Uruguay: Ofensiva del gobierno contra los trabajadores

En uno de los últimos días del año y sobre la medianoche, el gobierno emitió un decreto sancionando la formación de una sociedad (regida por el Derecho privado) entre AFE (51% del paquete accionario) y la CND (Corporación Nacional para el Desarrollo, 49% ídem) para la explotación y desarrollo en los próximos años de los servicios ferroviarios, sobre todo de carga. Mucho es lo que está en juego aquí

En primer lugar, los derechos a la estabilidad laboral de los trabajadores ferroviarios, con la eliminación de las garantías al respecto, derivadas de su inclusión futura en la órbita del llamado Derecho privado. Ello solo de por sí, hubiera ameritado una reacción contundente del movimiento sindical uruguayo.

En lugar de esto, la mayoría del PIT-CNT ha decidido una vez mas y en actitud cómplice “hacer la plancha” manifestando que van a someter el decreto a “estudios jurídicos” para ver si contiene elementos que promuevan una futura privatización de AFE” (¿!!)

Como si el ataque a los derechos de los trabajadores no importara y pasando por alto que este es el mismo proyecto que ya había presentado el gobierno en un inicio a la Unión Ferroviaria y había sido rechazado por la Mesa Representativa del propio PIT-CNT.

Los sectores conciliadores pro oficialistas llegan al ridículo de contradecir con su postura de hoy, lo que ayer condenaron, con tal de prolongar su silencio e inacción.

La misma actitud que tuvieron cuando se aprobó la ley de Contratos de Participación Público- privados (PPP), declarándose satisfechos con la promesa de Mujica de que no se iba a utilizar dicha ley privatizadora para afectar el patrimonio de las Empresas Publicas.

Dicha ley pone al Estado al virtual servicio y garantía de los negocios de las multinacionales en todo el terreno de la infraestructura, tales como obras portuarias, aeropuertos, carreteras, construcción de escuelas, cárceles, etc. con contratos de cesión prolongada de dichos bienes para que las mismas lucren con los mismos, incluso asegurándoles un ingreso mínimo, la garantía del propio Estado a la financiación de la inversión, etc.

Todo esto parece no importarles o quitarles el sueño a dichos sectores sindicales, que se han transformado desde hace mucho tiempo en el furgón de cola del gobierno y asumido conscientemente el rol de amortiguador de todo desarrollo de la lucha de clases en el campo sindical.

No olvidemos además que de aquí al 2015 está prevista la posibilidad de llegar hasta los 4-5 millones de toneladas, transportadas en ferrocarril, ahorrando combustible y grandes gastos de mantenimiento carretero.

Pero, claro, para poner dicha capacidad al servicio de la forestación, de los grandes arroceros, transporte de combustible y cemento, incluidas las plantas privadas que ya están y las que se establezcan en el futuro.

En estos últimos días asistimos a una ofensiva gubernativa y mediática contra los trabajadores de la Banca oficial, con motivo de las medidas llevadas adelante por los mismos y que afectan los cajeros de la zona costera adyacente a Punta del Este y la operativa del clearing de cheques.

Sin el más mínimo conocimiento del peso económico real del conflicto en las arcas del BROU ( que es insignificante pues los Bancos Públicos ganaron en este año 240 millones de dólares y el mantenimiento de la Escala de corrimiento automático-la llamada GEPU- implica menos de 1 millón de dólares) periodistas irresponsables y adictos al poder de turno( siempre que este esté al servicio de los poderosos) han atacado a los trabajadores, culpando a los “sectores radicales” de intransigencia y responsabilizándolos del hecho objetivo de que estas medidas de lucha han sido avaladas por la inmensa mayoría de los participantes en las dos últimas y masivas asambleas realizadas.

Así, el diputado por el MPP Aníbal Pereyra declaro que estos trabajadores se comportan como “capitalistas” “solo les importa defender lo suyo y no lo de los demás trabajadores”.

Este personaje forma parte de una elite cuyos astronómicos sueldos superan en varias veces el de los trabajadores bancarios, con la diferencia además de que están ahí, para representar, no los intereses del pueblo que los voto, sino los del capital financiero y las multinacionales, a las que les han abierto las puertas.

Por ejemplo, cuando votan sin chistar, leyes como la PPP No cabe duda entonces, que el objetivo de la obstinación del gobierno con relación a la eliminación o modificación drástica de la GEPU, es la de darle un escarmiento al conjunto del gremio bancario y por su intermedio, un mensaje amenazante a todo otro sindicato que quiera seguir su ejemplo en este 2012 La raíz de este conflicto del lado del gobierno no es económica, es POLÍTICA Hay que matar de raíz toda posibilidad de lucha autónoma, independiente, no controlada por la burocracia dominante en el movimiento sindical.

Quitarle oxigeno a los sectores clasistas organizados recientemente en el Movimiento Por la Independencia de Clase, para seguir así manteniendo un férreo control del movimiento sindical y también al Encuentro de Trabajadores, que defiende similares principios.

El gobierno debe tener a esta altura aun más claro que nosotros ( por los datos que privilegiadamente maneja) cuales son los límites del proceso de crecimiento económico ininterrumpido que ha tenido el país desde el 2003.

Todos sabemos que este ciclo, que se basa en factores casi exclusivamente externos, en algún momento se va acabar y por las dudas y como todo gobierno burgués, se apresta a ir recortando paulatinamente lo que los trabajadores obtuvieron ( con o sin lucha) en los momentos de auge capitalista.

Es en esta perspectiva de fondo, que tenemos que situar la lucha de los trabajadores bancarios estatales, los nucleados en COFE, UTHC y también los ferroviarios.

En este enfrentamiento el gobierno cuenta con los sectores oficialistas que dominan a nivel de AEBU banca privada; gracias a ellos se cargaron las redes de cajeros privados, hasta un 30% mas, en la zona turística Este del país, quitándole impacto a una de las medidas tomadas, en una clara complicidad con la patronal y el gobierno.

Hay que ir creando las bases para el desarrollo de la solidaridad activa con todas las luchas obreras y populares y en particular, con aquellas que se conduzcan sobre la base de un real principio de independencia de clase.

El 2012 debe ser un año decisivo en la forja de la organización y unidad de los luchadores clasistas y para la creación de alternativas reales de izquierda, en lo social y político.