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Països Catalans :: 22/01/2024

¿Que pensamos las personas migrantes del acuerdo Gobierno-Junts sobre inmigración?

Asociación Papeles y Derechos Para Todos y Todas
Las personas migradas ni podemos ni queremos permanecer silenciosas ante este debate. Vamos a decir alto y claro que no queremos ni la actual Ley de Extranjería ni ninguna otra.

Hace unos días, en una negociación absolutamente opaca, el gobierno de Pedro Sanchez acordó con
Junts “traspasar las competencias de inmigración a la Generalitat de Catalunya”
El hecho por sí solo ya nos parece rechazable, se intercambia por una abstención en el Congreso una
legislación de la que depende la vida y los derechos de las personas migrantes. Por menos de una
decena de abstenciones se pone en cuestión los derechos de cientos de miles de personas.
Desde ese día, el debate sobre el tema no ha cesado en los medios de comunicación y en la opinión
pública; algo normal dada la trascendental importancia del tema. Pero en ese debate hay una opinión
que no se está teniendo en cuenta, que no se está preguntando, la de las personas migrantes, las
directamente interesadas y sobre cuyos derechos se discute.

Nosotros como organización de mujeres y hombres migrantes queremos dar nuestra opinión en esta
discusión. Aunque la concreción del traspaso sea todavía confusa y lejana pues requerirá de una Ley
orgánica (Una nueva Ley de Extranjería?) creemos tener conocimiento de causa para poder opinar
sobre el significado de este traspaso.

Es preciso empezar diciendo que la “gestión” de la migración por parte del gobierno central es
absolutamente reprobable. Primero porque se estás produciendo un grave aumento de las muertes
de personas que intentan llegar a España, segundo porque se favorece la explotación laboral de miles
de personas al negarles los papeles y por ello el derecho a un trabajo y una vida dignas, tercero
porque la tramitación de extranjería es lenta, engorrosa y cara para las personas inmigradas lo que las
conduce a la irregularidad sobrevenida y a aceptar los peores trabajos.

El gobierno ha informado que pretende una nueva reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería
para adaptarla al reciente Pacto Europeo de Migración y Asilo. Este pacto pretende restringir el
numero de refugiados y también el de inmigrantes y aumentar las penurias de los solicitantes de asilo
y de permiso de residencia. Cuanto más crece la inestabilidad mundial y las guerras y con ellas los
necesitados de protección internacional por razones políticas, económicas, etc; más se cierra
Europa. Un contrasentido que pagarán con su sufrimiento y su vida miles y miles de personas.
Pero si el comportamiento del gobierno central es nefasto, su traspaso acordado con Junts no parece
significará ninguna mejora.

Primero porque Junts es y se jacta de ser el partido de la gran patronal catalana y es la patronal la
principal beneficiaria de la explotación laboral y la discriminación social de las personas migradas. La
política de Junts en los ayuntamientos donde gobierna es claramente vulneradora de derechos. Junts
se vanagloria de no empadronar a las personas vulnerables que carecen de un piso en propiedad o
alquiler.

Segundo porque desde que se habla del tema surge una y otra vez la criminalización de la
inmigración. Que si expulsará Madrid o Catalunya, que si hay que acabar con la delincuencia, que si
los Mossos o la policía nacional. Solo se habla de deportaciones nada de derechos.

Junts se presenta voluntariamente como guardián de la “identidad catalana”, sin darse cuenta que
Catalunya ya es diversa, que el porcentaje de migrantes de primera, segunda y tercera generación no
para de crecer. Junts utiliza el conocimiento d la lengua catalana no como aporte cultural y social para
las personas extranjeras sino como barrera y filtro para discriminarlas.

Las personas migradas ni podemos ni queremos permanecer silenciosas ante este debate. Vamos a
decir alto y claro que no queremos ni la actual Ley de Extranjería ni ninguna otra. No queremos
limosnas ni privilegios, reclamamos la igualdad de derechos porque queremos luchar con el conjunto
de los trabajadores y trabajadoras por un trabajo y una vida digna para todas y todos. Buscar una vida
mejor es un derecho de todas las personas por eso migrar no puede ser tratado como un delito.

 

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