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03/10/2017 :: Colombia, Colombia

Colombia: Cuando la Universidad Nacional tuvo un coronel de rector

x Miguel Ángel Beltrán
A propósito del sesquincentenario de la Universidad Nacional

El último número U.N. Periódico dedica una edición especial a la conmemoración del sesquicentenario de la Universidad Nacional (1867-2017). En su hagiográfica editorial el rector de la Universidad Ignacio Mantilla señala que "Durante 15 décadas, la Universidad Nacional de Colombia se ha abierto un camino para llegar a ocupar un lugar de liderazgo en la educación superior y en la investigación científica del país; hoy es un importante referente de calidad en estos campos. Pero sin duda lo más valioso es que nos hemos hecho merecedores del afecto y la confianza de la sociedad colombiana".

La presentación del rector Mantilla reviste especial interés no por lo que dice sino por sus innumerables silencios. Temas como la desfinanciación presupuestal de la universidad, las crecientes restricciones a su autonomía universitaria y la libertad de cátedra, la privatización de los posgrados, los reducidos espacios de democracia universitaria, la continua estigmatización de sus estudiantes y egresados en los medios masivos de comunicación, el preocupante deterioro de su espacio físico, brillan por su ausencia en este análisis construido sobre un vacío histórico, donde los grandes ausentes son los integrantes de la comunidad universitaria que, en diferentes coyunturas se han movilizado en defensa de la educación pública.

Entendemos que las fiestas conmemorativas constituyen, en la mal llamada "sociedad de la información", un espectáculo mediático cargado de escenificaciones que promueve imágenes y proyecta imaginarios. A decir verdad, no podría esperarse de la actual rectoría una celebración que trascendiera una mirada autocomplaciente. Sorprende un poco más, por sus autores, las mitografías que pueblan las páginas siguientes de esta edición (Vb.gr. "Universidad de la Nación y para la Nación Colombiana"; "[La U.N] Hito de la Modernidad"; "Aportes [de la U.N] a la Construcción de Paz en Colombia; "[La U.N] a la vanguardia del conocimiento" [La U.N] Centro Académico Líder del País"; "La Voluntad de Construir una Institución de Excelencia") (subrayado MAB)

Pareciera existir un deliberado interés de inducir emociones colectivas y de generar identidades institucionales, acorde con el nuevo paradigma empresarial de Universidad, donde los indicadores de productividad y excelencia se imponen sobre aquellos ideales humanistas y de generación de un pensamiento crítico que le fueron tan caros en un reciente pasado; acomodando, así, su razón de ser a un modelo "cientificista" basado en una pretendida separación del campo académico y político. No sin razón nos recuerda el historiador inglés Eric Hobswann que "las tradiciones que parecen o reclaman ser antiguas son a menudo bastante recientes en su origen, y a veces inventadas".

Para completar su montaje escénico, U.N Periódico reproduce en una de sus páginas la galería de los 43 rectores en propiedad que han guiado los destinos de la universidad, rindiendo -según reza una pequeña nota que acompaña el mosaico- un "homenaje público a aquellos intelectuales [todos hombres por supuesto] que han aceptado el reto de dirigir la Institución soportando las tensiones e intentando superar las dificultades surgidas en la construcción de una sociedad moderna y en paz". Consideración que deja de lado, claro está, sus particulares visiones de lo que en su momento concibieron como universidad; por cierto no siempre en un sentido pluralista y universal.

La observación cobra mayor importancia si partimos de recordar, los mecanismos antidemocráticos que han primado en la elección de los rectores, los cuales fueron repudiados hace ya casi un siglo en el Manifiesto de la Juventud Argentina de Córdoba a los Hombres Libres de Sud América (Manifiesto de Córdoba) reivindicando, la concreción de una verdadera democracia universitaria. Bandera que, cabe anotar, quedó plasmada en el Programa Mínimo de los Estudiantes Colombianos (1971), cuando se señaló la necesidad de constituir un Consejo de Dirección que refleje los intereses reales de la comunidad universitaria. Demanda que, valga anotar, conserva toda su plena vigencia hoy.

