Vivir en Venezuela (III)

Ana Cristina Bracho es abogada, tiene 32 años y trabaja en el Tribunal Superior de Justicia de la Nación, en la Sala Constitucional y en el correo del Orinoco. Trabaja como abogada auxiliar en la redacción de sentencias de los magistrados. Nació en Maracaibo, Estado de Zulia. Sus ingresos son de alrededor de treinta y cinco millones mensuales.

¿Como haces para vivir con ese sueldo?

El tribunal tiene una política de beneficios sociales alta que incluye que tengamos un comedor para almorzar a precios subsidiados. Y también está la compra de productos a precios subsidiados. Ahora los trabajadores de la administración pública trabajan más por tener acceso a estas ventas subsidiadas que por los sueldos que cobran.

El sector de la prensa internacional que se ocupa de demonizar a Venezuela insiste permanentemente sobre la situación de los derechos humanos. ¿Puedes hacernos algún comentario sobre ese tema?

Lo de los derechos humanos en mi país hay que verlo en varios puntos. En primer lugar la Constitución de 1999, les dio mucha importancia otrogándole el carácter de política de Estado, por eso la Revolución fue la de la Garantía de los derechos. Se produjeron avances con respecto a las libertades individuales y el derecho de expresión, pero el fuerte fueron siempre los derechos sociales, cuya vigencia se expresó en la mejora de todos los estándares de bienestar de la población. Con respecto a los derechos civiles, el nuestro es un país tímido. No se ha debatido el aborto, el matrimonio igualitario y otros derechos como el de la identidad de género.

La política de criminalización contra el país intenta confundir la pérdida de privilegios de las elites económicas que venían gobernando el país desde hacia décadas con atropellos a los derechos humanos. Entonces vemos que un país que venía consiguiendo importantes logros en materia de educación, salud, alimentación y vivienda para el pueblo, a partir del 2014 se encuentra en una situación de bloqueo económico y de sanciones por parte de EEUU, nuestro principal comprador de petróleo, cuyo objetivo es retrotraer la situación del pueblo a la que se vivía antes de iniciar la revolución bolivariana. Por eso nosotros vemos ahorita que el derecho a la salud, a la alimentación y a la educación está teniendo dificultades que no teníamos hace unos años, en los mejores años de Chávez.

¿Como está el sistema judicial en Venezuela?

El sistema judicial no ha sido realmente intervenido durante el proceso revolucionario. Nosotros tenemos un sistema muy parecido al de los tiempos de la IV República y con la nueva situación económica tenemos dificultades económicas para funcionar y con los materiales necesarios para dictar sentencias. También tenemos una situación delicada con el tema campesino. Hay una iniciativa en la Asamblea Constituyente para trabajar en la remodelación del Sistema de Justicia. Además en nuestro ámbito tuvimos una gran crisis en 2017 con la salida de la Fiscal General Ortega Díaz, que se volvió un elemento de la contrarrevolución. Como respuesta general a tu pregunta te diría que el sistema judicial no está a la altura de lo que debería ser.

Mencionaste lo de la salida de la Fiscal General. ¿Que opinas de lo ocurrido?

Creo que es parte del 'lawfare' (1) que se está dando en distintos países de América Latina. Pero en Venezuela ese 'lawfare' no compró tantos jueces, apenas a la Fiscal General. Ella estaba involucrada con grupos económicos e intentaron desde allí abrir un camino para hacer un antejuicio de mérito al Presidente, valiéndose del apoyo que le daba la Asamblea Nacional [Parlamento] con el apoyo de la OEA. Pero no consiguen ese objetivo, porque hay que decirlo, si no tenemos un poder judicial de avanzada, tampoco tenemos un poder judicial que se ha desmarcado, que ha avalado aberraciones jurídicas como las que han hecho en otros países latinoamericanos.

Mencionaste el tema campesino. En el país se viven cotidianamente episodios de lucha de clases donde campesinos invaden tierras improductivas (algunas de ellas en manos del Estado) y por otro lado la guardia nacional desaloja a campesinos que habían realizado ocupaciones recientes, pero también muy antiguas. Lo mismo ocurre en las empresas que son ocupadas por los trabajadores y en algunos casos devueltas a sus patrones. Y en todos esos casos está involucrada la justicia fallando en un sentido o en otro. ¿Cómo puedes explicar ese accionar errático del sistema judicial?

