A dos años del triple lesbicidio de Barracas: La vida después de la única sobreviviente

El lunes 18 de mayo se iniciará el juicio contra Justo Fernando Barrientos, quien el 6 de mayo de 2024, en una pensión del barrio de Barracas, atacó a dos parejas de lesbianas mientras dormían, arrojándoles un explosivo dentro de la habitación, y golpeándolas para que no escaparan. Pamela Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante murieron tras el ataque. Sofía Castro Riglos sobrevivió, y hoy sigue enfrentando las consecuencias físicas y emocionales de la violencia que significa la muerte de su pareja y de sus amigas, sus propias heridas, y la discriminación por la orientación sexual y la pobreza.

El juicio por este crimen lesbo-odiante se realizará en un contexto nacional de retroceso en políticas de género, de ataques al feminismo y a las expresiones de la disidencia sexual, realizadas desde el propio gobierno nacional y por el presidente Javier Milei, en un tiempo donde se han habilitado diversos tipos de crimenes de odio. Sobre este proceso, del que se cumplieron en mayo dos años, dialogamos con Clau kerana Castro, Guaraní Antipatriarcal, integrante de la Asamblea de Autoconvocades x el triple lesbicidio de Barracas. Nos explica primero la dura situación en la que vivían las mujeres agredidas.

“Ellas vivían en una habitación de hotel familiar en condiciones de desidia total. No tenían intimidad ni seguridad. El hotel de Barracas era un refugio ante la intemperie. Dos de ellas tenían Certificado Único de Discapacidad (CUD). No eran beneficiarias de un sistema de salud integral. Eran sobrevivientes de un subsidio mínimo con el que pagaban el hotel. El Estado las tenía “identificadas” pero no “protegidas”. Una de ellas era sobreviviente de Cromañón, una masacre estatal, y nunca fue incorporada al padrón de víctimas para recibir asistencia. Su salud mental estaba atravesada por el olvido del Estado desde hacía 20 años. A otra de ellas, su familia directamente la negó por ser lesbiana. No hubo red de contención. Cuando ubicamos a su familia la negaron. Su única protección era la familia elegida, su pareja y sus compañeras de habitación”.

La historia de cada una de las mujeres da cuenta de un Estado no ausente sino responsable de la miseria, de la desocupación, de la falta de vivienda, de la discriminación sexual. Nos relata Claudia Castro:

“Pamela Cobbas, de 52 años, era lesbiana visible y orgullosa, en redes y en todos lados. Era una laburante del día a día; fue vendedora de golosinas y de productos de cosmética. Convivía con su pareja, Roxana, en la habitación donde ocurrió el ataque, un hijo, con quien compartía fotos y momentos en redes. Hacía meses que sufría el acoso y las amenazas del asesino Barrientos por su orientación sexual, pero sus denuncias fueron ignoradas. Fue la primera en morir, apenas unas horas después del ataque, debido a la gravedad de las quemaduras. Mercedes Roxana Figueroa, de 52 años, era la compañera de vida de Pamela; juntas sostenían esa habitación. A pesar de vivir en condiciones de precariedad habitacional, ella y Pamela abrieron su habitación para recibir a Andrea y Sofía, que no tenían dónde ir. Ella soportó junto a Pamela el clima de odio que se gestaba en el hotel. A diferencia de Pamela, era más reservada, pero su compromiso con su pareja y sus compañeras de vivienda era total. Murió dos días después del ataque, el 8 de mayo, tras agonizar en el hospital. Andrea Amarante, de 42 años, fue sobreviviente de Cromañón. Andrea ya había escapado de la muerte en la masacre de 2004, pero el Estado nunca la reparó: no figuraba en el padrón de víctimas ni recibía asistencia integral. Antes de llegar al hotel de Barracas, estaba en situación de calle. Fue la “manada” de Pamela y Roxana la que le dio un techo. Era la compañera de Sofía (la única sobreviviente actual). Juntas compartían la habitación con la otra pareja. Su familia biológica en Neuquén la negó por ser lesbiana. Nadie de su sangre reclamó su cuerpo; fuimos nosotras, la manada lesbiana, quienes nos hicimos cargo de todo. En el momento del ataque, Andrea llegó a cubrir con su propio cuerpo a Sofía, lo que permitió que sobreviviera con quemaduras menos graves. Fue la última en morir, el 12 de mayo, después de luchar durante seis días en terapia intensiva”.

La abogada Samanta Pedrozo es representante de la querella de la FALGBT (Federación Argentina Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans), en el juicio del triple lesbicidio. Ella señala que:

“Desde el inicio de la de la etapa de investigación, desde la FALGBT se estuvo acompañando tanto a la víctima sobreviviente como a todas las personas allegadas a las víctimas. En principio, la participación fue de acompañamiento y de visibilización del caso, de seguimiento de las novedades de la causa, pero tardamos muchísimo en poder tener una participación activa en en el expediente, porque el juez de instrucción nos denegaba esa posibilidad”.

Ella explica las razones dadas por el juez de instrucción para rechazar esta participación, y la fundamentación realizada por la FALGBT para sostener su necesaria presencia.

