el Parlamento español; que había condicionado en publico su continuidad a un pacto en el sector y ahora puede presentarlo no sólo como satisfacción de las "demandas razonables" presentadas por CCOO-UGT sino como presunta prueba de su papel condicionante sobre el Gobierno Zapatero.

Socialmente, forzoso es reconocer que -aun con las ultimas manifestaciones masivas de Sevilla y San Fernando- la solidaridad con los Astilleros no ha ido mucho más allá de la simpatía y algunas campañas de propaganda minoritaria. Difícil era esperar reacciones cualitativamente mayores, dada la precariedad existente, el retroceso militante acumulado y la hegemonía sindical de CCOO-UGT en nuestra Nación. Ahora, si el acuerdo sigue adelante, nadie podrá discutirle a los trabajadores de las plantillas el derecho ganado a pulso de asegurar un sueldo en sus casas; sea trabajando, de baja o prejubilados. Pero este es un caso evidente en el que no coinciden el interés individual con el de clase o nacional. Para las familias directamente afectadas y por extensión para sus barrios y sus pueblos es claro que no es igual en absoluto tener esa protección y esos ingresos que no tenerla o tenerlos en forma insegura y la compensación que ello implica. Pero más allá de este plano, también es innegable que no tardará mucho en verse de nuevo que no es lo mismo lo obtenido que el mantenimiento de los puestos de trabajo y no digamos el desarrollo industrial; lo que no dejará de afectar negativamente a la conciencia social y nacional. Nuevamente se dejara sentir la percepción de que las salidas atenuantes provienen no de una victoria ejemplar sino por el contrario de una resistencia derrotada, eso sí, desarrollada desde unas plantillas peleonas, de dimensión respetable y actuantes en centros concentrados y con repercusión.

Evitarlo requeriría una coordinación efectiva de las cuatro factorías andaluzas, otra dinámica de reivindicaciones y otro discurso.