Esa conducta refleja lo que es el poder judicial venezolano. Evidentemente la revolución logra una renovación en los altos mandos del poder judicial, que es lo que impide que la estrategia del 'lawfare' se diera como en Brasil, por ejemplo. Pero esto no ha sucedido con todo lo que está abajo. Así se entiende por ejemplo que un juez en una provincia manda a detener a unos campesinos y el Fiscal General, o el Poder Judicial en Sala Plena o la Sala Constitucional los manda a soltar. Esto nos demuestra que uno de los mitos sobre el Poder Judicial venezolano es falso. El Ejecutivo no controla el Poder Judicial. Sobre el tema campesino recordemos que por la Ley de Tierras en 2002 le dieron un golpe de Estado al Comandante Chávez. No es un problema menor.

Nosotros tenemos ahora problemas con los lácteos, con los huevos, pero son grupos oligopólicos los que tienen el control de esas producciones, entonces vemos allí varias contradicciones. La primera es que nuestro campo se abandonó.

Hay pasajes de un libro maravilloso llamado 'Alegría de la Tierra' de Mario Briceño Iragorry, que nos cuenta que cuando llegó el petróleo la condición [puesta por EEUU] para el desarrollo de esa industria era que se detuviera la producción agrícola. Hasta hay algunas anécdotas que él cuenta sobre la leche. Cuenta que había un sector nacionalista que quería aumentar la producción de leche, porque no había leche para los niños. Y había un sector que decía que no era buena idea, que había que importarla, porque nos podían sancionar. Estamos hablando de 1952 con gobiernos favorables a los intereses de EEUU.

Cuando hablamos de la Revolución Bolivariana, vamos a observar que nosotros tuvimos un desarrollo del agro y del campesinado, pero que no llegó a resolver la dependencia de insumos. Los insumos estaban provistos por sectores privados que fueron expropiados, principalmente una compañía que se llamaba Agroisleña que fue sustituía por una empresa nacional, llamada Agropatria, pero esta sigue comercializando insumos que no son de producción nacional.

El problema es que esos insumos o no llegan o lo hacen en cantidad insuficiente. Sobre esa escasez se genera un caldo favorable para la corrupción o manejos no transparentes. Por eso, pese a que hubo un crecimiento del campesinado y de la producción nacional de alimentos, se mantuvo la dependencia a través de los insumos

De esto solamente saldremos felizmente con un campesinado 'empoderado', que puede autosustentarse y con un Estado que entienda que a ese sector hay que apoyarlo y no solo en situaciones de excepción, porque el campesinado, el pequeño productor tradicional, está desasistido. Pero ese campesinado debe también buscar alternativas de producción que lo liberen de la dependencia de insumos importados.

Hay una leyenda negra sobre el auge de la criminalidad en Venezuela. ¿Qué percepción tienes sobre ese tema? ¿Qué dicen las estadísticas?

En Venezuela hay muy pocas estadísticas, nosotros somos un país muy Caribe y además un país que en los últimos años le tiene miedo a las radiografías. Desde 2015 no hay índices estadísticos en materia económica, y en materia criminal no los ha habido nunca. Nosotros no podemos saber cuántos asesinatos o cuantos robos hay en Venezuela, eso no existe. Pero hay algunos indicadores que suelen dar la policía o los gobernadores, que nos hablan de cambios en las muertes violentas. Por ejemplo Miranda, que es un Estado que gobernaba la derecha, que era el lugar con más alta tasa de criminalidad y dicen que ahora se ha reducido...

Algo conozco de ese asunto. Yo viví en Valles del Tuy en tiempos que gobernaba Capriles. En esa región, la cantidad de asesinados, al menos la que aparecía en los diarios, era similar a la de Argentina, un país con cuarenta millones de habitantes.

Seguro, eso era bien duro. Ahora, hablar de la inseguridad es entrar a mirar la campaña que ha montado la derecha local e internacional para vilipendiar a Venezuela. Evidentemente la criminalidad es un fenómeno que existe en el país pero no puede hablarse de ello obviando algunos datos. Por ejemplo, debe recordarse que este es un fenómeno que ya para los '80 existía, como ya lo mencionaban Ignacio Ramonet o Domingo Alberto Rangel, que comentaba cómo el peso de la criminalidad era cada vez mayor.

En Venezuela hay delincuencia y se habla mucho de la delincuencia. Creo que por ser la inseguridad una de las banderas de la derecha, es uno de los países donde más se habla de la delincuencia y la criminalidad. En relación a esta situación se han producido modificaciones con el cambio de la Fiscalía General, porque ahora hay una visión distinta del crimen. Se trata de romper con la perspectiva de asociar la criminalidad a los sectores más pobres y no tocar a los sectores más pudientes.