Quizás no exista en la historia de la Universidad Nacional un episodio que condense con mayor nitidez el abismo entre las aspiraciones de una real autonomía universitaria, y la presión por imponer una directriz gubernamental, como lo fue el nombramiento de un militar como rector, bajo el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957). Evento que luego fue reversado, gracias a la movilización estudiantil. Su presentación nos ofrece la oportunidad de desempolvar una página olvidada de esta historia, que infortunadamente conserva muchos elementos de continuidad con el presente, los cuales trataremos de analizar en las páginas siguientes.

Un anticomunista de viejo cuño asume la rectoría

Poco más de un año después del golpe militar del general Gustavo Rojas Pinilla (1953) con sus promesas de "paz, justicia y libertad para todos los colombianos" y transcurridas algunas semanas, de los luctuosos acontecimientos del 8 y 9 de junio de 1954, que cobraron la vida de 10 estudiantes a manos de efectivos del Batallón Colombia, fue designado como rector interino de la Universidad Nacional, el coronel Manuel Agudelo (Cfr. Decreto 2100 del 12 de julio de 1954) en reemplazo del abogado Abel Naranjo Villegas, quien venía desempeñándose como rector de la Universidad Nacional desde el 11 de junio de 1954.

El nombramiento fue dado a conocer por el ministro de educación Daniel Henao Henao, quien señaló que la destitución del rector se debía a su "incumplimiento de la decisión sobre apertura de tareas en la Universidad Nacional" [2] , fijada para el 10 de agosto, luego de los sangrientos hechos del 8 y 9 de junio. En realidad lo que había sucedido es que el rector saliente, haciendo uso de la autonomía universitaria, había autorizado a los decanos de la Facultad de Medicina y Derecho para que organizaran los cursos de último año y, así sus estudiantes pudieran ejercer pasantías en clínicas, o prácticas forenses, respectivamente.

Más allá de estos hechos, estaba el interés de fondo que tenía el gobierno militar de ejercer el control sobre la Universidad, y así lo puso de presente el mismo general Rojas en un discurso pronunciado pocos días después ante la Asociación de Aviadores Civiles "la razón principal -señalaba el general- para que un oficial de las fuerzas armadas hubiera ido a la Universidad Nacional es buscar una estrecha coordinación, una sincera cooperación entre el representante de las Fuerzas armadas en la Universidad Nacional y los jefes militares [...] para evitar que se presenten estos choques, absurdos y lamentables [se refiere a los hechos del 9 de junio]" [3]

La trayectoria del nuevo rector hablaba por sí misma. El coronel Agudelo había tenido una importante participación en el frustrado golpe del 10 de Julio en Pasto (1944), secundando al coronel Diógenes Gil. Su postura anticomunista quedaba plasmada en la citada entrevista donde señala: "la demagogia izquierdista-comunista está basada en la explotación interesada, como quiera que ella se vale de los inevitables y eternas miserias humanas para provocar las reacciones de los hombres [...] para exitar (sic) las masas, para llenarlas de odio, para conducirlas a la revuelta, para incitarlas al crimen, a la destrucción y a la muerte" [4]

En el momento de su nombramiento como rector, el coronel Agudelo ejercía el Ministerio de Correos y Telégrafos. Una cartera que años atrás había sido ocupada por el mismo general Rojas, su amigo personal, y desde donde se controlaban a las emisoras del país, así como a los radioaficionados que emitían programas críticos del gobierno [5] . Y aunque este Ministerio no tenía funciones en materia de censura de prensa, el coronel Agudelo era un ferviente defensor de la misma con la falacia de que ésta constituía "un medio de mantener la serenidad política, alejando de la mente popular el recuerdo fragoroso del pasado" [6]