“En una causa penal donde hay víctimas directas, el código procesal penal es muy estricto en cuanto a los requisitos para ser querellantes. La legitimación viene dada, por ejemplo, por la relación que tengas con las víctimas. Si sos familia de la víctima, si fuiste pareja, podés ser querellante. Una federación como la FALGBT, que tiene una participación más organizacional, si se quiere más colectiva, tiene personería jurídica, tiene participación en causas civiles y demás, como querellante no se cumplían en principio los requisitos, porque el juez de instrucción sostenía que las víctimas de este ataque ya tenían sus propias representaciones particulares, y que en ese contexto la FALGBT no tenía nada que hacer. El juez nos decía: ustedes son una federación que quiere representar a las víctimas, pero las víctimas ya tienen a sus abogados, abogadas. Entonces ustedes no tienen legitimación para ser querellantes. Nos rechazó el juez, nos rechazó la cámara de apelaciones. La última instancia que nos quedó, fue el tribunal de casación penal, que es antes de la corte suprema el máximo organismo de decisión en materia penal. Interpusimos el recurso de casación, se nos dio la posibilidad de fundamentarlo, y ahí decidimos tener una audiencia oral, que fue en diciembre del 2024. En ese contexto, el tribunal de casación, una de las salas presidida por Gustavo Boruzone, atiende el recurso, y hacemos una audiencia.

Explicamos cuál era nuestro interés y por qué teníamos que ser querellantes. Esto está relacionado con la pregunta que vos me hacés de cuáles son los ejes que planteamos. El principal motivo es que este crimen no fue un crimen aislado. Cuando alguien decide matar a un grupo de personas por su orientación sexual y por su condición de mujeres, no solamente está afectando a las víctimas directas, sino que a su vez está atentando contra todo un colectivo. Citamos jurisprudencia de tribunales internacionales en donde ya se ha permitido a federaciones, organizaciones, tener participación penal en representación, no de las víctimas, porque las víctimas tienen su representación particular, pero sí en representación de todo el colectivo, porque las víctimas pertenecían a un colectivo. Eran lesbianas, eran mujeres, eran vulnerables, como muchas minorías que hemos sido perseguidas históricamente. Ese es el principal planteo que hicimos, demostrar que nuestro interés va más allá de las víctimas directas, sino que estamos en representación de un colectivo. Uno de los subejes que se deriva de ahí es que todo lo que se resuelva en un expediente de esta naturaleza, ya sea desde el juzgamiento de la persona, si se la declara culpable, los agravantes que se eligen y demás, van a tener un impacto para todo el colectivo. Todas las personas que son mujeres y lesbianas, que comparten la forma de vida, el proyecto de vida que tenían las víctimas, van a ser impactadas por el resolutorio de este caso. Nosotros queremos representar a todo el colectivo, asegurarnos de que el resultado de este juicio sea un precedente, lo que significa que sea una sentencia que garantice que la justicia escucha a las minorías, que la justicia escucha a las lesbianas, que escucha a las mujeres, y que se castiga a la persona que actúa con odio. Desde diciembre del veinte veinticuatro somos querellantes en el expediente penal. Ése fue el el modo en el que llegamos a a ser partes en este proceso”.

La acción judicial, tiene posibilidades, de resultar en favor de las víctimas individuales y del colectivo lgttbi, en la medida en que sea acompañado por la movilización y acción colectiva, precisamente de las organizaciones de la diversidad sexual, y también de los movimientos populares. Romper la indiferencia, es una tarea de los comunicadores y comunicadoras populares. En tal sentido nos dice Clau Kerana Castro:

“No fue el fuego, fue el estado! Este triple lesbicidio no es un hecho aislado; es el brazo ejecutor de un sistema patriarcal, racista y heteronormativo que nos quiere muertas o encerradas. No es un acto individual, es un crimen de odio estructural. El odio que las atacó es el mismo que se siente en las miradas que nos perforan cuando caminamos de la mano. Es el odio de las instituciones que miran para otro lado. Pero frente a ese odio, nuestra respuesta es la organización indomable. Este crimen no es un hecho aislado de un tipo intolerante; es la consecuencia de un sistema que jerarquiza qué vidas valen y cuáles no. Barrientos no actuó en el vacío. Se sintió con el derecho de atacar, porque vive en un contexto social y político que legitima y habilita la violencia desde el estado. Un ejemplo de ello fue que el primer instituto que eliminó este mal gobierno de Milei fue el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo).

El estado falló. La responsabilidad estatal sigue hoy frente a Sofi, la única sobreviviente, que espera una reparación justa. Que hoy no tenga una vivienda y viva en condiciones precarias, es una continuación de la violencia institucional. Cuando desde las esferas oficiales se desmantelan políticas de género o se deslegitima la lucha LGTTBq+, se está construyendo el escenario para que tipos como Barrientos se sientan con el derecho de lastimarnos.

En el juicio se demanda una reparación histórica y política: que la justicia reconozca el agravante por odio a la orientación sexual. Fue un ataque dirigido a ellas por ser lesbianas. Queremos que la sentencia nombre las cosas por su nombre, la demanda social es contra la desidia que permitió que cuatro compañeras vivieran hacinadas en un hotel bajo amenazas constante. Se llega con la memoria y con una organización de manada. La FALGBT puso la personería, y contamos con abogadas penalistas lesbianas que son grandiosas. Llegamos como un movimiento que entiende que la justicia es un logro si estamos todes. Los 100 cuerpos del expediente son también el resultado de la presión constante de las organizaciones que no permitimos que el triple lesbicidio fuera caratulado como un “incendio accidental” demostrando que, frente al abandono familiar y estatal, nuestra familia es la comunidad. En la puerta de Tribunales vamos a nombrarlas y exigir justicia por Pamela, Andrea y Roxana, y una vida digna para Sofía. Frente a ese odio que intenta disciplinarnos, nosotras anteponemos nuestra existencia digna. No pedimos permiso para ser, ni pedimos perdón por habernos hecho manada. Luchamos día a día para que este sistema se caiga, no por una abstracción, sino para que vivir mejor sea una realidad para todas las lesbianas, para que ninguna otra compañera tenga que refugiar su amor en la precariedad de un hotel bajo la amenaza del fuego”.