En algún momento se trató de reducir los hechos delictivos promoviendo campañas como las del Movimiento Por la Vida, que trataba de dialogar con los jóvenes involucrados en la delincuencia y reinsertarlos en el trabajo productivo. ¿Tuvo resultados efectivos esa iniciativa?

Es difícil saberlo por falta de índices estadísticos, pero sí creo que ha contribuido a que empiece a desarrollarse una concepción de Justicia más Comunal y a promover una policía que está más en la comunidad. Esa promoción del diálogo, de la cercanía con el territorio es muy positiva porque no debe olvidarse que Venezuela es un país donde uno de los sujetos más vulnerables a morir con crímenes violentos son las fuerzas policiales. Eso no suele decirse tampoco afuera.

Aquí son asesinados un número importantísimo de funcionarios del orden para quitarle las armas, para quitarle las motos, para impedir que intervengan cuando se están cometiendo delitos…

Se han producido algunos cambios en la criminalidad por influencia del paramilitarismo colombiano, con introducción de drogas duras y armamento de mayor calibre.

Sobre esto se viene hablando desde hace más de diez años y está vinculado sobre todo a las zonas de frontera. Nosotros advertimos que en los últimos años han aparecido formas criminales como el sicariato, que no eran comunes en Venezuela y que está relacionado con los conflictos de guerra que tiene Colombia. Nosotros vemos que hay mayores niveles de delincuencia en poblaciones donde hay más porcentaje de colombianos, lo que no quiere decir que los colombianos son delincuentes, sino que la inmigración que llegó de ese país tiene muchas personas que vienen de un proceso de guerra de más de cincuenta años y de desplazamiento, y los humanos nos habituamos a los niveles de violencia. Esto además de que existen otros grupos que son directamente paramilitares, que ingresan directamente con objetivos criminales.

La banda del Picure, el grupo criminal más activo que asoló a Venezuela en los últimos años, ha sido asociada a estos paramilitares. ¿Eso está comprobado?

Sí, está comprobado; como también está comprobado que el crimen político más resonante cometido en los últimos años, el asesinato del Diputado chavista Robert Serra, fue ejecutado por paramilitares colombianos.

Quisiera un comentario tuyo sobre las guarimbas, las penas que recibieron los detenidos, y las razones porque muchos salieron en libertad después de la asunción de Maduro, lo que causó bastante malestar en sectores del pueblo.

Este es un tema sumamente delicado. Primero, porque estos actos no tienen antecedentes en la historia nacional. Fue en el año 2013 cuando empezaron a ocurrir. Ciertamente, Chávez sufrió un golpe de Estado, un proceso importante de manifestaciones en el año 2007 en ocasión de la salida del aire de RCTV, cuando no se le renovó la concesión del espacio radioeléctrico, pero no lo que ocurrió cuando se activaron las "guarimbas".

Las guarimbas son actos de violencia desmedida, cinematográfica. Son actos terroristas que buscan romper la convivencia nacional, desafían la capacidad del Estado de mantener el orden y crean una sensación de que todos, entre nosotros, somos potenciales enemigos. Ocurrieron en el 2014 con la misma estrategia: bloqueos de calles, amenazas a quienes se dirigen al trabajo, quema indiscriminada de autobuses, secuestros y asesinatos de personas que, en realidad o en apariencia, son afines al gobierno. Esto difundido por una impresionante campaña mediática, promocionado desde las redes, financiado desde el exterior y con un aprovechamiento de líderes de la oposición, que se retrataban y huían antes de que existieran muertes dentro de las filas de la oposición, muchas de ellas muy sospechosas, que serían atribuidas a los cuerpos de seguridad.

Las guarimbas que se dieron en el 2014 fueron tan intensas y violentas que algunos, como el Profesor Hermann Escarrá, consideraron que habían producido un estado de conmoción interna que ameritaba que se activaran mecanismos propios de los tiempos de guerra. Felizmente no ocurrió de este modo y fueron aliviadas mediante la convocatoria de la Constituyente y el cambio en la política y titularidad del Ministerio Público. Porque hemos de recordar que estas empeoraron cuando la misma Fiscal señaló que era un acto legítimo insubordinarse en contra del Estado venezolano.