En su discurso de posesión en la rectoría el oficial manifestó que "el gobierno está plenamente decidido a proteger y a ayudar a todos aquellos que dediquen su esfuerzo al exclusivo desempeño de su actual misión dentro de la Universidad....Pero también advirtió que el gobierno está igualmente decidido a impedir la intromisión de elementos extraños o subversivos dentro de la Universidad, ya que es un deber ineludible de las autoridades garantizar el ejercicio tranquilo de quienes anhelan proseguir serenamente la ambicionada y noble preparación profesional" [7] , llegando incluso a plantear que "para bien de la generalidad, no importa el sacrificio de quienes han delinquido" [8] .

Pocos días después de su designación como rector de la Universidad Nacional, amigos y copartidarios suyos, rindieron al coronel Manuel Agudelo, un entusiasta homenaje en el que rememoraron elogiosamente su participación en el golpe del 10 de julio, a la vez que exaltaron sus adscripciones políticas con eufóricas frases como "los conservadores descansan tranquilos porque en sus manos flota la bandera azul". El acto transmitido en directo por la Radiodifusora Nacional, fue comentado con preocupación por la gran prensa liberal, como una amenaza a la pretendida "neutralidad política" del gobierno militar.

Rojas PInilla y la supuesta "infiltración comunista" en la universidad

Las palabras y actuaciones del coronel Agudelo estaban en consonancia con los planteamientos anticomunistas que de tiempo atrás formulara Rojas Pinilla mucho antes de su ascenso al poder, y que adquirieron un cariz más nítido y sistemático bajo su gobierno, identificando en la protesta estudiantil, un preocupante foco subversivo: "Nadie puede desconocer -decía Rojas- que el caso de orden público estudiantil, es de especial importancia para el gobierno y que sería criminal que la vida de nuestra juventud estuviera en las manos de agitadores irresponsables que menosprecien los males que se causan a la Patria y las amarguras que llegan a numerosos hogares".

Esta tesis de la existencia de una "conspiración comunista" es incorporada como explicación oficial de los hechos del 8 y 9 de junio, momento en el cual -manifiesta el general Rojas Pinilla- "fue explotado y dirigido el ardor juvenil por unos pocos estudiantes reconocidos como extremistas exaltados, que astutamente distribuidos en las diferentes facultades y aleccionados por gentes extrañas, pusieron en marcha los planes cuidadosamente meditados para desquiciar el prestigio oficial e impedir que continuara fortaleciéndose la fe que el pueblo tiene en el gobierno de las fuerzas armadas".

Por su parte, el Ministro de guerra, el general Gustavo Berrío informó a través de los medios de comunicación sobre la detención de varios "agitadores comunistas", a quienes calificaba de "peces gordos"; entre ellos se encontraba el jurista Luis Carlos Pérez, el catedrático Juan Francisco Mújica, el ex rector de la Universidad Nacional Gerardo Molina, y el abogado de este mismo centro universitario, Alfonso Romero Buj. Este último ejercía sus funciones de juez municipal de Chiquinquirá y fue capturado en su oficina, recluido en la cárcel "La Picota" de Bogotá durante seis días y destituido luego de su cargo por el tribunal de Tunja.

Pocos meses después la Asamblea Nacional Constituyente (ANAC), declararía bajo el acto legislativo No. 6 de 1954, reformatorio de la Constitución Nacional, la proscripción de la "actividad política del comunismo internacional". Sumándose así, a las políticas de "Guerra Fría" del Presidente de los EEUU, Dwight Eisenhower (1953-1961). La prohibición se mantuvo, no obstante que el informe presentado a fines de ese mismo año por el investigador de los sucesos del 8 y 9 de junio, el ex magistrado Jorge Gutiérrez Gómez, puso de presente que "no hubo participación ni inspiración comunista como tampoco de ningún otro grupo enemigo del gobierno o de las Fuerzas Armadas" [9]

