A una semana del referéndum revocatorio, los sindicatos tienen cercado al gobierno

A una semana del referéndum revocatorio de mandato, los sindicatos y gremios del país agudizan sus protestas por concretar sus derechos laborales. Ni la campaña preelectoral, ni los intentos del gobierno por dividir a estos sectores han logrado parar sus movilizaciones masivas. Los maestros, mineros, fabriles y jubilados volvieron a salir a las calles en demanda de un sistema solidario de jubilación que reemplace al “neoliberal” vigente impuesto por Gonzalo Sánchez de Lozada.

Sean revocadas o no las autoridades en el referéndum, los conflictos continuarán porque las demandas de los trabajadores van más allá de la coyuntura electorera. En realidad se trata de problemas estructurales que el programa reformista del gobierno de Evo Morales no puede resolver, a pesar de sus promesas y compromisos firmados casi con todos los sectores.

Los sindicatos afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) asumieron la batalla por acabar con el actual sistema de pensiones (de ahorro individual), impuesto durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en su programa “neoliberal” y proponen volver a un fondo solidario. El gobierno anunció que no tocará el sistema vigente, pero cambiará a las administradoras (transnacionales) de los 3.200 millones de dólares por una entidad estatal.

La COB ha instruido la huelga general y el bloqueo de caminos. Los sindicatos de mineros, maestros rurales y urbanos, salubristas, jubilados y empleados públicos protestaron en diferentes ciudades del país, incluidos bloqueos de caminos. La respuesta del gobierno fue especialmente violenta contra los bloqueadores en Quillacollo (Cochabamba), donde arremetió cuerpo a cuerpo contra los maestros (el Ejército tuvo que salir a desbloquear el viernes) y esto radicalizó las protestas en la ciudad de La Paz.

Con la consigna de “¡Evo cabrón, queremos solución!”, los sindicatos y sectores populares protagonizaron una multitudinaria marcha e incluso tomaron las instalaciones del Palacio de Comunicaciones el miércoles. Las escuelas públicas, los hospitales y las universidades públicas están en paro, y el viernes los maestros urbanos y rurales protagonizaron masivas protestas en las ciudades.

El viernes un grupo de “padres de familia” en Cochabamba marcharon en contra de los maestros, pidiendo su despido y contratación de nuevos profesores para las escuelas. Ya hace unos meses, otro grupo de “padres de familia” visitó a Evo Morales en Palacio de Gobierno y pidió declarar profesión libre al magisterio. En esa misma línea, el jueves 31 de julio, sectores de “ciudadanos de a pie” atacaron la marcha de la COB (magisterio, salubristas, mineros, etcétera) con piedras y palos, entre estos “ciudadanos de a pie” los mineros identificaron a un conocido activista de los grupos de choque del MAS (Cerrudo).

La lucha de los discapacitados
Los discapacitados del país son otro sector en lucha que remueve las ciudades de La Paz, Cochabamba, Beni, Santa Cruz, Oruro, Tarija y Sucre. En Bolivia ser pobre y ser discapacitado es como tener una sentencia de muerte, pues la pobreza no permite a las familias sostener y dar cuidados especiales a estas personas.

El año pasado los discapacitados y sus familias consiguieron que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, firmara un compromiso para otorgar un bono solidario anual de 3.000 bolivianos a cada persona, atención médica gratuita e irrestricta y su incorporación a distintos puestos de trabajo en la administración pública. En realidad sólo se trataba de ejecutar una oferta electoral hecha por Evo Morales a ese sector.

Los discapacitados de Santa Cruz “tomaron” la refinería Guillermo Elder Bell y están apostados en el frontis de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Hasta allí llegó la Policía la semana pasada (es la empresa estratégica de Evo Morales), y los agentes no dudaron en gasificarlos y golpearlos con el objetivo de desmovilizarlos.

En Oruro y Tarija se supo que tomaron las instalaciones de la Corte Electoral, mientras que los de Cochabamba emprendieron una marcha hacia La Paz, donde los manifestantes llevan 13 días en huelga custodiados fuertemente por la Policía.

En su estrategia de desmovilizar a los sindicatos y deslegitimar sus demandas, el gobierno convocó el jueves a otro grupo de personas ciegas (no pasaban de diez) a manifestarse en pleno frontis del Palacio de Gobierno en apoyo a la gestión de Evo Morales y por su ratificación en el referéndum del próximo 10 de agosto.

Los jubilados ingresaron en un cuarto intermedio esta semana hasta después del referéndum, pero calificaron de “ladrón” al ministro de Hacienda, Luis Arce, porque el gobierno les retiene el 8% del total de sus rentas de vejez y se niega a devolverles ese dinero. A pesar de la suspensión temporal de sus protestas, sintomáticamente apareció esta semana una masiva asociación de ancianos campesinos, llegados a La Paz con el único fin de apoyar al gobierno.

En el sur del país, la población de Camiri concretó este viernes un paro cívico de 24 horas por una “verdadera nacionalización y refundación de YPFB”. El comité cívico de esa ciudad petrolera exige el inicio de operaciones de la empresa estatal en la exploración y perforación de pozos, identificación de proyectos, instalación de una planta licuable y otras tareas que impliquen un verdadero control del Estado sobre los hidrocarburos (por ahora en manos de Repsol YPF).

A pesar del compromiso del gobierno firmado en abril de este año, la “nacionalización” de los hidrocarburos no pasa de ser una propaganda vacía que no se siente en los campos petroleros del sur del país.

Masa contra masa
Evo Morales y sus ministros acusan a los dirigentes de los sindicatos y gremios de coincidir con la derecha y hacerle el juego a la “media luna”, los señala como conspiradores en contra del “proceso de cambio”, deslegitima las protestas con el argumento de que apuntan a votar No a la ratificación de Morales. Para el gobierno, no apoyar su programa reformista significa un respaldo a la “media luna” y los terratenientes.

A esta estrategia se suma el movilizar a la masa en contra de la masa, contraponer pueblo contra pueblo, crear organizaciones ficticias y efímeras para enfrentarse a los sindicatos que reivindican derechos laborales.

Los representantes de la “media luna” y los terratenientes tampoco han quedado al margen de esta dinámica política, buscan por todos los medios cooptar a los sectores en conflicto para obtener réditos electorales en el próximo referéndum. Mientras el gobierno envía a la Policía a golpear a los discapacitados, ahí aparecen los “medialuneros” con ambulancias y médicos a socorrerlos.

Así se pone en evidencia cómo el pueblo de Bolivia es sólo una arena de contienda para las dos facciones de la burguesía (la burguesía burocrática versus la burguesía compradora y terratenientes). Tanto el gobierno del MAS (con su programa burgués burocrático) como la “media luna” se esfuerzan por jalar a las masas a defender sus respectivos proyectos, ambos fracasados y desahuciados en la historia del país.

Los sectores sindicales hoy movilizados están retomando su independencia de clase, luego de haber comprobado que el MAS de Evo Morales no responde en lo mínimo a las necesidades del pueblo y los trabajadores. Los sindicatos plantean ahora que se trata de un gobierno reformista cuyo propósito no es acabar con la explotación, sino que más bien busca conciliar intereses con la gran burguesía y los terratenientes.