Chile: ¿seguridad o represión?

La policía militarizada de carabineros atacó con cañones de agua y gases lacrimógenos a manifestantes que protestaban contra las iniciativas de reforma legales y constitucionales en materia de 'seguridad' impulsadas por el presidente José Antonio Kast. Los asistentes a la marcha, en su mayoría estudiantes de bachillerato y universitarios, compararon la agenda del mandatario ultraderechista con la de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Pese a la represión, los estudiantes marcharon por la Alameda en rechazo al Gobierno de Kast y a la quinta edición del Foro de Madrid, cumbre de la ultraderecha internacional que sesionó en Santiago el 3 y 4 de septiembre.

La movilización comenzó en Plaza Baquedano y fue desviada con violencia cuando los manifestantes intentaron avanzar hacia La Moneda, donde se desarrollaba la reunión entre Kast y el presidente argentino Javier Milei.

Según lo planificado, la protesta concluiría en la Plaza Los Héroes, pero la represión de Carabineros en el frontis de la Universidad Católica incluyó el uso de carro lanza agua y gases lacrimógenos por lo cual se reportaron enfrentamientos con los jóvenes quienes fueron detenidos al azar y de manera arbitraria.

Entre las medidas más polémicas impulsadas por Kast se encuentra facultar al titular del Ejecutivo para declarar estados de excepción por hasta 240 días sin consultar al Congreso. Durante ese periodo, el presidente podría restringir los derechos de movimiento, reunión y asociación, así como interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones, además de confiscar bienes.

La otra propuesta, que ha sido denunciada por sus graves consecuencias para los DDHH, consiste en privar de atención médica y otros servicios provistos con dinero público a los condenados por crimen organizado o “terrorismo”. Este castigo se extendería 15 años después de que los presos hayan cumplido sus sentencias.

El régimen de coalición justifica tales disposiciones autoritarias y punitivistas con la necesidad de combatir la inseguridad y el narcotráfico, aduciendo que la naturaleza de los nuevos actores delictivos exige dotar al Estado de mayores capacidades y eliminar obstáculos burocráticos. En un nivel político, debe reconocerse que la sociedad chilena, tras varias campañas impulsadas por medios, redes y políticos, considera al fenómeno criminal como el principal problema del país y que eligió al actual gobierno movida, en buena parte, por las promesas de mano dura y populismo penal. Al mismo tiempo, la pretensión de pasar por encima del Legislativo y conculcar las garantías individuales es rechazada por 58 por ciento de los electores, de acuerdo con una encuesta reciente.

La prioridad otorgada a la seguridad pública contiene un elemento paradójico: de manera objetiva, Chile no sólo es uno de los países más seguros de América Latina, sino que además lleva tres años de reducción sostenida en delitos de alto impacto. Su tasa de homicidio es de 5,4 víctimas por 100 mil habitantes, en contraste con las 50 muertes violentas en el cercano Ecuador, 26 en Colombia, 19 en Brasil o 15,4 en México. Al igual que en nuestro país, esta lacra experimenta una tendencia decreciente, con una caída de más de 10 por ciento de 2024 a 2025, es decir, sin necesidad de desatar la violencia de Estado. El robo de vehículo y los robos con violencia o intimidación también registran disminuciones sustanciales.

Para entender que una problemática relativamente bajo control cobre tal intensidad en la percepción pública es preciso considerar la aparición de algunas bandas organizadas, nuevas modalidades de extorsión, la disputa armada entre pequeños distribuidores locales de drogas y el punto de comparación con la tranquilidad previa; pero también el papel de los partidos de derecha y los medios de comunicación que difundieron una narrativa de ingobernabilidad a fin de desestabilizar a la pasada administración encabezada por Gabriel Boric (2022-2026). Si a todo ello se suma la ineptitud de ese gobierno para procesar las demandas sociales en todos los ámbitos, y la sumisión, voluntaria o no, a los poderes establecidos, se comprende el actual giro hacia un régimen autoritario, represivo y poco dispuesto a respetar los DDHH.

La violenta e injustificada represión desplegada ayer sugiere que Kast usa los problemas de 'seguridad' como un pretexto para profundizar la criminalización de la protesta, el Estado policial y de vigilancia, la insolidaridad, la cerrazón institucional y otros males que Chile arrastra desde el pinochetismo.