En ese marco, no se dieron las investigaciones e imputaciones que debían darse en tiempo real. Ocurrían los crímenes de odio y el Estado estaba desarticulado para traducir los hechos en justicia. Por un momento, por vía de excepción, el Tribunal Supremo ordenó a la Defensoría del Pueblo que, como "garante de los Derechos Humanos" acusara a los responsables de estos hechos ante la omisión fiscal. Por esta vía y a través de la interpretación de las leyes de justicia militar que permiten enjuiciar ante ella las alteraciones que lesionen intereses militares es que hubo algunos actos de justicia. Esto forma parte del daño que ese periodo le hizo al Estado venezolano, que había evitado usar la justicia militar, la cual tan solo al nombrarla nos hace dudar en todo el Continente.

Por eso, una de las primeras cosas que hizo el Presidente cuando se obtuvo la ANC, fue pedirle la regularización y el estudio de estas causas, que se aseguraran que los juicios pasaran a la jurisdicción ordinaria. Llamaron igualmente a la conformación de una Comisión de la Verdad, desde la ANC, que debe establecer justicia por lo sucedido.

Desde diciembre del año pasado, la ANC ha anunciado múltiples revisiones de medida. Es importante ver que no ha declarado el sobreseimiento (fin del juicio), sino la aplicación de medidas alternativas de cumplimiento de la pena, o medidas preventivas menos gravosas que la privativa de libertad (es decir, les ha dado el derecho constitucional de ser juzgados en libertad). Eso claro que es complicado de entender, porque solemos asociar que la justicia es que alguien se encuentre preso.

En mi opinión, esto pasa por los errores y deficiencias de las investigaciones y porque nuestro sistema jurídico es así. Se afirmó el derecho de cualquiera a ser juzgado en libertad y no se trataron jurídicamente muchos de estos actos como terrorismo, que es una de las pocas leyes que son más estrictas en esta materia. Por eso, aunque entiendo completamente el sentimiento de la gente, no considero que pueda decirse que no se vaya a hacer justicia porque sean juzgados en libertad.

Lo que yo espero de la ANC es que no olvide que la justicia que se debe a las víctimas de estos hechos, no se agota a que sean juzgados o condenados. Las víctimas merecen recibir una justa reparación, debe el país encaminarse a un proceso de garantías de no repetición y donde nos aseguremos que no habrá olvido. Olvido de la vida de ninguna de las más de cien personas, civiles, policías, militares; chavistas y opositores, que murieron en ese contexto. Ni olvido que el odio no es un camino para hacer ni mejorar un país; ni parte de nuestra manera de ser.

¿Qué cambios adviertes en la situación de la mujer venezolana, como consecuencia de la revolución bolivariana?

Yo tenía 11 años cuando llegó el Comandante Chávez al gobierno. Mis recuerdos de lo que fue antes, sobre como vivían las mujeres, son bastante infantiles, pero yo creo que una de las cosas que cambio fue que con la revolucion las mujeres tuvieron el derecho de aspirar a algo más que ser miss Venezuela.

¿Los destinos posibles para una mujer eran aspirar a ser madre o Miss Venezuela?

Eso mismo, madres o Miss Venezuela. El proceso revolucionario tiene grandes líderes que son hombres, pero en cualquier barrio, sector campesino, escuela o universidad, las líderes son las mujeres. La revolución bolivariana es un proceso de mujeres en lucha, y esto es así porque Venezuela es una sociedad de madres solteras. Tenemos una estructura familiar bastante precaria donde la mayoría de los hogares están con mujeres al frente, haciéndose cargo. Y esas mujeres han tenido el derecho a la Universidad porque todos los programas como la Misión Robinson, la Misión Rivas y la Misión Sucre, tienen como primeras destinatarias a las mamás que tuvieron que dejar sus estudios para criar a sus hijos.

¿Y en tu caso particular, como te involucraste en el proceso revolucionario y qué cambios podes advertir?

Bueno, yo soy parte de la generación Chávez. Me vinculo a la revolución bolivariana por mí misma, no por mis padres, cuando ocurre el Golpe de Estado en 2002. Antes de esa situación, en mi casa la política era como un tema de adultos, yo no participaba. Yo nací en el contexto de una familia que es opositora, mi abuela, mis tíos, mis primos. La excepción eran mis padres, que son chavistas. Cuando ocurre el golpe de Estado hubo un sector militar y empresarial que tomó el poder y lanzó una campaña de represión. Pero además inmediatamente borró la Constitución del 99, que es la primera que habla de indígenas, de trabajadores, que es la primera que tiene género en el texto.