La FEC: en defensa de la autonomía universitaria

El inconsulto nombramiento del rector generó la reacción espontánea de los estudiantes y de un significativo sector del profesorado. Años después el coronel Agudelo narraba así su llegada a la campus universitario: "me gritaron hp, chafarote, los primíparos trataron de agredirme, pero los mayores dijeron, 'las manos purísimas de un estudiante no se ensucian con un cerdo miserable' [...] igual fue con los profesores. Cuando fui a hablar con ellos me recibieron con los pies encima de los escritorios, no dije nada y empecé a hablar lentamente, poco a poco fueron bajando las piernas, escuchando con atención" [10]

La destitución del filósofo y jurista Abel Naranjo y su reemplazo por el coronel Agudelo ocasionó la renuncia irrevocable del magistrado Carlos Arango Vélez, quien había sido designado por el gobierno como investigador especial de los hechos del 8 y 9 de junio. En su carta de renuncia el ex magistrado advertía que el nombramiento de un nuevo rector "suponía variaciones en las fuentes de información, que no podían menos de hacer inestable y más que inseguro el camino de la verdad", añadiendo que dicha investigación debería "pasar a un funcionario que comparta las ideas del gobierno" [11] .

Entre tanto, la directa intromisión de Rojas Pinilla en las decisiones universitarias, brindó la oportunidad para que la naciente Federación de Estudiantes Colombianos (FEC) se movilizara. En un manifiesto que circuló clandestinamente, los estudiantes expresaron su indignación por la destitución del rector Abel Naranjo Villegas y su sustitución por un "ciudadano absolutamente desvinculado de los medios universitarios", concluyendo que dicha designación "en nada difiere de la intromisión policial a la Ciudad Universitaria en la tarde del 8 de junio y de su trágico resultado, [lo que] demuestra violentamente la dolorosa crisis a que ha llegado la universidad por ser una institución dependiente del Gobierno y habérsele desconocido su autonomía" [12] .

De inmediato la Federación de Estudiantes Colombianos convocó a una jornada pacífica a partir del 15 de julio, consistente en la no asistencia a clases durante una semana en las universidades privadas y el no retorno de clases en la Universidad Nacional hasta tanto no fuera restituido de su cargo Abel Naranjo Villegas o se nombrara otro rector que "le devuelva al más importante centro universitario del país, su dignidad, y manifieste con hechos sus deseos de hacer de la Universidad Nacional un hogar de la libertad de la cultura". El comunicado estaba firmado por José Arizala, Fabio Lozano, Francisco Posada Díaz y Eduardo Suescún.

La respuesta del nuevo rector a la petición de los estudiantes, constituyó una confirmación del tratamiento represivo que en los años siguientes daría el gobierno militar al problema universitario. En un comunicado público, el coronel Agudelo anunció el aplazamiento indefinido del semestre académico en todas las facultades de la Universidad Nacional, advirtiendo incluso sobre la posibilidad de un cierre definitivo del período escolar en dicho año (1954). La crisis se extendió hasta el 4 de agosto cuando el Consejo Directivo Universitario designó como rector de la Universidad Nacional al Médico Jorge Vergara Delgado.

Previo a ello, el 21 de julio, en el Palacio de San Carlos se reunieron los directivos de la FEC con Rojas. Allí los voceros reiteraron su exigencia de reapertura de la universidad con un rector civil y manifestaron su disposición de levantar el paro si se cumplía esta exigencia. De acuerdo con un boletín de la oficina de Información y Prensa, los estudiantes se comprometieron a levantar el paro, y Rojas prometió estudiar una terna que presentaría al Consejo Directivo Universitario, para que éste procediera a la elección de un nuevo rector. La proximidad del 7 de agosto, fecha en la cual Rojas asumiría protocolariamente la primera magistratura precipitó esta decisión presidencial.

