Por el derecho al aborto libre y gratuito

Asistimos estas últimas semanas a una campaña agresiva y reaccionaria de la derecha española y de la Iglesia católica contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
La imposición a toda la sociedad de su modelo de familia patriarcal, su moral religiosa y sus valores ultraconservadores es una práctica contraria a los derechos democráticos más elementales, a la legalidad vigente y a la propia constitución burguesa.
La “Justicia española”, profundizando su ideología ultramontana, imputa delitos al colectivo de profesionales que practican abortos en clínicas legales. Llaman a declarar a las mujeres que se han sometido a interrupciones voluntarias del embarazo, mediante citaciones practicadas por la Policía en los domicilios particulares, conculcando el derecho a la intimidad de estas mujeres y de sus familias.
La vigente ley de interrupción voluntaria del embarazo viola el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y sobre la maternidad porque coloca en manos de profesionales la decisión de acogerse a un supuesto de la ley que requiere la acreditación de consecuencias perturbadoras del equilibrio psíquico y emocional de la paciente, es decir, que la mujer sea una desequilibrada.
La burguesía española, que ha solucionado históricamente sus embarazos no deseados mediante cómodos viajes a las clínicas extranjeras, sostiene hoy la misma doble moral y el estigma de aquellas mujeres obligadas a acogerse a unos estrechos supuestos legales por carecer de medios económicos para la solución privada, sufriendo además humillación social y agresiones físicas, junto al personal de las clínicas afectadas, de parte grupos reaccionarios solventados por las declaraciones de la Conferencia Episcopal.
Ante esta situación antidemocrática de persecución y conculcación de derechos, el PCPE y los CJC exigen:

* El derecho al aborto libre y gratuito para todas las mujeres, en la sanidad pública y sin objeción de conciencia para el personal sanitario.
* El archivo definitivo de los procesos judiciales abiertos contra el personal sanitario de las clínicas que practican abortos.
* El fin de la criminalización y de las citaciones policiales a las mujeres que se someten a interrupciones del embarazo, así como el respeto estricto de su derecho a la intimidad.
* El acceso libre a la información y al uso de métodos anticonceptivos y de planificación familiar.
* El derecho a la educación sexual de la infancia y la adolescencia en la Enseñanza pública.
* La despenalización total del aborto.

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