Proteger realmente a las mujeres de los criminales es posible y urgente

L@s pres@s que están siendo puestos en libertad a raíz de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de 21 de Octubre pasado, que revoca la llamada Doctrina Parot, ya han cumplido sus condenas con la legislación y la interpretación jurisprudencial vigentes. No cabe de ningún modo ampliar los períodos de prisión, una vez cumplidos.

La Constitución dispone que la libertad es un derecho fundamental y que nadie podrá ser privado de ella fuera de lo previsto en la propia Constitución y en la Ley. La privación de libertad más allá de lo permitido, constituye un delito de detención ilegal. Todos los poderes deber garantizar los derechos fundamentales, entre ellos la libertad.

En un momento dado, al Estado Español le interesó políticamente prolongar la estancia en prisión de los presos de ETA a pesar de que, como decíamos, ya habían cumplido sus condenas. Esto fue una decisión política que avalaron los Tribunales, con las salvedades de algunos Magistrados que ya apuntaban lo que ahora ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Antes de la Doctrina Parot, independientemente del número de años de condena, se partía de los 30 años máximo de cumplimiento permitido por la Ley, y de ahí se reducía la pena aplicando los beneficios penitenciarios que tuviera el condenado, por trabajo (redención de penas por trabajo), u otros.

A partir de la Doctrina Parot, se empezó a aplicar los beneficios penitenciarios a cada condena, de tal modo, por ejemplo, si la primera condena era de 24 años y tenía 4 de beneficios, se consideraba que estaba cumplida al cabo de 20 años, después se empezaba a aplicar otra condena y se le aplicaba los beneficios que tuviera, etc. y así hasta cumplir los 30 años máximos.

Esto, además de vulnerar el derecho fundamental a la libertad de los pres@s a los que se aplicó, era discriminatorio con respecto a lo que se había hecho anteriormente con otros pres@s con la misma legislación.

Prolongar la prisión más allá de lo permitido por la ley viola los derechos humanos y eso es lo que estaba ocurriendo en el Estado Español con la aplicación de la Doctrina Parot. Ha sido la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo, encargado de velar por el respeto al Convenio Europeo de Derechos Humanos, compuesta por 17 Magistrados, la que por unanimidad ha reconocido que el Estado Español estaba violando derechos fundamentales de las personas presas, en concreto el derecho a la libertad, al prolongar arbitrariamente su estancia en prisión, y por ello ordena la puesta en libertad.

Dicho todo lo anterior, hay que reconocer con la misma rotundidad que los violadores y los agresores sexuales y asesinos, especialmente aquellos que han cometido sus delitos repetidamente, tienen una peligrosidad máxima para las mujeres.

Las mujeres víctimas y las potenciales víctimas, tenemos pleno derecho a que se nos trate, al menos, con la misma consideración que se trata a otras víctimas, y se nos de protección.

El Estado debe poner todos los medios, y los tiene, para proteger a las mujeres y para vigilar sin descanso a los que han cometido crímenes contra las mujeres y pueden volverlos a cometer.

No pedimos su cabeza porque estamos contra la pena de muerte. No pedimos que se pudran en prisión porque estamos contra la cadena perpetua. Pero, sí pedimos que se les siga tratando como potenciales criminales, porque se sabe científicamente que dichos agresores volverán a delinquir y que está en juego la vida, la integridad y la seguridad de las mujeres.

A diferencia de l@s pres@s de ETA, esos criminales responden a sus propios instintos y nada más. Los presos de ETA, responden a una organización que toma decisiones colectivas y hasta el momento lo que han dicho es que no volverán a ejercer la violencia.

Exigimos la vigilancia y el control permanente de quienes han cometido crímenes contra las mujeres. Exigimos que el Estado ofrezca esa seguridad a las mujeres. Dinero para la seguridad de Parlamentarios y Políticos se ha gastado mucho. Es hora de que se gaste para la seguridad de todas las mujeres.

MAXIMAS MEDIDAS DE CONTROL DE LOS CRIMINALES

ON PARA LAS MUJERES

SI FALTAN ESAS MEDIDAS EL ESTADO SERÁ RESPONSABLE DE LO QUE OCURRA