La protesta estudiantil, sirvió de canal para promover el debate en torno a la autonomía universitaria, que venía siendo menoscabada por los gobiernos conservadores que antecedieron al golpe militar. Recogiendo los postulados del Movimiento de Córdoba los dirigentes de la FEC planteaban que la autonomía pasaba por que "la universidad sólo debe ser dirigida por quienes están directamente interesados en su buena marcha y tienen capacidad para ello, es decir, profesores y estudiantes" [13] , y en ese sentido propugnaban por una autonomía académica, administrativa y financiera, esta última garantizada con un estable y adecuado presupuesto propio para atender sus necesidades, sobre la base de un auto gobierno de docentes y estudiantes [14] .

La protesta universitaria: "un problema de orden público"

Para el general Rojas Pinilla, la protesta universitaria era un asunto que debía recibir tratamiento de orden público. Así lo dejó consignado en su respuesta a la misiva del 19 de julio de 1954, donde acepta la renuncia del ex magistrado Carlos Arango Vélez. A su juicio, "primero debe resolverse el problema de orden público y luego el problema propiamente universitario y en la misma forma que el actual presidente de la República está interinamente en el palacio Presidencial para resolver el orden público nacional, el coronel Agudelo está interinamente en la Universidad para resolver el orden público universitario" [15] .

Los años siguientes ilustran la aplicación de este principio. Así, a propósito de la primera conmemoración de la masacre de estudiantes del 8 y 9 de junio, bajo la dictadura, y los 26 años del asesinato de Gustavo Bravo Pérez, fueron detenidos varios estudiantes de la Universidad Nacional y los Andes, por el hecho de distribuir un comunicado de la FEC donde se hacía un recordatorio de los universitarios caídos el año anterior; y aunque los cargos fueron retirados y suspendida la acción penal por orden del mismo presidente [16] , la arbitraria judicialización de estudiantes sería un mecanismo recurrente utilizado por el gobierno militar para acallar la protesta estudiantil

Durante este mismo aniversario varios estudiantes que intentaban conmemorar la muerte de sus compañeros en Bogotá, fueron dispersados y golpeados, dejando un saldo de tres personas lesionadas. Al mismo tiempo se impuso la prohibición de colocar flores en los sitios donde cayeron muertos los universitarios. Como si esto fuese poco, varios periódicos estudiantiles fueron clausurados entre ellos Voces Nuevas, U-235 y Nuevo Signo, en Medellín" "Por no haberse ajustado a las características para que fueron fundados" [17] .

Acciones similares se produjeron en 1956, cuando los universitarios del país se disponían a conmemorar un año más del asesinato de los estudiantes bajo la dictadura. La represión llegó a tal punto que incluso se prohibió la celebración de una ceremonia litúrgica en la ciudad de Medellín. Aun así, los estudiantes salieron a las calles a marchar, con un resultado de más de ochenta detenidos, a los que se les imputó el delito de asonada.

Represión sistemática y planificada contra la universidad

El nombramiento de un militar en la rectoría de la Universidad Nacional, y el asesinato de estudiantes, que tendría una dramática continuidad durante las llamadas "Jornadas de Mayo" las cuales dieron al traste con la dictadura, no fueron los únicos sucesos que caracterizaron la universidad bajo el mandato del general Rojas Pinilla. En este sentido, el balance del gobierno militar en el campo universitario supuso la generalización de una serie de prácticas dirigidas a despojar la universidad de su función crítica, incluyendo la reducción de su presupuesto que ya para 1955, había disminuido ostensiblemente en favor del Ministerio de Guerra.

Una de estas modalidades fue la infiltración de "estudiantes detectives" dirigidos por el Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC), al frente del cual se encontraba el coronel Luis E. Ordoñez, de modo tal que "Los soplones, espías o delatores constituyeron una de las legiones favoritas del régimen que concluyó el 10 de mayo. Por todas partes se extendía su sombra de oprobio, interviniendo por todos los medios en la vida privada de las personas, en sus actividades personales, en sus conversaciones, en sus reuniones sociales, en su correspondencia. La fuente de información del régimen no era la realidad nacional, clamante y angustiante, sino la abominable de los soplones" [18] .

