Plataforma contra la impunidad de los crímenes franquistas

El objetivo de nuestra Plataforma es luchar contra la impunidad de los crímenes franquistas y conseguir el reconocimiento oficial y la restauración de la dignidad de los ciudadanos republicanos asesinados durante y después del golpe militar del general Franco contra el gobierno democrático de la República, ocurrido en julio de 1936. Estos crímenes siguieron perpetrándose desde el final de la guerra civil consecuente al levantamiento, año 1939, hasta la muerte de aquel siniestro personaje, en noviembre de 1975.

Ignorados vergonzosamente por casi la totalidad de los medios de ‘información’ españoles, los miembros de esta Plataforma queremos hacer saber a los ciudadanos del mundo que llevamos manifestándonos ininterrumpidamente todos los jueves en la Puerta del Sol de Madrid desde hace un año y medio, entre las 20 y 21 horas (en invierno el horario varía: entre las 19 y las 20), en lo que se conoce como ‘Rondas de la Dignidad’*.

El régimen que tuvo su origen en el golpe militar contra el gobierno de la República, elegida democráticamente por la mayoría del pueblo español, fue condenado por la ONU en 1945, acusado de apoyar a las potencias nazi y fascista y de mantener al país inmerso en un estado de represión que incluía la eliminación física de sus oponentes. Un verdadero genocidio por razones ideológicas, que como todos los crímenes de lesa humanidad, no prescriben jamás. Sus víctimas fueron ciudadanos cuyo único delito fue enfrentarse a aquel régimen criminal, defender la legalidad democrática y luchar por una sociedad más libre, justa e igualitaria.

Los restos mortales de muchas de las víctimas de la represión franquista permanecen dispersos por todo el país, en enterramientos clandestinos, en fosas junto a tapias, en el campo, en los caminos, que ningún gobierno español democrático de los elegidos en las urnas después de 1975 se ha preocupado seriamente por localizar, pero que merced a la iniciativa popular van apareciendo constantemente.

Tras la muerte del golpista, los principales partidos españoles acordaron una especie de ‘ley del silencio’ alegando que aquella era una página cerrada de nuestra historia y que así se facilitaba la reconciliación ‘democrática’ (sin que mediara ninguna consulta popular). El acuerdo se plasmó en la Ley de Amnistía de 1977. Muy al contrario, esta Plataforma, en la que se integran muchos familiares de los asesinados, considera que mientras no se reconozcan los crímenes, se anulen las condenas y se señale y condene oficialmente a los culpables –la mayoría ya fallecidos-, las heridas seguirán abiertas y el pueblo español no habrá recuperado aún su dignidad.

Pero la respuesta oficial, respaldada por unos jueces que también se niegan a hacer justicia, en claro incumplimiento de sus obligaciones –el único que lo ha intentado, el Juez Baltasar Garzón, se encuentra procesado por la Audiencia Nacional tras la denuncia de un partido, Falange Española, increíblemente legalizado-, es el silencio o, como acabamos de decir, la amenaza a quienes osen investigar sobre este asunto.

Estimaciones nada exageradas, cifran el número de los asesinados sin reconocimiento ni reparación moral (la inmensa mayoría fueron juzgados por tribunales militares del bando vencedor, sin las menores garantías procesales y en medio de una escandalosa vulneración de los más elementales derechos de cualquier acusado) en alrededor de 200.000. Las torturas previas a los fusilamientos fueron casi una constante, de las que nunca nadie ha rendido cuentas, en una vergonzosa impunidad. Tampoco la reparación moral ha tenido lugar, constando como delincuentes muchos de los fusilados tras esas parodias de juicios.

Capítulo especial merece el secuestro y robo de niños, arrancados de brazos de sus madres o mostrando a éstas cadáveres que no eran los de sus hijos. Todo este siniestro negocio –se manejaba mucho dinero, claro está- contó con la complicidad de hospitales, médicos y religiosas, que entorpecen todo intento de investigación.

Así pues, y ante el desinterés e incluso la hostilidad de los medios oficiales, queremos hacer llegar a los ciudadanos del mundo esta situación. La presión mediática podría hacer que el gobierno español de turno se viese obligado a cumplir los acuerdos sobre la Convención Internacional para la Protección de las personas contra las Desapariciones Forzadas, que él mismo tiene firmados.

Agradecemos, en todo caso, la divulgación de esta situación, desconocida por la mayor parte de los ciudadanos de los países democráticos, e invitamos a cuantos quieran unírsenos o simplemente hablar con nosotros, a participar en las ‘rondas’ de cada jueves en la Puerta del Sol, centro geográfico de este país.

¡VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN!

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