Cuando todo eso se pone en riesgo, comienzo entonces a darme cuenta que estaba viviendo un proceso que era la única vía para que los venezolanos tengamos una sociedad más justa, y que también nosotros somos la generación que resucitó a Simón Bolívar. Nosotros habíamos vivido un proceso ascendente de derechos. Podía recordar que en mi infancia niñas y niños como yo trabajaban en las calles, y habíamos vivido un proceso continuo de eliminación de esa pobreza. Era eso o volver al pasado, incluyendo la represión. Y lo de la represión no eran palabras. En ese momento mis padres se escondieron por miedo a ser detenidos y quede a cargo de una tía. Esos temores no eran infundados, mi padre era juez y nunca iba a aceptar que se derogara la Constitución por la fuerza, y esa conducta, como hombre de leyes, le podía costar la cárcel. En esa situación decidí ser chavista e involucrarme en política y por eso trabajo todos los días contra el bloqueo y todas las políticas que nos quieren volver a los tiempos anteriores a Chávez. Lo que vivimos hoy con la inflación, con los servicios que funcionan mal, es precisamente eso, una vuelta al pasado. Y por eso es dramático este momento.

Me decías que no tienes hijos. Y advierto que en Venezuela hay un mandato muy fuerte y muy antiguo de que las mujeres tienen que ser mamás. ¿Cómo te sientes con eso?

Ese mandato existe y me ha permitido ver lo difícil que es ser mujer involucrada en la política. He tenido otras prioridades como por ejemplo irme a estudiar a Francia una maestría como Magister en Derechos Fundamentales. Me fui a Francia porque sentía que las leyes que hacia Chávez estaba llenas de buenas intenciones pero mal redactadas. Este asunto del viaje y de seguir estudiando empezó cuando me di cuenta en la Facultad de Derecho que hablábamos de los Derechos de los niños, pero allí muy cerca de la Facultad todavía había niños en la calle en condiciones precarias. Y la cosa no se conectaba.

Lo que finalmente me decidió fue algo que me ocurrió cuando estaba en una oficina y un día llega un trabajador diciéndome que lo han botado (echado) y me doy cuenta que el hombre no conocía sus derechos. Para mí todo esto es un problema de clases. Que los abogados fueran los únicos que entendían las leyes. En ese momento pienso que la revolución necesita personas que le expliquen a la gente como son los derechos y que las leyes dejen ser ser hechas por técnicos que no quieren que el pueblo tenga derechos. Y esos compromisos marcan mi vida al punto de no tener niños. Y no me pesa porque creo que fue una elección venirme a esa tarea, al trabajo de la Alfabetización Jurídica, desde la Asamblea Nacional intentando hacer mejores leyes.

¿Y tus padres que dicen de esa elección?

¿Mis padres? Bueno, ellos saben lo que criaron ( risas). Mi madre una vez me decía que yo había escuchado mal a Chávez cuando decía que "aquí no se cansa nadie" y había entendido "aquí no se casa nadie". Bueno, mas allá de las bromas. Al comienzo habíamos estado en eso de la redacción de las Leyes, después se murió Chávez y vino todo el asunto de como salíamos de esa situación de la ausencia de Chávez y como asumía Nicolás Maduro la Presidencia, después vino la guerra económica, después perdimos la Asamblea Nacional y había que defender la revolución desde la Sala Constitucional, toda una historia de vida. Y a pesar de que no tenga niños propios, y yo adoro los niños, siento que mis hijos son por los que estoy trabajando, por todos esos niños que en esta situación todavía tienen una escuela, con sus mamas que hacen la comida en la escuela, o el gobierno que trata de conseguir alimentos en el marco de un bloqueo atroz. Creo que esa es una causa de vida.

¿Hay algo más que quieras decir?

Creo que es valioso este esfuerzo de entrevistar a mujeres para que se sepa lo que de verdad ocurre en Venezuela. Con toda la campaña que se hace contra Venezuela, a veces no se dan cuenta que es un pueblo resistiendo solo. Un pueblo y un gobierno resistiendo solos e incluso soportando cosas terribles como los ataques de los gobiernos de Colombia, Panamá y Ecuador tres países a los que Bolívar les dio la libertad. Son ellos los que se empeñan en que Venezuela pierda su libertad.

Caracas 28 de julio de 2018.

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1- 'Lawfare', guerra jurídica. Es una palabra inglesa de reciente acuñación que es una contracción gramatical de las palabras "ley" (Law) y "guerra" (warfare), esta última para describir una forma de guerra asimétrica. Referida al uso ilegítimo interno o del derecho internacional con la intención de dañar a un oponente, persona, país o Gobierno, consiguiendo de dicha manera la victoria en unas relaciones públicas, paralizar financiera o judicialmente a un oponente para que no pueda perseguir a empresas rivales o presentar su candidatura a cargos públicos

La Haine