La expulsión de estudiantes fue otra constante de la política universitaria bajo el régimen militar de Rojas. Así, a mediados de abril de 1955, algunos estudiantes de la Universidad Nacional fueron desvinculados de la misma, entre ellos Crispín Villazón Armas, presidente de la FEC. Como reacción a esta medida, que habría de generalizarse a otras universidades públicas del país, la Federación convocó a una huelga. [19] Voces como las de Eduardo Lemaitre, rector de la universidad de Cartagena pidieron al presidente de la República cerrar la Universidad Nacional con el fin de poner fin a esta "situación de desorden y agitación" [20] .

La persecución contra el estamento profesoral disidente no fue menor. Los ataques a la libertad de cátedra e investigación se multiplicaron. Jorge Cárdenas García, docente de la Universidad Nacional denunciaba actitudes como las del decano de la Facultad de Derecho, quien se oponía a que se impartieran conferencias y mesas redondas sobre diferentes temas, así como el nombramiento de profesores "por el solo hecho de desempeñar elevados cargos públicos, sin que por otra parte cumplan con los más elementales deberes de la docencia" [21] , primando en estos casos los criterios políticos sobre su idoneidad.

Al mismo tiempo el mencionado docente señalaba otras irregularidades como la presentación de exámenes "mediante procedimientos, contrarios a los estatutos de la Universidad, la aprobación de tesis de grado por quienes no cultivan la ciencia o la especialización sobre que versan, el ausentismo de muchos profesores y el exigir exámenes en cursos no hechos o que no alcanzaron a desarrollarse sino parcialmente" y citaba como ejemplo, el ausentismo del Ministro de Justicia Luis Caro Escallón quien había impartido sólo tres clases en seis meses.

Continuidad de una política

Sesenta años después de la caída de la dictadura de Rojas Pinilla, pervive en el imaginario colectivo, el relato oficial de las élites bipartidistas y de la gran prensa nacional que desde un principio trató de justificar su apoyo al golpe militar, calificándolo de "golpe de opinión" (Darío Echandía), "golpe providencial" (Emilio Robledo Uribe) o "golpe civil" (Gonzalo Canal Ramírez), borrando de la memoria histórica del país hechos incontrovertibles que permiten inferir como, alimentados por un contexto ideológico internacional de "guerra fría", se va construyendo con insumos nativos la idea de la existencia de un "enemigo interno", en la que se incluye a todo aquel que ejerce un pensamiento crítico.

El asesinato de universitarios, la eliminación de docentes de sus cátedras, la judicialización y encarcelamiento arbitrario de integrantes de la comunidad universitaria, la estigmatización de estudiantes críticos y egresados de la Universidad Nacional, así como de las universidades públicas en su conjunto, la infiltración de agentes de inteligencia, la invasión del campus universitario por la fuerza pública, no se distancia mucho de las políticas que aplicarían los gobiernos en las décadas siguientes.

Hoy, en medio de un escenario caracterizado por la firma del acuerdo suscrito en La Habana (Cuba) entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP (que en cumplimiento de lo pactado ha culminado su tránsito hacia su conversión en un partido legal) ; así como en el contexto de los diálogos que adelanta el ELN con el gobierno, en el vecino país del Ecuador, los cuales buscan afianzar horizontes para la construcción en Colombia de una paz estable y duradera, persiste la estigmatización mediática y los falsos positivos judiciales contra la comunidad universitaria.

Casos como el de los trece jóvenes falsamente involucrados en la activación de unos petardos en distintos puntos de Bogotá; o el de Mateo Gutiérrez a quien el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas señaló irresponsablemente de ser autor de al menos 10 atentados terroristas en Bogotá entre marzo de 2015 y octubre del 2016; así como el reciente caso de la aprehensión de varios profesionales y universitarios, encarcelados sin mayores pruebas por su supuesta participación en el atentado ocurrido en el Centro Comercial Andino de Bogotá, son ejemplos fehacientes de como en Colombia se sigue satanizando política, judicial y moralmente a quienes se atreven a pensar críticamente.

Todo esto con la actitud indiferente de sectores de la academia -cada vez más hegemónicos- que han visto en el escenario del "posconflicto" una oportunidad excepcional no sólo para ganar prestigio en el mercado de bienes simbólicos (incluso si nunca antes se interesaron por analizar el conflicto) sino, también, por la posibilidad de captar recursos ofertados por organismos financiadores internacionales o entes burocráticos nacionales que administran la investigación, sin importar que éstos les impongan sus temas, preguntas y metodologías. De ellos diría Canetti, que pertenecen a ese grupo de hombres "que después de la bomba atómica aún pueden decir objetivamente".

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Notas

Miguel Ángel Beltrán V., Profesor universitario. Ex preso político.

[2] "Rector de la Universidad el coronel Manuel Agudelo", en El Tiempo, Bogotá: julio 13 de 1954

[3] "Los hechos de la Semana". En Sábado, Bogotá: Julio 17 de 1954, p. 2

[4] "Reportaje con el Teniente-Coronel Agudelo Ministro de Comunicaciones". En Sábado: Semanario al servicio de la cultura y de democracia en América Latina, Bogotá: Julio 15 de 1953, p. 9

[5] Silvia Galvis y Alberto Donadío. El Jefe Supremo. Rojas Pinilla y la violencia en el poder. Bogotá: Planeta, 1988, p. 204

[6] "Reportaje con el Teniente-Coronel Agudelo Ministro de Comunicaciones". En Sábado: Semanario al servicio de la cultura y de democracia en América Latina, Julio 15 de 1953, p. 5.

[7] "Rector de la Universidad el coronel Manuel Agudelo", en El Tiempo, Bogotá: julio 13 de 1954.

[8] Ibid.

[9] Silvia Galvis y Alberto Donadio, Op. Cit., p. 379. Según versiones del Comandante General de las Fuerzas Armadas, Brigadier General Duarte Blum, ese día, entre los infiltrados en las filas universitarias había no solamente había comunistas sino también seguidores del presidente depuesto Laureano Gómez.

[10] Ibid., p. 377, pie de página.

[11] "La Respuesta a Arango Vélez. El Presidente Pide a la Corte Candidato para Investigador" en El Tiempo, Bogotá: julio 20 de 1954. su renuncia suponía también su retiro como magistrado interino de la corte Suprema y miembro de la comisión asesora del ministro de relaciones exteriores.

[12] "Condiciones para dirigir la Universidad" [Julio 14 de 1954] en La Generación de Medio Siglo. Bogotá: Nuevo Signo, 1955, p. 69 y 70.

[13] Ibid., p. 72.

[14] Ibid., p. 72

[15] "La Respuesta a Arango Vélez. El Presidente Pide a la Corte Candidato para Investigador" en El Tiempo, Bogotá: julio 20 de 1954. (La carta de respuesta está fechada 19 de julio de 1954)

[16] "Por orden del Presidente quedaron en libertad los Estudiantes Presos", en El Tiempo, Bogotá: junio 15 de 1955.

[17] Abelardo Londoño Marín y Flavio Correa Restrepo. Soldados sin Coraza, Medellín: Bedout, 1957, p. 82

[18] Intermedio, Bogotá: mayo 18 de 1957

[19] Manuel Ruiz Montealegre. Sueños y Realidades. Procesos de organización estudiantil 1954-1966, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2002, p. 64.

[20] Diario de Colombia, 22 de mayo de 1955, editorial

[21] "Nuevas Declaraciones sobre Crisis en la Universidad hace Cárdenas" en Intermedio, Bogotá: febrero 22 de 1956.

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